Introducción
| Autor | Cristian Maturana Miquel |
| Cargo del Autor | Director Departamento Derecho Procesal Facultad de Derecho de la Universidad de Chile |
| Páginas | 23-41 |
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"Los documentos que otorgan los parámetros básicos usados para el diseño del proyecto han sido la Constitución Política de la República y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos que obligan al país, habiéndose tenido en cuenta especialmente entre estos últimos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
También ha sido fuente principal del proyecto la legislación procesal vigente, en especial el Código de Procedimiento Penal, del cual se han mantenido todas aquellas normas que no resultan contradictorias con el nuevo sistema y que constituyen parámetros conocidos para jueces y abogados, existiendo muchas veces a su respecto un caudal de interpretaciones y jurisprudencia suficientemente asentadas. El Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil han sido considerados para efectos de buscar mantener coherencia con sus normas y, en general, se han conservado las remisiones a materias que en esos cuerpos resultan adecuadamente reguladas. Cabe hacer presente que entre los proyectos que deben acompañar al de Código de Procedimiento Penal, se encuentra una modificación importante del Código Orgánico de Tribunales destinada a organizar los tribunales necesarios para el sistema propuesto.
También han sido fuentes directas para el trabajo realizado diversos textos de legislación extranjera, tanto de nivel legal como constitucional, así como opiniones doctrinales o jurisprudencia relativas a ellos. Entre los códigos extranjeros de más frecuente utilización estuvieron el Código Procesal Penal Italiano de 1988, la Ordenanza Procesal Penal Alemana de 1877, Page 24 la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1882, el Código Procesal Penal de la Nación Argentina de 1992, el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba de 1992 y el Código Procesal Penal Peruano de 1991.
Pero además de estos textos legales, han sido de extraordinaria utilidad para el trabajo del Foro y de la Comisión Técnica el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica desarrollado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Asimismo, se ha utilizado su antecedente más directo que es el Proyecto de Código Procesal Penal de la Nación Argentina de 1986 y otros proyectos posteriores vinculados directamente con el Modelo como son el Proyecto de Código Procesal Penal de Guatemala de 1991 y el Proyecto de Código Procesal Penal de El Salvador de 1993."12
Ministra de Justicia Sra. Soledad Alvear (1er. Inf. Senado): Señaló que "las fuentes fundamentales, desde el punto de vista normativo, son el Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica y los procedimientos que se han implementado en Alemania, Italia, Portugal".3
El proyecto de nuevo Código Procesal Penal fue elaborado durante el año 1994 en el contexto de un acuerdo de colaboración técnica en que el Ministerio de Justicia contó con la directa cooperación de Fundación Paz Ciudadana y Corporación de Promoción Universitaria. El trabajo fue estructurado a partir de un Foro de discusión en cuyo seno fueron diseñados los lineamientos básicos de la reforma, el que se integró con un conjunto de académicos, abogados y magistrados convocados con el criterio de buscar la más amplia representatividad entre los diversos roles al interior del sistema jurídico y las diversos sensibilidades políticas, culturales e ideológicas. Page 25
La siguiente es la lista de personas que fueron invitadas a participar en el Foro: Alberto Balbontín Retamal, Alberto Chaigneau del Campo, Alejandro Solís Muñoz, Carlos Künsemüller L., Carlos Pecchi Croce, Clara Szczaranski, Claudio Díaz Uribe, Claudio Osorio, Consuelo Gazmuri Riveros, Cristián Maturana, Cristián Riego Ramírez, Cristina Villarreal H., Davor Harasic Yaksic, Eduardo Novoa Aldunate, Eleodoro Ortiz Sepúlveda, Enrique Montero Marx, Enrique Tapia Witting, Enrique Zurita Camps, Felipe de la Fuente, Felipe González Morales, Francisco Cumplido Cereceda, Gastón Gómez Bernales, Germán Hermosilla Arriagada, Gonzalo Alvarado, Guillermo Navas Bustamante, Haroldo Brito Cruz, Hernán Alvarez García, Hugo Fruhling Ihrlich, Jorge Bofill Genzsch, Jorge Correa Sutil, Jorge Ferdman Niedman, José Luis Cea Egaña, Juan Agustín Figueroa, Juan Bustos Ramírez, Juan Enrique Vargas Viancos, Juan Guzmán Tapia, Julio Salas Vivaldi, Luis Bates Hidalgo, Luis Correa Bulo, Luis Ortiz Quiroga, Manuel Guzmán Vial, Marcos Libedinsky Tschorne, Marcos Vásquez Espina, María Inés Horvitz, María Pía Guzmán Mena, Mario Garrido Montt, Mario Verdugo Marinkovic, Mauricio Duce Julio, Miguel Soto Piñeiro, Milton Juica Arancibia, Mirtha Ulloa González, Nelson Contador, Orlando Poblete, Raúl Tavolari Oliveros, Ricardo Gálvez Blanco, Ricardo Rivadeneira M., Roberto Dávila Díaz, Sergio Yáñez Pérez, Tito Solari Peralta, Waldo Ortúzar Latapiat, Zarco Luksic Sandoval.
