Nodo V. La nueva agenda y el proyecto de reforma y modernización del Estado (PRYME): una nueva etapa (período 2001-2003)
| Autor | Álvaro Vicente Ramírez Alujas |
| Páginas | 125-144 |
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«Errar es humano, perdonar divino».
Dicho popular
Aun cuando es muy pronto para evaluar los verdaderos resultados e impactos del proceso de cambio en marcha a partir del año 2001, se considera relevante al menos dar cuenta de los aspectos más importantes de este período y conocer las causas que definen el camino seguido por Chile en los últimos tres años.
El Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (PRYME) fue una de las iniciativas prioritarias del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos para aco-meter los desafíos de generar un Estado de servicio a la ciudadanía. Surgió de la necesidad de adecuar la organización y las prácticas del sector público a los requerimientos del desarrollo económico y social del país en el siglo XXI, en reemplazo del Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que operó durante la Administración del Presidente Frei.
En tal sentido, se trataba de avanzar simultáneamente, en el marco del nuevo Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, en cambios en un sentido vertical y horizontal. Se planteaba que las primeras modificaciones serían aquellas que afectan a entidades concretas, generando en variados casos una nueva institucionalidad. En tanto la segunda categoría de reformas buscaría comprender el vasto catálogo de materias relativas a la modernización de la gestión pública.
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Un Estado al servicio de la ciudadanía es el eje central del PRYME. La reforma del Estado apunta a construir un sector público que responda a las nuevas necesidades de la sociedad, de allí que sus principios orientadores apunten en esa dirección. A saber:
· Estado democrático y participativo. En esta línea se impulsarían modificaciones constitucionales para fomentar la participación ciudadana en forma de institucionalizar, en los diversos ámbitos del sector público, la toma de decisiones.
· Estado transparente. Para la profundización de la democracia, la transparencia es la base que previene la corrupción del sector público, gene-rando una condición para obtener mayores niveles de control social y participación ciudadana.
· Estado unitario descentralizado. Es fundamental fortalecer la regionalización y la descentralización de las decisiones, optimizando la articulación entre el nivel nacional, regional y local.
· Estado que supere las desigualdades. El Estado debe asumir los factores de desintegración social, en materia económica y cultural, asegurando igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos.
· Estado fuerte para los requerimientos presentes y futuros. Las dimensiones del Estado son una función de las necesidades actuales y futuras que se prevean, las cuales no obedecen a una imagen predeterminada de un Estado pequeño o grande. Más bien, el propósito es contar con un Estado fuerte, capaz de hacerse cargo de la inmensa tarea de velar por el interés común.
· Estado eficiente, que asegure calidad de vida y desarrollo sustentable. La finalidad es mejorar la gestión para entregar a la ciudadanía un servicio de excelencia.
· Estado regulador. Se debe transformar la visión de Estado productor de bienes y servicios por uno que fortalece su capacidad reguladora, norma-tiva y fiscalizadora.
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Modernizar el Estado a partir de la construcción de una ciudadanía más democrática fue el gran desafío del Gobierno de Lagos. Y en esto se planteaba que las estructuras políticas necesitaban cambios urgentes:
· Potestades presidenciales respecto a las Fuerzas Armadas.
· Consejo de Seguridad Nacional.
· Tribunal Constitucional.
· Término de senadores vitalicios y designados.
· Reemplazo del actual sistema binominal por uno más democrático.
· Ley de limitación del gasto electoral.
· Ley de limitación de la Justicia Militar.
· Ley de ciudadanos residentes en el exterior.
En este ámbito de acción se proponía el rediseño de parte importante de la institucionalidad pública:
· Generación de un sistema constitucional para rediseñar y reorganizar el Gobierno de manera flexible, donde los procesos de modificación del aparato público se desarrollen con fluidez y sin dificultad.
· Generación de una nueva institucionalidad en nueve ámbitos de acción. A saber: Institucionalidad Cultural; Infraestructura; Ciudad y Gestión del Territorio; Acción Social; Desarrollo Productivo; Competencia y Regulación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Sistema de Empresas Públicas; Ciencia y Tecnología; Recursos Hídricos.
