Un latifundio enorme y ajeno - Grandes procesos. Mis alegatos - Libros y Revistas - VLEX 370608226

Un latifundio enorme y ajeno

AutorEduardo Novoa Monreal
Páginas117-160
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A fines de 1956 el senador Ezequiel González Madariaga denunció ante
la alta Corporación de la que era miembro, que se estaban explotando
por una empresa trasandina bosques fiscales chilenos situados en la
zona de Chiloé continental, próximos a la frontera con Argentina, y
que un abogado chileno intentaba apropiarse de 275.000 hectáreas de
terrenos fiscales en dicha zona. Inmediatamente la Contraloría Gene-
ral de la República y el Consejo de Defensa del Estado investigaron lo
ocurrido y llegaron a la conclusión de que se estaba perpetrando “uno
de los más cuantiosos fraudes a los intereses fiscales chilenos de que
haya memoria”. En efecto, mediante una habilidísima y complicada
maquinación se habían realizado alteraciones en los deslindes señalados
en las inscripciones de propiedad del Conservador de Bienes Raíces,
modificándolos en el curso de sucesivas supuestas transferencias; se
había eliminado documentación pública que establecía el real domi-
nio del Fisco chileno sobre los terrenos objeto de la maniobra, y se
habían expandido en los planos oficiales los límites de terrenos que
originalmente tuvieron modestas dimensiones, transformándolos en
predios inmensos, de cientos de miles de hectáreas, supuestamente del
dominio particular. De este modo se logró transformar un pequeño
predio “para guardar animales” situado en el estuario del río Palena
en una enorme propiedad de más de seiscientas mil hectáreas que
pertenecería a Guillermo A. B., abogado que en otro tiempo sirvió
como funcionario público en las oficinas de la propiedad austral.
Como la codicia rompe el saco, tanto agrandó Guillermo A. la
superficie de las tierras fiscales sobre las cuales él quería atribuirse la
calidad de propietario particular, que ellas quedaron con una extensión
que iba desde la frontera argentina hasta el océano Pacífico y llegaron
a cubrir aun lugares en los que había pueblos enteros con sus calles y
plazas. Tanto exceso llegó a perjudicar al propio usurpador, pues una
IV
UN LATIFUNDIO ENORME Y AJENO
De cómo fabricarse títulos de propiedad sobre una
provincia entera
GRA NDES PROCES OS
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parte importante de terrenos tan extremadamente estirados salieron
de los límites del departamento en el que se hallaban las inscripciones
del Conservador de Bienes Raíces y quedaron sin la cobertura de la
debida inscripción.
Todo esto ocurría en zonas australes, en las cuales las tierras esta-
ban sometidas por ley a un régimen especial de dominio que exigía
a cualquiera que pretendiera dominio dentro de ellas, seguir una
tramitación administrativa previa ante la autoridad administrativa, re-
presentada por el Ministro de Tierras y Colonización, y acreditar ante
ella ocupación material de las tierras reclamadas. Por consiguiente,
Guillermo A., quien contó para ejecutar su plan con la colaboración de
un pariente suyo, Carlos B. C., que fue agrimensor fiscal del Ministerio
antes indicado, fraguó también documentos y testimonios acerca de
que él tenía labores establecidas en los terrenos y pagaba regularmente
sus contribuciones. Ciertamente ellos debieron contar bien fuera con
la colaboración, bien fuera con la indolencia de varios funcionarios
públicos, especialmente notarios y conservadores de bienes raíces,
los cuales faltaron a su deber y permitieron, con ello, que pudieran
exhibirse por los delincuentes documentos importantes que parecían
darles la razón.
La verdad es que resulta bien difícil demostrar la existencia de tan
vasto fraude, el que desde el punto de vista legal envolvía numerosos
delitos (usurpación, falsificación de numerosos documentos, sustracción
