Disminución de la participación de la población en organizaciones sociales durante los últimos trece años en Chile e implicaciones para la construcción de una política de planificación urbana más participativa. - Vol. 42 Núm. 125, Enero - Enero 2016 - EURE-Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales - Libros y Revistas - VLEX 632388537

Disminución de la participación de la población en organizaciones sociales durante los últimos trece años en Chile e implicaciones para la construcción de una política de planificación urbana más participativa.

AutorHerrmann, Marie Geraldine
CargoEnsayo

Introducción

En la reciente Política Nacional de Desarrollo Urbano (2) desarrollada en Chile se señala que la planificación urbana requiere de una participación ciudadana "efectiva", entendida como "una condición proactiva" que debe ser garantizada por la institucionalidad (Ministerio de Vivienda y Urbanismo [minvu], 2013, pár. 5.4.2). Pero ¿qué implica la noción de una participación ciudadana activa? ¿Y cómo es la participación ciudadana en Chile hoy?

La presente investigación tiene como objetivo analizar la participación de la población en organizaciones sociales en Chile durante el siglo xxi y sus implicaciones en la construcción de una política nacional de planificación urbana más participativa. Con este fin, se procesan las estadísticas sobre participación ciudadana contenidas en las encuestas de Caracterización Socioeconómica Nacional (casen) 2000 y 2009, y en Santiago Cómo Vamos: Primera Encuesta Ciudadana 2013: Percepción a la Gestión y Calidad de Vida de Santiago (en adelante, Encuesta Santiago Cómo Vamos 2013/scv 2013) (3), cuyos datos coinciden en que la participación de la población en asociaciones voluntarias ha disminuido significativamente en Chile en general, y en la ciudad de Santiago en particular durante los últimos trece años.

Este artículo se estructura en tres partes. La primera provee un marco teórico en relación con el concepto de participación como clave en el ejercicio activo de la ciudadanía en sociedades democráticas y estudia las variables que ayudan a entender los distintos niveles de participación. En la segunda parte se analiza descriptiva y comparativamente los datos contenidos en los módulos de participación incluidos en las encuestas casen 2000, casen 2009 y scv 2013, desagregados según las variables de sexo, edad, ingreso, tipo de organización preferente, etcétera. Asimismo, se estudia la percepción de la población con respecto a mecanismos que permiten una participación más directa de la ciudadanía en la toma de decisiones de políticas urbanas. El artículo finaliza con las conclusiones que se pueden obtener a partir de los datos examinados e identifica las implicaciones y desafíos que los bajos niveles de participación en organizaciones sociales en Chile tienen para la construcción de una política de planificación urbana más participativa.

La participación ciudadana: hacia una comprensión más amplia de la democracia

Tanto el ideal como el concepto de democracia han dado lugar a numerosos debates sobre su significado, relevancia, requisitos y operacionalización. A pesar de que existe acuerdo general respecto de que un componente básico de un sistema democrático es que hombres y mujeres ejerzan sus derechos políticos, preguntas tales como qué otros elementos componen tal sistema, cómo se lo puede consolidar y fortalecer, y cómo se puede medir su calidad, han dado respuestas menos claras.

Frente a las definiciones procedimentales o normativas de democracia, algunos autores proponen un entendimiento más amplio, argumentando que tales enfoques no logran dar cuenta de las características y matices de los procesos de democratización que han atravesado muchos países en América Latina. En la interpretación que proponen, la democracia se refiere no solo a las reglas y procedimientos de un sistema político, sino que incluye la protección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), componentes clave en el ejercicio de la participación y la cooperación. Esta conceptualización de la democracia no limita la participación a la expresión de una preferencia mediante el ejercicio de voto en una elección, sino que la entiende como un mecanismo mediante el cual los ciudadanos tienen una voz en las políticas que los afectan. Tal interacción entre ciudadanos y Estado puede indicar que, a pesar de que el sistema democrático de un Estado cumpla satisfactoriamente con criterios normativos, factores como la inequidad, exclusión, prácticas culturales, religión y tradiciones sociales, entre otros, afectan la función y modalidad mediante la cual los ciudadanos ejercen su ciudadanía.

Desde las observaciones de Tocqueville ([1835-1840] 2000) en Estados Unidos contenidas en Democracia en América sobre la relevancia de las normas cívicas y las asociaciones voluntarias, la literatura sobre el vínculo entre democracia y participación ha crecido exponencialmente. En democracias consolidadas, la visión de que la participación y la asociatividad contribuyen a fortalecer la democracia se considera sabiduría convencional. Sin embargo, en décadas recientes muchos autores han investigado sobre qué formas de asociatividad contribuyen a un avance de los valores democráticos en la sociedad y cómo lo hacen, entendiendo que no todas contribuyen de igual manera y que el impacto varía dependiendo del tipo de asociatividad (Putnam, Leonardi & Nanetti, 1993; Fung, 2003; y Cohen & Rogers, 1992). Esta discusión pone de relieve que la participación no es un fin en sí mismo, sino un medio por el cual los ciudadanos pueden ejercer voz y voto en aquellas decisiones que los afectan directamente, como lo hacen, por ejemplo, las políticas urbanas.

