El complot de Colliguay
| Autor | Eduardo Novoa Monreal |
| Páginas | 25-53 |
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El miércoles 22 de agosto de 1951, en la tarde, tuvo lugar en Santiago
una manifestación política callejera denominada “Marcha del Hambre”,
convocada por entidades sindicales y organizaciones populares para
protestar por el deterioro económico de los más desposeídos y por la
errónea conducción gubernativa de la economía nacional; ella reunió a
varios miles de personas. Entre los oradores de este acto, que comenzó
frente a la Casa Central de la Universidad de Chile y concluyó en la
plaza Artesanos, se hallaban el dirigente comunista Domiciano Soto
y el diputado socialista popular Edgardo Maass, entonces a cargo de
la Federación Bancaria y Secretario General del Comando Nacional
contra las Alzas y la Especulación. El discurso de este último fue parti-
cularmente violento, pues afirmó que ante el repudio expresado por
el pueblo, el Presidente de la República, al cual calificó de “traidor”,
debía abandonar el poder. Posteriormente se dijo que este discurso
de Maass no estaba previsto por los organizadores del acto.
Hay que recordar que el entonces Presidente de la República,
Gabriel González Videla, había asumido sus funciones a fines de 1946
y debía entregar el mando en poco más de un año, en noviembre de
1952. González Videla repudió el apoyo del Partido Comunista y obtuvo
del Congreso la aprobación de una reforma de la Ley de Seguridad
Interior del Estado destinada a proscribir de la vida pública nacional a
los militantes del Partido Comunista. Dicha ley empezó a denominarse
desde entonces Ley de Defensa Permanente de la Democracia, como
designación oficial o “Ley Maldita” para la oposición. Ya se anuncia-
ba la candidatura presidencial del general Carlos Ibáñez, el cual, en
la posterior elección de 1952, iba a arrasar con los partidos políticos
históricos en un inesperado triunfo.
Al día siguiente de la Marcha del Hambre, una noticia rápidamente
difundida conmovió al país: en la madrugada del día 23, agentes de
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EL COMPLOT DE COLLIGUAY
O los inconvenientes de jugar a la rayuela
GRA NDES PROCES OS
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Investigaciones habían ido a detener a Soto y a Maass a sus respectivos
domicilios y nada se sabía de su suerte posterior, pues la Dirección
General de Investigaciones negaba toda intervención de su personal en
el asunto. Un ambiente de tensión y de grave efervescencia comenzó a
dominar, cada minuto con mayor fuerza, en las organizaciones sociales
chilenas. El Gobierno insistía en que no había adoptado medida alguna
en contra de los desaparecidos; pero el ambiente público, especial-
mente las organizaciones sindicales, no le daban crédito y le exigían
su reaparición con vida, atribuyéndolo todo a un abuso gubernativo.
Los influyentes sindicatos bancarios, con el apoyo de otros sindica-
tos y de toda clase de agrupaciones populares, empezaron a adoptar
variadas medidas para conocer el paradero de Soto y de Maass. Se llegó
hasta a ofrecer una recompensa de 200.000 pesos a quien diera una
información que permitiera dar con el paradero de los secuestrados. El
presidente González Videla, profundamente inquieto por esos hechos,
en los que él descartaba cualquier injerencia de las dependencias del
Estado, propició también el ofrecimiento por parte del Gobierno de
otra recompensa. El clima de sobresalto y desconfianza se acentuaba
a medida que pasaban los días sin noticias de los desaparecidos.
El domingo 26 fueron encontrados. Un señor de apellido Canessa,
que acostumbraba a salir de caza los días festivos, incursionó cerca
de unas minas abandonadas situadas en un lugar muy aislado de la
provincia de Valparaíso, denominado Colliguay, y divisó allí, desde
alguna distancia, a un grupo de sujetos, visiblemente extraños a lugar
tan apartado, por sus actitudes y vestimentas, que se hallaban jugando
a la rayuela. Sin olvidar que había recompensa ofrecida, se dirigió a
Carabineros y denunció lo que había descubierto. Un grupo policial
al mando de varios oficiales llegó, entonces, hasta Colliguay, rescató a
Maass y a Soto y apresó a Carlos Fellemberg, quien apareció como su
custodio armado. La tensión pública cedió de inmediato.
El Gobierno, satisfecho por el hallazgo que hacía cesar un estado de
opinión pública que había puesto a prueba su solidez, pidió al Consejo
de Defensa del Estado que, en conformidad con la legislación vigente,
designara un abogado que velara por el pleno esclarecimiento de lo
sucedido y obrara en defensa de las instituciones en el proceso criminal
correspondiente. La designación recayó en mí. Por su parte, la Corte
de Apelaciones designó Ministro en Visita para hacerse cargo del su-
mario; le correspondió actuar como tal a José María Eyzaguirre E.
El relato de Canessa y lo comprobado por la policía desataron se-
rias dudas acerca de la efectividad de un secuestro. Por el contrario,
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