de planos, declaraciones judiciales falsas, hurto de expedientes, etc.),
pues a lo largo de decenas de años una persona con conocimientos
legales y muy bien informada de una legislación especializada, buena
conocedora de la zona geográfica y con relaciones de amistad en muy
variados ambientes, había estado forjando pacientemente un montaje
delictual que a priori habría podido ser tenido como inconmovible.
Para Guillermo A. el curso del tiempo más bien facilitaba sus planes,
porque revestía a toda su alambicada elaboración de un aspecto de
cosa serena y sin precipitaciones, ornada con el prestigio de la anti-
güedad. Su imaginación para buscar antecedentes de comienzos de
siglo, para suponer la existencia de antiguos lugareños y para simular
la existencia de parajes a los cuales ponía nombre de viejos indígenas
de la zona, le permitía dar visos de verosimilitud a ese increíble tin-
glado que levantó sobre la base de decenas de adulteraciones, para
hacer creer que efectivamente tenía derechos sobre vastas zonas del
territorio nacional austral. Hasta el hecho de tratarse en buena parte
de terrenos aun inexplorados, facilitó, sin duda, sus designios.
IV. UN LATIF UNDIO ENORM E Y AJENO
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Para financiar los gastos de una defensa judicial de envergadura,
tanto por la vía civil como por la penal, Guillermo A. contó con la
ayuda de una empresa argentina, la Sociedad Agrícola y Ganadera
Dillo Ltda., la cual celebró con él un contrato, de fecha 3 de agosto
de 1955, en la notaría de Achao, por el cual le compra a Guillermo A.
una extensión de 30.000 hectáreas de los referidos terrenos. Esta socie-
dad bastante desaprensiva, según fluye del proceso criminal posterior,
solamente buscaba contar con cualquier apariencia de título a fin de
iniciar de inmediato una explotación de los valiosos bosques fiscales
que se hallaban en esos terrenos, pues disponía de la maquinaria y
de los medios de transporte para hacer llegar a territorio argentino,
en forma casi inmediata, una considerable cantidad de madera. Pudo
cumplir parcialmente su propósito, pues alcanzó a explotar una parte
de los bosques antes que una medida judicial solicitada por el Fisco
chileno le ordenara paralizar las labores.
Con motivo de la denuncia de la Contraloría, el Segundo Juz-
gado del Crimen de Santiago, con el rol 46.090, inició el sumario
destinado a investigar los hechos, con fecha 14 de febrero de 1957.
A petición de la defensa fiscal, la cual me designó abogado a cargo
de la atención de la acción penal, se nombra Ministro en Visita, ta-
rea que recayó en Enrique Urrutia Manzano. Guillermo A. tuvo la
suerte de ser atendido por un abogado de influencia y con muchas
conexiones, lo que hizo, por momentos, muy incierto el resultado
final del proceso. Es así como en el mes de abril de 1957 el Juzgado
de Letras de Castro, que se puso a sustanciar un sumario paralelo
y obró casi sin investigación alguna, dictó auto de sobreseimiento
definitivo respecto de los hechos denunciados por la Contraloría.
De este modo puso en gravísimo riesgo la investigación que se iba a
practicar en Santiago, lugar donde se habían cometido los hechos
delictuosos iniciales, pues ese sobreseimiento pudo haber producido
cosa juzgada y evitar toda ulterior acción en contra de Guillermo A.
B, seguro designio de quienes lo impulsaron.
Tras dos años y medio de investigación, a lo largo de los cuales la
defensa del Fisco logró allegar innumerables antecedentes y docu-
mentos para demostrar los hechos delictuosos, el juez Alfonso Barraza
dictó sentencia de primera instancia en la cual absolvió a los reos de
la causa por “no tener la convicción” de que ellos fueran autores de
los delitos y porque, “desaparecido” (robado por los mismos reos) el
original del plano oficial de la zona adulterada, era “imposible” esta-
blecer su falsificación.

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