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía y participación?

El concepto de democracia ha sido frecuentemente vinculado al de ciudadanía, dado que están estrechamente entrelazados. La democratización implica un cambio neto hacia un mayor foco en la ciudadanía (McAdams, Tarrow & Tilly, 2001, p. 266). Y tal como sucede con el concepto de democracia, el de ciudadanía ha dado origen a un amplio debate sobre su significado, evolución y relevancia, y puede variar de un sujeto a otro, según sea el momento histórico y las características contextúales en que sea utilizado.

El ensayo seminal de Marshall (1950) sobre ciudadanía ilustra cómo dicha noción puede ser deconstruida conceptualmente en diferentes elementos. Al respecto, Marshall identifica tres componentes principales del concepto, siendo estos el civil, el político y el social. El elemento civil se refiere a los derechos que son necesarios para la libertad individual, como el derecho al libre discurso, pensamiento y fe, o el derecho a la propiedad. El elemento político se refiere al derecho al ejercicio político de los individuos, tanto en cuanto ciudadanos como en su calidad de electores o candidatos. Finalmente, el elemento social se refiere a la gama de derechos relacionados con el bienestar económico y la integración social, que están posibilitados principalmente por la educación y los servicios sociales. Clave en el análisis de Marshall es la noción de que el entendimiento y la apropiación del concepto de ciudadanía están marcados por desarrollos históricos y, por tanto, reflejan diferentes problemáticas económicas y sociales.

El enfoque señalado es relevante para comprender la importancia del contexto en la definición del concepto de ciudadanía y, por consiguiente, cómo la definición del concepto mismo refleja desarrollos en la sociedad que se estudia. Sin embargo, esta aproximación analítica ha sido criticada por entender la ciudadanía como un estatus que es entregado a los individuos, y que existe solo en la medida en que sus derechos son reconocidos y respetados. ¿Qué sucede, entonces, en el caso de individuos o grupos que son excluidos social y económicamente y cuyos derechos no han sido reconocidos o respetados de la misma manera que los de otros grupos más favorecidos o influyentes?

Debates más recientes se han focalizado en la práctica de la ciudadanía más que en su definición conceptual, postulando así una noción más activa y dinámica de ella (Lister, 1998, p. 6). Esta perspectiva apunta a un cambio desde una conceptualización que entiende a los individuos como agentes pasivos hacia otra en la cual los individuos son agentes activos, e incluye el análisis de los mecanismos de inclusión social y de la forma en que grupos normalmente excluidos se organizan y movilizan como un colectivo. La noción de "ciudadanía activa" surge como un concepto más dinámico e inclusivo, referido a la forma mediante la cual diferentes grupos articulan y renegocian sus derechos y aspiraciones, y a cómo los intereses locales se articulan con intereses globales. Esta concepción se centra en el "derecho a tener derechos", una forma universal de ciudadanía que permite a grupos excluidos encontrar un lenguaje común, no necesariamente articulado desde instituciones como partidos políticos, sindicatos o el Estado. Así, grupos excluidos ejercen la ciudadanía de una manera activa para reafirmar su lucha por derechos, por reconocimiento o por satisfacer sus aspiraciones democráticas. Ejemplos recientes en el caso de Chile son las protestas estudiantiles de 2011-2013 y la irrupción del movimiento social de Aysén.

En América Latina, la noción de ciudadanía emergió en los años setenta y ochenta vinculada a procesos de democratización, en el marco de la articulación de demandas políticas y sociales y la apertura de espacios en las democracias emergentes. En el caso de Chile, la afirmación del concepto de ciudadanía siguió una lógica neoliberal, enfocada en el individuo, no en el colectivo, y con énfasis en su integración a la economía de mercado. Dado que muchos bienes públicos son provistos a través del mercado como objetos de consumo privado--algunos ejemplos son la educación, la salud, la vivienda--, el término "participación ciudadana" fue utilizado en los años noventa comúnmente en dos sentidos: lograr el involucramiento de los ciudadanos en programas públicos destinados a facilitar o mediar en el acceso a los bienes ofrecidos, y ello a través de una modalidad de información consultiva; o lograr la validación de tales programas por parte de la ciudadanía. A pesar de que la participación en dichos programas estatales es descrita frecuentemente como estrategia dirigida a empoderar individuos a través del ejercicio de su ciudadanía, las iniciativas resultantes no han implicado necesariamente un aumento en la capacidad de los...

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