Temas Públicos - Libros y Revistas
      • Temas Públicos

Editorial:
Fundación Libertad y Desarrollo
Fecha publicación:
2016-09-07
ISBN:
0717-1529

Últimos documentos

  • La necesaria flexibilidad fiscal en época de incertidumbre

    Para este año el Gobierno ya ha comprometido un mayor gasto fiscal por US$ 17.105 millones para financiar distintos programas de apoyo a hogares, trabajadores y empresas. Estos programas se deben ir reevaluando a lo largo de su ejecución de forma tal de adecuarse al ciclo propio de la pandemia. En caso de ser necesario aumentar los recursos destinados a estos programas, aún hay espacio para que ello sea financiado por medio de mayores reasignaciones. La necesidad de mayor gasto fiscal para 2021 debe ser discutida durante la tramitación de la Ley de Presupuestos durante el cuarto trimestre del año, cuando ya se tenga mayor claridad respecto de la profundidad de la crisis económica y de las medidas de reactivación que se requieran adoptar. Adelantar la discusión sólo rigidiza el campo de acción de la autoridad fiscal. Pero todo esfuerzo fiscal será insuficiente si no iniciamos, una vez pasado el peak de contagios, la apertura de la economía sobre la base de estrictos protocolos de la autoridad sanitaria y de la experiencia de países que van más adelante en el desarrollo de la pandemia

  • Proyecto anti colusión y trámite en el congreso: más riesgos que oportunidades

    Nuestro sistema de libre competencia, cuya última modificación legal es del año 2016, ha experimentado un notable perfeccionamiento con el paso de los años. En la actualidad contamos con un sistema robusto, dotado de la institucionalidad y herramientas necesarias que permiten su buen funcionamiento. De ahí que no se advierte con claridad la necesidad de volver a emprender reformas sobre el mismo, menos aún cuando las modificaciones propuestas no parecen ser esenciales para su continuo perfeccionamiento. Adicionalmente, existen propuestas -en el proyecto de ley y otras no contempladas por el Ejecutivo, pero que han surgido en el debate legislativo- que resultan muy discutibles a la luz de la evidencia y que podrían terminar afectando la eficacia de los instrumentos que permiten la detección y sanción de carteles

  • Presupuesto base cero: una buena herramienta, pero con limitaciones

    En un contexto de preocupante estrechez fiscal, el Ministro de Hacienda anunció la utilización del Presupuesto Base Cero Ajustado para la elaboración del presupuesto de 2021, lo cual implica evaluar en torno al 35% de los gastos del Gobierno. El objetivo de esta herramienta es mejorar la calidad del gasto público, aumentando su eficiencia y su focalización hacia las nuevas prioridades más relevantes del país. Esta herramienta ha sido aplicada en otros países con resultados mixtos. Su mera aplicación no asegura el éxito: según la evidencia empírica, se requiere del compromiso de los distintos estamentos tanto al interior del Gobierno como en el Congreso. También es importante implementar otras instancias estructuradas en que se pueda evaluar el 65% restante del gasto

  • El desafío de tener una institucionalidad migratoria para la post pandemia

    Las grandes crisis migratorias han tenido disímiles causas, pero entre ellas siempre se repite la falta de oportunidades y de empleos formales con remuneraciones que permitan cubrir las necesidades básicas. • No tener una institucionalidad migratoria actualizada, moderna y clara, que permita al país enfrentar los nuevos fenómenos de presiones migratorias que se darán tras la crisis sanitaria del Covid-19 y la crisis social asociada, deja a nuestra nación sin las herramientas para enfrentar este desafío. • Las indicaciones aprobadas en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que tienen como fin impedir al Estado la imposición de restricciones o control al ingreso y estadía de los extranjeros en el país, representan un obstáculo en el camino de contar con una regulación moderna que resguarde una migración ordenada y sostenible, perjudicando tanto a nacionales como migrantes, cuestión que debe ser enmendada en los pasos legislativos que restan

  • 18-0 y COVID 19: efectos de una crisis sobre otra en las PYMES

    A las condiciones adversas que deberán enfrentar las empresas durante los próximos meses producto de la pandemia, se suman los efectos generados en los cinco meses previos a raíz del estallido de violencia de octubre pasado. Según la encuesta “Efectos del 18-O y del Covid-19 en las Pymes” realizada por Libertad y Desarrollo a 300 pymes en abril, entre octubre de 2019 y febrero de 2020 un 81% de las empresas encuestadas sufrió una caída en sus ventas, un 34% tuvo dificultades para abastecerse y un 32% problemas para abrir. En efecto, una de cada cinco empresas fue víctima de saqueos. Así, un 17% debió despedir personal, alcanzando incluso al 40% de los empleados. Un 30% de las empresas indica que sus ventas cayeron entre un 25% y un 50% por efecto del estallido de violencia de octubre y los meses siguientes. En cuanto a los efectos por la pandemia del Covid-19, un 55% de las empresas encuestadas creen que, con mayor o menor probabilidad, deberán cerrar sus negocios durante los próximos meses. Un 24% piensa que deberá despedir personal.

