Revista Chilena de Derecho Privado
- Editorial:
- Universidad Diego Portales
- Fecha publicación:
- 2016-10-13
- ISBN:
- 0718-0233
Número de Revista
- Núm. 39, Diciembre 2022
- Núm. 38, Julio 2022
- Núm. 37, Diciembre 2021
- Núm. Octubre-2021, Octubre 2021
- Núm. 36, Julio 2021
- Núm. 35, Diciembre 2020
- Núm. 34, Julio 2020
- Núm. 33, Diciembre 2019
- Núm. 32, Julio 2019
- Núm. 31, Diciembre 2018
- Núm. 30, Julio 2018
- Núm. 29, Diciembre 2017
- Núm. 28, Julio 2017
- Núm. 27, Diciembre 2016
- Núm. 26, Julio 2016
- Núm. 25, Diciembre 2015
- Núm. 24, Julio 2015
- Núm. 23, Diciembre 2014
- Núm. 22, Julio 2014
- Núm. 21, Diciembre 2013
Últimos documentos
- Revisión de algunos aspectos procesales en torno a la defensa del ejecutado y la oponibilidad de excepciones en el procedimiento ejecutivo de cobro de facturas
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Corte Suprema, con fecha 22 septiembre de 2022, en la causa rol n.° 20112-2019, caratulada Lo- gros Factoring Spa con Ilustre Municipalidad de Valparaíso, referida a la defensa del ejecutado a través de las excepciones, su relación con la gestión preparatoria de la vía ejecutiva cuando el título ejecutivo es una factura y la oponibilidad de las excepciones en relación con el ejecutante.
- Imputación en el abandono del procedimiento e interpretación de sus normas
El trabajo analiza una sentencia pronunciada por la Corte Suprema en que el voto de mayoría, con ocasión de un recurso de casación en el fondo, calificó la notificación de la resolución que recibió la causa a prueba a una sola de las partes, como una gestión útil y apta para interrumpir el plazo de seis meses del art. 152 del Código de Procedimiento Civil que regula el abandono del proce- dimiento. En particular, se examinan los argumentos esgrimidos por el voto de mayoría, cuestionando: i) La invocación del principio pro actione como un motivo para interpretar restrictivamente las normas del abandono del proce- dimiento; ii) El empleo del criterio de supresión hipotética, en el análisis sobre la utilidad de una gestión; iii) El entendimiento de que un mayor número de partes en un proceso, representa una razón para sostener que no existe una exigencia legal de notificar a todas las partes la interlocutoria de prueba en un plazo de seis meses. Asimismo, se analizan las consecuencias que conllevaría sustentar la posición del voto de mayoría.
- Helena Díez García (2022). Contratos incompletos y acuerdos suficientes. Pamplona: Editorial Aranzadi, 456 pp.
- Derecho de relación del niño con personas distintas de sus progenitores, en especial, con sus abuelos
Tomando como caso de estudio el amplio derecho de relación del niño –con- sagrado en instrumentos internacionales– con personas distintas de sus pro- genitores, se analizan sus fundamentos y caracteres, así como las formas en que es abordado por distintos ordenamientos jurídicos para, luego, contras- tar la estrecha legislación chilena con resoluciones de los últimos años de los tribunales superiores de justicia, que lentamente abren la puerta a la recepción de concepciones modernas basadas en el interés y beneficio del niño; interés que construyen, para estos casos, sobre la base de los afectos creados y mantenidos en el tiempo, con toda la complejidad o cuestiona- miento que pueda tener su ponderación.
- Acción colectiva de acreedores frente a los costos de externalidad y obstrucción
Este artículo busca relacionar dos temáticas que son relevantes para entender las alternativas procesales que surgen en la acción colectiva de los acreedores cuando se enfrentan los distintos acreedores persiguiendo el pago de sus acreencias respecto del patrimonio del deudor común. Al respecto, la legislación contempla distintas vías para encausar esa acción colectiva. Sin embargo, en el contexto de lo anterior, surgen dos clases de costos que afectan la obtención de un resultado eficiente, entendiendo por tal el escenario que minimiza los costos que asumen acreedores, deudor y el sistema de justicia para alcanzar un destino adecuado de los recursos del deudor. Se trata de los costos de externalidad y obstrucción. La forma en que aparecen esos costos en la legislación chilena y ciertas propuestas de solución, serán la materia principal de análisis en este trabajo.