· Rediseño de las funciones y relaciones existentes entre las entidades encargadas de la coordinación central del Gobierno. Esto con el fin de mejorar la gestión y coordinación en materias políticas, programáticas y presupuestarias, además de ubicar claramente aquellas funciones que adolecen de estos elementos.
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· Rediseño de la forma a través de la cual se ejerce control sobre la Administración Pública, articulando de manera adecuada: el rol de la Contraloría General de la República; la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados; la jurisdicción contencioso-administrativa de los Tribunales de Justicia; el control ciudadano; y las diversas disposiciones administrativas existentes.
· Responsabilidad sobre las consecuencias que estas transformaciones tengan en los funcionarios. Para ello se hacía necesario respetar los derechos de los trabajadores, involucrarlos en las conversaciones y definir los nuevos perfiles profesionales y personales que se requieran, con el fin de lograr compromisos viables para con estas transformaciones.
Uno de los ámbitos fundamentales era atender a las necesidades de todas las regiones y localidades a lo largo del territorio nacional. Para ello era necesario profundizar el proceso de descentralización del Estado, poniendo especial atención a la gestión de los gobiernos regionales, a la descentralización institucional y a la desconcentración administrativa, sin perjuicio de seguir avanzando en la descentralización de las decisiones de inversión. Asimismo, era preciso conectar estrechamente los procesos de transformación en la Administración Pública con la llamada modernización municipal.
Para lograr estos objetivos y brindar soluciones concretas a la diversidad de problemas locales se priorizaron las siguientes iniciativas:
· Definir una política de descentralización, con principios y elementos claros para avanzar decididamente en esta dirección.
· Desarrollar un Plan de Modernización Regional donde se definan propuestas específicas de compromisos del Gobierno con cada una de las regiones del país, identificando sus proyectos emblemáticos.
· Incorporar el nivel regional a los procesos de rediseño institucional que se implementen.
· Potenciar el rol de los municipios en los procesos de descentralización a través de un trabajo conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades.
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El Estado pretende lograr una gestión de los servicios públicos determinada por la eficiencia y la calidad del servicio que se presta. Asimismo, un elemento transversal para lograr modernizar la gestión pública es la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Para ello es fundamental crear una institucionalidad electrónica estatal.
Las principales dimensiones que se consideraron en este ámbito:
· Recursos humanos: Trabajada en su doble dimensión de directivos públicos y funcionarios en general, busca lograr un desarrollo integral de los trabajadores del Estado. Para lo cual se pretendía: mejorar la calidad de vida de los funcionarios, incrementar las proyecciones de los funcionarios y generar un cambio cultural en la Administración, además de una actitud preactiva en relación con la entrega de un servicio de calidad a la población.
· Calidad de los servicios: Esta línea de trabajo busca orientar la gestión pública a la ciudadanía, mejorando la calidad de las prestaciones que entrega el Estado. Esto significa pasar de un Estado que define ante sí mismo sus obligaciones para con la gente a uno que se coloca en el lugar de los ciudadanos y les reconoce derechos que pueden ejercer sobre las instituciones públicas.
· Gestión de los servicios: El PRYME busca perfeccionar los instrumentos y técnicas de gestión. Por esto, se pretendió desarrollar una Unidad de Apoyo a los Servicios Públicos que pudiera proveer de herramientas concretas para enfrentar los desafíos de una gestión moderna.
· Gobierno electrónico: Parte central de las iniciativas del PRYME dicen relación con la incorporación de Tecnologías de Información (TI) -Internet como la más destacada- en las instituciones del Estado, y en particular en los servicios públicos.
En este ámbito se trata de desarrollar la participación ciudadana en la toma de decisiones en los distintos niveles de la Administración, incorporada a la cotidianeidad de la gestión del Estado. Por otro lado, la transparencia y la probidad del sector público son un factor clave en el desarrollo...
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