También tuvieron participación en el Foro, a través de calificados representantes, las siguientes organizaciones de la comunidad jurídica e instituciones académicas y de asesoría en materias legislativas: el Colegio de Abogados de Chile, la Asociación Nacional de Magistrados, el Instituto Chileno de Derecho Procesal, el Instituto de Ciencias Penales, el Instituto Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios y Asesoría Legislativa (CEAL), el Instituto Libertad, el Programa de Asistencia Legislativa (PAL) y el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).
A partir de los consensos y lineamientos entregados por el Foro, se procedió a la redacción del proyecto por parte de una comisión que fue dirigida por el señor Cristián Riego, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, e integrada por el señor Jorge Bofill, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, la señora María Inés Horvitz, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el señor Raúl Tavolari, profesor de las Facultades de Derecho de las Universidades de Chile y Valparaíso, y el señor Mauricio Duce, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Page 26
El proyecto representó el eje central respecto de un conjunto de otros proyectos legislativos y trabajos complementarios que formaron parte del proceso de reforma del sistema procesal penal chileno impulsado por el gobierno.
Con fecha 13 de junio de 1995, correspondiente a la Legislatura Nº 331 Ordinaria, ingresó el Mensaje del Ejecutivo a la Cámara de Diputados en 1er. Trámite Constitucional.
El mensaje respectivo llevó la firma de S.E. el Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y de los Ministros de Justicia, de Defensa Nacional, del Interior y de Hacienda Subrogante, doña María Soledad Alvear Valenzuela, y señores Edmundo Pérez Yoma, Carlos Figueroa Serrano y Manuel Marfán Lewis, respectivamente.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia inició su estudio el 4 de julio de 1995, terminando el despacho de todo el articulado el 10 de octubre de 1996, fecha en la cual acordó suspender su tramitación a la espera de la aprobación de la reforma constitucional que crea el Ministerio Público, ley Nº 19.519, de 16 de septiembre de 1997.
Por medio del oficio de 11 de julio de 1995 la Corte Suprema remitió su opinión respecto al proyecto.
Por oficio de 29 de diciembre de 1997 el Gobierno incluyó el proyecto en la Legislatura Nº 336 Extraordinaria, retomándose de esta manera su tramitación.
El 6 de enero de 1998, día en que se dio cuenta del oficio antes aludido, la Comisión procedió a revisar el articulado aprobado, acordando introducir algunas adecuaciones y enmiendas a determinados artículos para ajustar su contenido a las prescripciones de la reforma constitucional anteriormente mencionada. Acto continuo, procedió al despacho del proyecto en los términos que se indican en el Primer Informe de la Comisión.
El informe fue acordado en sesiones de fechas 4 y 11 de julio, 8 de agosto, 12 de septiembre, 3 y 10 de octubre, 7, 14 y 21 de noviembre y 6 de diciembre de 1995; 9, 16 y 23 de enero, 5 y 19 de marzo, 2, 9, 16 y 30 de abril, 7, 8, 14, 22 y 23 de mayo, 4, 5, 11, 18 y 19 de junio, 2, 9, 10, 16 y 17 de julio de 1997, y 6 de enero de 1998, bajo las presidencias de los señores Chadwick, Luksic y Cornejo, y con la asistencia de los señores Allamand, Bombal, Cardemil, Coloma, Elgueta, Espina, Ferrada, Gajardo, Martínez Ocamica, Page 27 Pérez Lobos, Pérez Varela, Urrutia Avila, Viera-Gallo y señora Wörner.4
En sesión 23 ordinaria de fecha 13 de enero de 1998, los diputados informantes señora Wörner y señor Gajardo dieron cuenta a la Cámara de Diputados del informe elaborado por la Comisión.
En sesión 24 especial de fecha 13 de enero de 1998, el proyecto fue aprobado en general. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, arrojó el siguiente resultado: por la afirmativa...
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