Prólogo a la cuarta edición
| Autor | Enrique Silva Cimma |
| Páginas | 11-15 |
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PRÓLOGO
A LA CUARTA EDICIÓN
El Derecho Administrativo chileno se ha construido a través del silen-
cioso, persistente y dedicado esfuerzo entregado generosamente al país
por la doctrina y jurisprudencia nacionales.
Uno de los mayores logros de este esfuerzo lo alcanzó, sin duda,
la Contraloría General de la República el año 1948, al articular el con-
cepto constitucional de Estatuto Administrativo como una idea supe-
radora de un simple texto positivo o de varios textos aislados sobre
personal público; demostrar que “aunque el legislador no haya deno-
minado Estatuto Administrativo a cada una de las leyes dispersas so-
bre la materia, no por eso dejan de constituir Estatutos u Ordenaciones
Administrativas”, y sostener que Estatuto Administrativo era una “ex-
presión comprensiva de los varios ordenamientos parciales, ya sean ci-
viles o militares, sobre las garantías de estabilidad, ascenso y haberes
pasivos de los servidores del Estado”.
Desde entonces la Contraloría General trabajó sobre esta base ar-
gumental al interior de una Administración del Estado que en su afán
por satisfacer solidariamente las necesidades del pueblo, se había de-
sarrollado de una manera espontánea que aparecería al exterior como
dispersión y desorden, incorporándose a ella, desde su punto de vis-
ta, en un afán por lograr unidad de conceptos, generalidad de aplica-
ción y uniformidad de control en el ámbito estatutario, y creando la
fundada esperanza de poder contar, en algún momento en el país, con
un Estatuto Administrativo único.
No era tarea simple alcanzar una ley estatutaria que reuniera los
caracteres requeridos. Al margen de la amplia perspectiva que reque-
ría su montaje, de la necesaria síntesis que obligaba a realizar una va-
riada y compleja realidad administrativa y del diseño normativo a que
había que someterla, un tan ancho y largo cuerpo de disposiciones
aconsejaba tomar resguardos que cuidaran la coherencia del texto y
velaran por un estilo legislativo consecuente con la redacción de un
importante código administrativo.
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