Conclusiones y propuestas
| Autor | María Cristina Tupper C. |
| Cargo | Ingeniero comercial con mención en Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña como investigadora del Programa Social de LyD |
| Páginas | 15-16 |
Libertad y Desarrollo
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a evolucin que ha experimentado nuestro sistema
educativo durante los ltimos 10 aos, a travs de
un considerable aumento de los recursos invertidos
y de una modernización de la institucionalidad
que los sustenta, nos ha permitido avanzar hacia mayores
estndares de calidad y transparencia. Sin embargo, la falta
de consideración de las realidades locales y la tendencia
controladora propia del gobierno central son elementos que
han influido fuertemente en la forma en que los cambios se
han llevado a la prctica.
Al analizar las causas de sobrecarga administrativa que los
directivos y sostenedores mencionan, queda en evidencia que
los cambios han sido impulsados desde arriba hacia abajo de
manera algo forzada, sin que se preparara adecuadamente a los
establecimientos para implementarlos y sin buscar en ellos un
aliado en la transformacin del sistema. En lugar de reconocer
que quienes trabajan da a da en los establecimientos son
quienes mejor conocen las necesidades de sus alumnos, se
opta por controlar centralizadamente lo ms posible el uso que
se da a los recursos, a pesar del enorme esfuerzo en trminos
administrativos que esto signica.
Como resultado, hoy se observa una cantidad preocupante
de restricciones y exigencias hacia los establecimientos
subvencionados, lo que se ha traducido en un importante
aumento de los recursos destinados a cumplir con
estas tareas, en desmedro de las funciones propiamente
pedaggicas.
Esto no quiere decir que los cambios impulsados no
fueran necesarios. Por el contrario, el aumento de recursos
disponibles para los alumnos ms vulnerables, la elaboracin
de estndares de calidad a los que los colegios pudieran
apuntar, la medicin de otros indicadores de la calidad que
fueran ms all del mbito acadmico, entre muchos otros
cambios, eran urgentes de llevar a cabo. Sin embargo, la
forma en que las reformas se han ido implementando han
tenido como consecuencia que sostenedores, directores
y profesores presten cada vez ms atencin a labores
administrativas en desmedro de sus labores pedaggicas, lo
que requiere ser revertido cuanto antes.
L
4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Como se mostr ms arriba, el problema de la sobrecarga
administrativa en los establecimientos educacionales tiene su
origen en multiples fuentes, por lo que no existe una sola medida
que permita resolverlo. Solucionarlo necesariamente requerir
de un conjunto de medidas que aborden las debilidades que
hoy enfrentan los establecimientos educacionales en el mbito
administrativo, pero que por sobre todo permitan adecuar los
procesos y requerimientos a la realidad de las escuelas.
A continuacin se proponen algunas medidas para avanzar
en esta dirección:
1. Flexibilizar el uso de los recursos: como se
argument, un sistema de nanciamiento donde cada
fuente de ingresos est asociada a un objetivo tiene
consecuencias prcticas que lo hacen muy ineciente.
Por otro lado, existe abundante literatura que respalda
la tesis de que la autonoma es uno de los elementos
esenciales para el xito de las escuelas. Finalmente,
se tiene que con la promulgacin de la ley 20.845
se prohibe a los sostenedores de establecimientos
educacionales retirar utilidades, por lo que restringir
el uso de recursos ya no tiene mucho sentido. En la
prctica, a travs de la restriccin del uso de los recursos
lo que se est haciendo es permitir que sea el Estado el
que tome las decisiones de gasto e inversin por sobre
los sostenedores y directivos, que son quienes mejor
conocen a sus comunidades educativas y quienes
tienen los mayores incentivos a mejorar la calidad de la
educacin que sus alumnos reciben.
Especcamente se propone que todas las subvenciones
puedan ser utilizadas para nanciar cualquier tipo de
gasto que no corresponda a un retiro de utilidades y que
est adecuadamente respaldado.
Una alternativa a esta propuesta sera cambiar la lgica
de establecer los gastos permitidos, por una en que
se determine qu gastos no son permitidos y en qu
circunstancias. Esto reducira de forma importante la
actual complejidad involucrada en el control de los gastos
y la incertidumbre que enfrentan directivos y sostenedores
al no tener claridad sobre los gastos que sern aprobados.
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