Politicas publicas y lineamentos generales acerca del tratamiento de las victimas en el sistema penal chileno - Núm. 4, Diciembre 1994 - Serie de Publicaciones Especiales - Cuadernos de Análisis Jurídico - Libros y Revistas - VLEX 399722298

Politicas publicas y lineamentos generales acerca del tratamiento de las victimas en el sistema penal chileno

AutorCristián Riego - Mauricio Duce
Páginas158-164
es uno de los aspectos que constituye un foco importante
en
la
generación
del problema. Además, ello permitirá
que
se cumplan con garantías míni-
mas que un proceso racional y moderno deben establecer, lo
que
COn
seguridad ayudará
en
el logro de objetivos como
la
mayor celeridad y
eficacia de éstos
en
la
persecución de los delitos y
en
la
protección de los
derechos de los ciudadanos
en
general.
El
tratamiento que
debe
darse a la víctima
por
parte del sistema penal
chileno, y
en
particular el sistema procesal penal,
debe
abarcar, a nuestro
juicio, diversos aspectos, los cuales a su vez deben ser producto de una
orientación o política clara acerca de los presupuestos y objetivos
en
que
se
apoyen.
5.
POUTICAS
PUBliCAS
y LINEAMlENTOS GENERALES
ACERCA
DEL
TRATAMIENTO
DE
LAS
VICTIMAS EN
EL
SISTEMA
PENAL
ClllLENO
Nos ha parecido indispensable concluir este trabajo realizando una des-
cripción, de carácter eminentemente crítico, de cuáles han sido los linea-
mentos que se han ido perfilando
en
el medio nacional para dar un
adecuado tratamiento a la víctima
y,
asimismo, formular algunas propuestas
de políticas públicas en
la
materia,
señalando cuáles, a nuestro juicio,
deben ser los presupuestos y objetivos
que
las
orienten.
De cara a esta labor, la primera cuestión
que
surge es preguntarse
si
realmente existe una política pública en
la
materia.
Creemos que
si
se
entiende por políticas públicas una estrategia dirigida hacia la obtenCión de
un
fin,
estrategia adoptada
en
forma consciente y deliberada
por
parte de
las autoridades públicas o los distintos sectores
que
conforman el quehacer
político y legislativo, estimamos que
no
existe algo similar
en
nuestro país
acerca del tema.
Más
bien, los caminos que han seguido los distintos actores
del sistema de justicia criminal y estatales
en
general parecieran
ir
encami-
nados a
dar
respuestas muy particulares, a fenómenos específicos, sin
una
coherencia y sin una planificación destinada al logro de objetivos globales.
En
este sentido intentaremos revisar cuáles han sido las respuestas
que se han planteado frente a los requerimientos de las víctimas; nos
parece
que
ellas
pueden
ser agrupadas
en
dos grandes tendencias político-
criminales, las cuales describiremos a continuación.
5_1.
Promoción de los intereses
de
las víctimas por medio de
la
reducción
de
las garantías dé! proceso
Una
primera linea de acción político-criminal,
la
cual a nuestro juicio es
la
que ha tenido un mayor desarrollo
en
el último tiempo, es la de concebir
que el interés de las víctimas pasa
por
reducir las garantías básicas de
quienes son inculpados por esos delitos.
Es
así como se concibe a
la
víctima
en
una constante lucha con el autor del delito, y donde
en
la
158
1
I
i medida de
que
este último disponga de menos derechos y menos garantías,
la
víctima se encontrará más fortalecida
en
los suyos61
Orientados
en
esta dirección, se busca establecer mecanismos
para
ase-
gurar
que
las personas detenidas
por
la policía puedan ser sometidas a
proceso rápidamente, sin mayores obstáculos, y, a
la
vez, se busca
dIsmI-
nuir las posibilidades de obtener la libertad provisional durante el proceso.
En
el contexto de nuestro proceso penal,
que
manifiesta graves dificul-
tades
en
la
investigación de los delitos,
la
producción de pruebas y la
posibilidad de alcanzar op0.rrunamente la dictación de los me-
canismos anteriormente senalados imphcan reforzar
la
utihzaclon de
la
prisión preventiva
en
una verdadera pe,;a anticipada.
62
.,
En
términos concretos, esta orientacion se
ha
reflejado en
la
creaCIon
de
las llamadas fiscalías antidelincuencia
en
algunas comunas, las cuales clara-
mente se han planteado con el objetivo de constituir
un
mecanismo de
presión a la justicia .crimen
gara
obtener más
de
procesamiento y
menos libertades provIsIonales. 3 A partlf de esta lillclallva,
en
la
actuahdad
existe
en
tramitación
un
proyecto
de
ley
que
faculta expresamente a los
municipios a
crear
este tipo de instituciones.
También se encuentra presente esta lógica
en
algunas modificaciones
legales recientes, como
por
ejemplo
en
la
19.077 que, se
ha
dicho, disminuyó los requisitos para el sometimiento a proceso sm hacerse
cargo de las dificultades para alcanzar la sentencia.
Esta misma línea de medidas
es
la
que
inspira proyectos
de
ley como
el presentado
por
el senador Otero, el cual establece restricciones impor-
tantes para la obtención de
la
libertad provisional
en
los dehtos de robo
con violencia, entre otros. Además,
en
él se permite ampliar los plazos
de
detención
en
estos mismos delitos hasta
por
15
días. .
Estimamos que esta orientación es absolutamente inconveniente.
En
primer
término, nos parece que estas soluciones
no
se hacen cargo
de
los
verdaderos problemas
que
afectan a
la
víctima dentro del sistema penal.
Es
así como las víctimas
no
obtienen ningún fortalecimiento
de
los dere-
chos antes descritos. Temas como los derechos a
la
dignidad, información,
reparación, defensa y protección no son asumidos por
c;>rrien:e,
la
cual
-a
nuestro juicio- tiende a marginalizar o neutralizar aun mas su
situación dentro del contexto del sistema penal,
en
cuanto refuerza
la
lógica inquisitiva y la preeminencia de los objetivos puramente persecu-
torios.
61
Este
tipo de estrategias o
reformas
son
las
que
BINDER
describe como de ga-
rantías
procesalesn
Ver
BlNDER,
Alberto,
"Estrategias
para
la
r:forma
de
la
JUStiCia enmmal
,.en
justicia
penal
y Estado
de
Derecho,
Editorial
Ad-Hoc, Buenos
Arres,
1993,
pp.
244
a
259,
espeCial-
mente pp.
248
Y
249.
62
Al
respecto, ver
RIEGO,
Cristián,
ob.
cit.,
cita
43.
..
.
6.3
Esto
es
claramente
constatable en
la
fiscalía pionera en
la
materia,
la
de
la
MUniCipalidad
de
Las
Condes.
Esta
ha
establecido algunos
criterios
de eficacia que dicen relación con
la
duración
de
las
detenciones y prisiones preventivas de los inculpados y
la
cantidad
de autos de
obtenidos en
las
causas patrocinadas por ellos, según
ha
sido indicado públicamente en diversos
medios de comunicación
sociaL
159

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