- La curaduría del demente interdicto por parte de su cónyuge o conviviente civil. Una lectura de los arts. 462 y 503 del Código Civil chileno
- Fuerza que vicia el consentimiento. Una relectura desde los estándares de decisión
Este artículo aborda el problema de la falta de operatividad de los arts. 1456 y 1457 del CC, que regulan la fuerza como vicio del consentimiento. Luego de analizar la posición dominante en la dogmática, se propone revisar en especial el art. 1456, desde la perspectiva de que consta de dos partes. La pri- mera corresponde a una regla que dirime la concurrencia o no de la fuerza, asumiendo una valoración de los potenciales casos en abstracto (las re- acciones a considerar serían las propias de una persona razonable). La segunda, se hace cargo de los casos de penumbra que subsisten del primer análisis: para ello es reconstruido como un estándar que facilita la toma de decisiones acorde con una evaluación de semejanzas o diferencias respecto de dos casos que serían modelos de concurrencia o de ausencia del vicio del consentimiento. Esta aproximación asume las dificultades de la prueba de las emociones, pero no exime de una carga relevante de justificación del punto de vista que se adopte.
- La autorregulación adoptada en Chile como instrumento de mejora del buen gobierno corporativo societario: análisis crítico y desafíos pendientes
Chile ha seguido los lineamientos de la OCDE en lo que respecta al BGC, modificando parcialmente su normativa e impulsando procesos de “auto- rregulación”. El diseño e implementación de esta última ha estado a cargo del organismo regulador (SVS/CMF), que ha dictado distintas NCG (341 en 2012; 385 y 386 en 2015 y 461 en 2021). Los resultados, hasta ahora, han evidenciado el fracaso de estas herramientas, con la excepción de la 461, cu- yos productos solo se podrán visualizar a partir de 2023. Esto permite inferir la existencia de un problema, analizar sus razones y efectuar una propuesta de mejora, considerando los desafíos pendientes. El presente artículo presenta un análisis jurídico de esta materia, sin dejar de mencionar los aspectos económicos relacionados.
- Arrendamiento de oficinas y locales comerciales, pandemia y remissio mercedis
Este comentario analiza una reciente sentencia que aplica el art. 1932 del CC a la pandemia del coronavirus, la que califica como un “vicio jurídico” que eximiría al arrendatario del pago de la renta. Se comentan especialmente los criterios para subsumir la pandemia bajo esta norma, así como el hecho de que se eximiera al arrendatario del pago del total de la renta y se le reconociera la posibilidad de suspender su pago mientras durasen las restricciones al goce de la cosa.
- La ineficacia aplicable a los actos realizados por el mandatario cuyo mandato expiró y la protección de los terceros de buena fe
El presente comentario revisa una sentencia emitida por la Corte Suprema en la cual se discutió acerca del tipo de ineficacia aplicable a los actos realizados por el mandatario cuyo mandato ha expirado, concluyendo aquella sentencia que correspondía declarar la nulidad absoluta por falta de voluntad y no la inoponibilidad de los actos. Al mismo tiempo, analiza la omisión que realiza la sentencia respecto de aplicar la protección que el art. 2173 del CC otorga a los terceros de buena fe. Finalmente contiene algunas proyecciones sobre el lugar que ocupa la nulidad y la inoponibilidad dentro de una teoría general de la ineficacia de los actos y/o contratos.
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El presente trabajo tiene por finalidad abordar la autonomía de la indemnización de daños por incumplimiento contractual en la jurisprudencia nacional reciente, analizando, sistematizando y determinando la pertinencia de las premisas o argumentos que han invocado los tribunales nacionales para...
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El presente trabajo tiene por finalidad exponer la creciente acogida que ha tenido la doctrina de los actos propios en los fallos de nuestros tribunales; lo que la ha transformado, sin duda, en una tendencia jurisprudencial. Sin embargo, este explosivo uso de la institución ha sido realizado de...
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La buena fe contractual tiene la forma de una cláusula general cuya aplicación presupone delegar en el juez la tarea de definir en concreto los deberes de comportamiento o efectos jurídicos que se derivan de la misma y que constituyen el contenido implícito del contrato. Para realizar esa tarea el...
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