Constitucionalismo y Umbral Democrático en Chile: Hacia una Nueva Teoría Constitucional - Núm. 13-1, Enero 2007 - Ius et praxis - Libros y Revistas - VLEX 43284907

Constitucionalismo y Umbral Democrático en Chile: Hacia una Nueva Teoría Constitucional

AutorKamel Cazor Aliste
CargoDoctor en Derecho, Profesor Asociado de Derecho Constitucional, Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo, e-mail: cazor@ucn.cl

    Este trabajo forma parte del Proyecto Fondecyt N° 1050378 (2005-2006) titulado "El desarrollo democrático de la sociedad chilena a la luz de la articulación entre democracia política y democracia constitucional", del que su autor es investigador principal.


    Artículo recibido el 12 de marzo de 2007, y aprobado el 3 de abril de 2007.


I Contexto del estudio

En el presente trabajo, se busca indagar cómo la relación entre constitucionalismo y democracia se ha ido desarrollando durante nuestra vida republicana, especialmente como se plasma en el día de hoy. Cuestión esencial, a fin de comprender, en el contexto del Estado constitucional en vigor, nuestro actual umbral de expansión democrática. Donde hay que desentrañar, como principal asunto, si existe o no brecha entre el grado de desarrollo democrático y el marco normativo constitucional, y qué consecuencias traería ello en la eficacia y legitimidad de este último.

El tema del desarrollo democrático chileno no ha sido tratado con la debida profundidad, especialmente desde la perspectiva de la ciencia jurídica. Existen trabajos destacados en otras disciplinas, tales como, la sociología, la ciencia política o la historia, por ello recurriremos -sin perder de vista la perspectiva jurídica- a algunas indagaciones de estas ciencias1. Sin perjuicio de acudir, en lo pertinente al asunto que se investiga, a la extensa doctrina comparada existente en torno a la teoría democrática, en general, y la teoría constitucional de la democracia, en particular.

Se comenzará haciendo un repaso al modo en que ha interactuado la democracia política con la democracia constitucional en nuestro país, particularmente enfocado al denominado "mito democrático chileno". Para luego remitirnos a la doctrina comparada, con el objeto de abordar la noción del constitucionalismo, cuya proyección es analizar lo relativo al grado de expansión democrática en Chile en el contexto del Estado constitucional en vigor.

Por último, se expondrán las principales conclusiones del trabajo.

II Democracia política y democracia constitucional: ¿ha sido un mito la democracia chilena?

A lo largo de la historia de Chile, la vinculación entre constitucionalismo y democracia ha estado trazada por dos parámetros claramente definidos. Por un lado, se parte de una ficción constitucional fundada -según su tradición republicana- en Cartas Fundamentales (Constituciones de 1833, 1925 y 1980) que aparecen como cristalizadoras del poder constituyente democrático (no obstante, que en la práctica se ha traducido en actos de imposición del poder constituido vigente, contrariando el principio de legitimación externa de las Cartas), expandiendo su supremacía, con plena eficacia normativa, a todos los poderes públicos y los ciudadanos. Y, por otro lado, con íntegra conciencia de dicha ficción, se adhiere asimismo -motivado muchas veces por una finalidad ordenadora- a un determinado realismo jurídico-político, encarnado, como un "hecho dado", por la respectiva Carta Fundamental en ese momento en vigor, actuando "como si" las circunstancias normativo-constitucionales respondieran a un parámetro de legitimidad suficiente, que, de este peculiar modo, dicha ficción inicial cubriera su suprema fuerza normativa. Con ello se ha instaurado en nuestro país, con especial arraigo, la costumbre de esperar que la eficacia de la Carta en el tiempo -tarde o temprano- la legitimará, con lo que expresamente se obvia la distinción, que existe en la teoría constitucional, entre validez (eficacia) y legitimidad. Así, por ejemplo, la Carta de 1925 que inicialmente la mayoría de los actores políticos y sociales consideraba ilegítima2, posteriormente fueron aceptando su eficacia y el orden institucional que ella establecía; esto no fue un hecho espontáneo, sino fruto de la labor del presidente Arturo Alessandri, quien centró los esfuerzos en lograr la legitimación constitucional a fin de conseguir pacificar la sociedad y, al mismo tiempo, lograr gobernabilidad y procurar estabilidad política, asunto vinculado con la tradicional -y muy enraizada- demanda por un gobierno fuerte y con capacidad suficiente para imponer orden y disciplinar a la sociedad civil3.

