Análisis de técnica legislativa en el ámbito penal
| Autor | María Magdalena Ossandón Widow |
| Páginas | 38-39 |
LA FORM ULACIÓN DE TIP OS PENALES
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debe extraer como consecuencia que el precepto “reclama razones
de alguna calidad, que resulten, por lo pronto, consistentes con la
realidad objetiva y sean obedientes, en todo caso, a las reglas impla-
cables de la lógica, ya que ambas cosas están más allá y por encima
de cualquier poder público, Legislador incluido”47.
IV. ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISL ATIVA EN EL ÁMBITO
PENAL
21. De lo expuesto, puede concluirse que en la técnica legislativa,
cuyo objetivo es la optimización en la redacción del texto normativo,
el aspecto formal resulta esencial y puede estudiarse en un sentido
depurado, con independencia del contenido material de la norma.
Pero, por otra parte, es innegable que la forma de una disposición
jurídica no resulta absolutamente independiente de su contenido
–la forma no existe por sí sola, sino en función de la norma que
contiene–, por lo que al prescindir del mismo no se ha dicho todo
sobre técnica legislativa. Ello conduce a que en los diferentes secto-
res del ordenamiento jurídico puedan plantearse consideraciones
técnico-legislativas de diversa índole.
22. Constatar esta diversidad es lo que confiere sentido y jus-
tifica un estudio de técnica legislativa enfocado exclusivamente al
ámbito penal, que responda a los fines, función y forma de actuación
de la ley penal. Porque la redacción de cada precepto penal debe
responder a una racionalidad específica, que por más técnica que
sea no puede desatender su sustrato valorativo, que es el que nutre
y desarrolla cada una de las decisiones legislativas concretas, tanto
en el fondo como en la forma.
23. Por lo demás, en Derecho penal la preocupación por las
formas adquiere una dimensión especial. Dada la vigencia de un
principio estricto de legalidad, ellas cumplen un papel esencial en
la regulación. A este respecto, cabe destacar que las cuestiones de
47
FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, De la arbitrariedad del legislador, Madrid, 1998,
p. 97, y añade que sólo entonces “podrá afirmarse que una decisión, cualquiera
que sea su origen, escapa a la prohibición general de arbitrariedad de los poderes
públicos que la Constitución tan solemnemente proclama”.
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