  • Ambiciosa ley marco de cambio climático en un contexto de recesión mundial

    Debido a la menor actividad económica por las medidas para enfrentar el Covid-19, se proyecta que las emisiones mundiales de dióxido de carbono tendrán una caída récord de 8% en comparación a 2019, seis veces mayor que lo registrado en 2009 con la crisis financiera. El proyecto de Ley que fija la Ley Marco de Cambio Climático en tramitación en el Congreso, si bien constituye un avance en materia de institucionalidad medioambiental, se debe reevaluar en un contexto post Covid-19. Las metas que ahí se plantean pueden ser innecesariamente ambiciosas en materia de normas y metas de emisión, considerando que Chile sólo aporta alrededor de 0,26% de las emisiones globales, y sus emisiones de CO2 per cápita son cercanas al promedio mundial y muy inferiores al promedio de los países de la OCDE.

  • Derecho de propiedad, un pilar de la libertad amenazado por mociones parlamentarias

    La literatura y la evidencia empírica sugieren que existe una fuerte correlación entre la debida protección de los derechos de propiedad y el desarrollo de las naciones. Los países que protegen de manera robusta los derechos de propiedad muestran mayores niveles de ingreso y desarrollo, es decir, un mayor bienestar de la sociedad. A pesar de la evidencia, hay quienes sostienen que los derechos de propiedad sólo se han erigido para proteger a quienes los detentan y que, en consecuencia, es preciso introducir cambios regulatorios para relativizar su resguardo. En este contexto, la crisis sanitaria por el Covid-19 ha servido de excusa para quienes enarbolan esta línea argumental, y así sostener y fundamentar la presentación de una serie de mociones e indicaciones parlamentarias que vulneran el derecho de dominio y que, de aprobarse, hipotecarían el progreso futuro. Una sociedad libre tiene normas jurídicas sobre la posesión, control y transferencia de propiedad. La medida y grado en que los derechos de propiedad son violados determinan la medida y grado en que los esfuerzos de las personas, para adquirir la propiedad, se reducen y con ello, el bienestar social

  • Cómo nos impacta hoy el costo económico de la violencia

    La violencia iniciada en octubre pasado generó una brusca corrección de las cifras de crecimiento para los siguientes meses, lo que tiene tras de sí miles de actividades que no se pudieron realizar. La valorización de todo ello, en comparación con lo que habríamos tenido sin la violencia, nos implicó una pérdida económica, entre el cuarto trimestre del 2019 y el presente año, cercana a los US$ 9 mil millones. Adicionalmente, hubo ataques sistemáticos contra la infraestructura pública y privada, donde lo más notorio fueron las estaciones del metro incendiadas, así como los locales comerciales saqueados. La Cámara Chilena de la Construcción estimó que dicho daño alcanzó los US$ 5 mil millones aproximadamente. Así, podemos concluir que la violencia iniciada en octubre pasado le costó a Chile cerca de US$ 14 mil millones. Si dicho fenómeno aflora nuevamente una vez que el Covid-19 esté contenido, sería un tercer golpe del cual a Chile le costaría mucho reponerse

  • Ingreso familiar de emergencia en apoyo de trabajadores informales

    El Gobierno presentó un proyecto de ley que crea un Ingreso Familiar de Emergencia dirigido a los hogares pertenecientes al 60% de menores recursos del país, cuyos ingresos provengan íntegra o bien mayoritariamente desde fuentes informales. Si bien al cierre de la edición de este documento el proyecto se discutía en el Congreso -con una férrea oposición de la izquierda a parte de su articulado-, en su versión original éste establece que el monto a entregar dependa del número de integrantes del hogar, de su situación económica y de la existencia o no de otros ingresos provenientes de fuentes formales. Considerando la falta de información oficial respecto a trabajadores informales, la iniciativa presentada por el Gobierno constituye un esfuerzo por actualizar los registros disponibles y así extender el apoyo a quienes lo requieran. De esta forma, se complementan los apoyos ya ofrecidos para los trabajadores en situación de formalidad que se han visto afectados. Esta experiencia da cuenta de los costos de la informalidad laboral, no sólo por la desprotección que significa para los mismos trabajadores, sino porque exige al país tener que generar mecanismos extraordinarios para ir en ayuda de ellos, con las dificultades que eso significa

  • Fondos con garantías del estado: apoyo a las empresas de menor tamaño

    Los fondos con garantías permiten que empresas pequeñas puedan optar a financiamiento a través del mercado de capitales, ya que cuentan con el aval del Estado. En la actualidad, los programas FOGAIN y FOGAPE son los instrumentos más utilizados por pequeñas y medianas empresas del total de fondos con garantías por parte del Estado, permitiendo financiar capital de trabajo, operaciones de leasing, entre otros. La capitalización al FOGAPE por US$ 3.000 millones permitirá potencialmente beneficiar al 99,8% del total de las empresas de nuestro país, lo que representa el 84% del empleo formal. La fijación de una tasa máxima a cobrar sin distinción por tamaño de empresa, podría eventualmente perjudicar a las empresas a las que se busca apoyar

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    La iniciativa legal sobre modernización tributaria busca, entre otros fines, otorgar mayor certeza jurídica de cara a la aplicación de la legislación y normativa tributaria, su interpretación y fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la imposición de eventuales sanciones.&...

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    La iniciativa exclusiva del Presidente de la República en ciertas materias, particularmente en la administración presupuestaria y financiera del Estado, es un tema de relevancia y cuyas primeras expresiones se encuentran en la Carta Fundamental de 1925. Dentro de las razones que la justifican se...