El punto de partida de tal postulado, habría que situarlo ya desde el período de independencia, cuando comienza a tener vigor en Chile, en términos weberianos, un estilo de autoridad "legal racional", en donde dicho patrón de autoridad ha ocupado ¡a falta de contenido valórico de la sociedad, especialmente aquellos que se vinculan con la democracia. Por ello, el problema "estriba en que a falta de un conjunto de valores claramente definidos, que se relacionen con la democracia, es difícil determinar cuál mezcla de valores es la correcta, con el resultado de que surge una tentación efectiva de entregarse a un razonamiento circular: si determinado régimen es estable o luce las características democráticas exigidas, entonces sus estructuras de valores o de autoridad son ipso facto correctas"4. Dicho en otros términos, claramente se da un doble estándar entre "el deber ser y la realidad, entre la legalidad y práctica, determinando que la democracia apelara a veces en exceso a las fuentes legales e institucionales de legitimidad para establecerse"5 (otro autor habla de la disyuntiva entre "cultura nacional versus ingeniería institucional"6), no respetándose muchas veces el continuum de democratización que la propia dinámica de la realidad chilena así lo exigía, cuestión que, alo largo del tiempo, claramente debilitó su sociedad civil y la cultura cívica de sus ciudadanos, y, como señala Marta Lagos, se produjo un "estancamiento o retroceso en la formación de capital social"7.

Como consecuencia de lo anterior, ¿la democracia, en Chile, se ha tratado más bien de una forma institucional qué de una cultura? Efectivamente así ha sido, pues "si se tratara de una cultura más que de una forma institucional, son los comportamientos de esa cultura los que modelarán las instituciones y terminarán definiendo el perfil de democracia existente"8, cuestión que no ha acontecido en nuestro país. Al contrario, se ha asentado, desde los inicios de la República, la idea revolucionaria -de finales del siglo XVIII- que creía que "las leyes bastaban por sí solas para modelar a los pueblos bajo un sistema determinado de gobierno", y "sólo una forma de gobierno era legítima, la de la absoluta democracia, y para gozar de ella bastaba decretarla"9. Y, sobre esta concepción, concluye Alberto Edwards: "El prestigio de esta creencia llegó a ser tan poderoso que los mismos adversarios de la revolución, pensaban también que la felicidad y la desgracia de las naciones, dependían exclusivamente de los legisladores. "Haceos y hacednos dichosos", dijo el Presidente Prieto a los constituyentes de 1833, al inaugurar sus trabajos"10.

Por esta razón, nuestra evolución republicana la podríamos caracterizar de doble estándar y, muchas veces, de contradictoria, eso sí, casi siempre encaminada a un claro -no se si real o ficticio- objetivo: el orden y la estabilidad.11 Parámetros que, como se verá más adelante, han inspirado la forma de democracia consociativa, en cierta medida aun vigente en el día de hoy; por ello, Carlos Ruiz ha dicho, que "el recurso a estos modelos democráticos tiene su origen en una cierta interpretación de la historia de Chile, en el pasado reciente y, sobre todo, de las circunstancias que llevaron al golpe militar de 1973".12

Cabe inquirir, entonces, ¿cuáles serían las causas de esta sui generis vida republicana chilena? La respuesta a este interrogante debe partir de la siguiente premisa: al investigarse el proceso de desarrollo de las instituciones democráticas, especialmente las constitucionales, se deben precisar los principales parámetros estructurales e ideológicos que constituyen el entorno de los acontecimientos políticos y contingentes13. Y si lo situamos en la esfera del origen de la democracia, las perspectivas culturales y económicas no son del todo aplicables en el caso chileno14. Como indica Arturo Valenzuela, "un análisis cuidadoso de la historia de Chile revela que el sector que luchó por muchas de las reformas más importantes vinculadas al surgimiento de la democracia en Chile, entre ellas la limitación de la autoridad presidencial y la extensión concomitante de las prerrogativas legislativas, junto con la crítica ampliación del derecho a voto, no se componía de elementos "liberales" sino de élites "conservadoras" vinculadas estrechamente a los intereses tradicionales de los terratenientes, a menudo aliados con un pequeño grupo de liberales ideológicos, con quienes estaban en desacuerdo en casi todo lo demás"15. Razón por la cual, en nuestro país el desarrollo de las instituciones en este ámbito es en alto grado problemático y contingente; por ello -se indica-, "las instituciones democráticas deben su desarrollo o su consolidación a ciertos momentos históricos críticos, en los cuales la balanza de las fuerzas políticas se inclina a favor de la élites y fuerzas sociales cuyas ideologías son a menudo muy diferentes, quienes luchan por la consolidación de las instituciones democráticas con la expectativa de que ellas serán ventajosas para consolidar o aumentar su propio poder, salvaguardar sus intereses o resolver al menor costo una crisis política"16. No se debe entender, eso sí, "que el acento que se coloca en las variables históricas y políticas -indica el autor- significa que estamos por una suerte de historicismo, donde cada caso se puede comprender solamente por sus propios méritos y mediante la profundización de su pasado"...

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