Temas Públicos - Libros y Revistas
      • Temas Públicos

Editorial:
Fundación Libertad y Desarrollo
Fecha publicación:
2016-09-07
ISBN:
0717-1529

Últimos documentos

  • Hidrógeno verde: los desafíos de un proyecto 'en verde

    A nivel mundial, el uso del hidrógeno verde como combustible ha ido acaparando creciente importancia en la lucha contra el cambio climático. Hay estudios que posicionan a nuestro país como un potencial productor con enormes ventajas comparativas en este mercado, capaz de transformarse en uno de los principales productores y exportadores a nivel mundial. En este contexto, el Ministerio de Energía está impulsando una Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde para desarrollar este mercado a gran escala en los próximos años. Sin perjuicio de las enormes ventajas que objetivamente traería a nuestro país el desarrollo de este mercado, también se observan importantes desafíos en distintos elementos del proceso que pueden dificultar, o incluso, anular estas ventajas. Frente a estos desafíos, aun cuando ya no existe plena neutralidad tecnológica frente al uso de fuentes alternativas de energía, dadas las políticas energéticas para mitigar los efectos del cambio climático, lo que sí se ha mantenido en Chile -y conviene mantener- es la neutralidad frente a las diversas fuentes que contribuyen de igual forma a lograr los objetivos buscados, permitiendo que compitan en igualdad de condiciones, respetando sus ventajas comparativas reales de largo plazo y no aquellas generadas por distorsiones de una política pública en particular

  • Medio ambiente y nueva constitución: ejes de la discusión

    El desarrollo sostenible, en tanto habilita y permite garantizar el enfoque antropocéntrico de la protección del medio ambiente, debe ser el eje principal sobre el cual se orienten las disposiciones de la nueva Constitución. Asimismo, estimamos que la discusión en el proceso constituyente debe velar por mantener el equilibrio entre los tres pilares del desarrollo sostenible: protección del medio ambiente, crecimiento económico y desarrollo social, además de consagrar como deber del Estado el resguardo del medio ambiente como principio inspirador y ordenador de todo el ordenamiento jurídico en tanto permite el desarrollo integral de la persona humana. Finalmente, y para lograr que las disposiciones medioambientales no se queden en anhelos y buenas intenciones, es necesario que las normas constitucionales en la materia se redacten en términos amplios que posteriormente permitan a la legislación cumplir su función, mejorar la gestión ambiental y fortalecer nuestra institucionalidad para reconocer el carácter dinámico y evolutivo que caracteriza la materia

  • Análisis de impacto de la gratuidad: ¿mejoró la equidad en el acceso a la educacion superior?

    A diez años del inicio de las movilizaciones estudiantiles que instalaron en el debate público la consigna de la gratuidad en la educación superior y cinco desde su entrada en vigencia, el presente documento examina la evolución del acceso a educación superior de los egresados de 4° medio y evalúa cuál ha sido el impacto de esta política desde el punto de vista de la mejora en equidad. Por un lado, se calcula que el acceso al primer año desde el egreso está en torno al 55% y que el porcentaje de egresados que ingresa al cabo de 3 años a educación superior supera el 80%. No obstante, la estimación presentada indica que los estudiantes prioritarios egresados de enseñanza media científico-humanista no registran un alza estadísticamente significativa en su acceso a educación superior en comparación al resto. Esto significa que, en su primer año, la gratuidad no habría producido mejoras en el acceso inmediato a este nivel educativo de la población más expuesta al beneficio. Estos resultados llaman a reflexionar sobre la conveniencia de seguir extendiendo esta política o buscar alternativas más eficaces para apoyar a los sectores más vulnerables del país

  • La importancia de la propiedad privada y de la libertad para emprender

    El derecho a emprender o a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen y el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, están amparados por la Constitución como derechos fundamentales de las personas. Estos derechos aseguran a todas las personas el control sobre los frutos de su trabajo y esfuerzo y son una manifestación, en un caso, y la posibilitan en otro, de la libertad. En la medida que los países garantizan la libertad para emprender y velan por la libre competencia es posible observar una mayor tasa de creación de nuevas empresas con productos innovadores, lo cual atrae inversiones y genera nuevos empleos con la consiguiente creación de nueva riqueza y bienestar de la población en general. Por su parte, sin propiedad privada no puede haber derechos ni libertad, ni tampoco justicia. Como ejemplo, si no tenemos derechos sobre los frutos de nuestro trabajo o sobre nuestros bienes, no nos esforzaríamos o invertiríamos en ellos, pues estos podrían ser apropiados o explotados por terceros sin que pudiésemos reclamar compensación alguna

  • Una regla fiscal para el futuro

    En 2020 se cumplieron 20 años desde la aplicación de la regla fiscal de balance estructural en Chile. Si bien en los primeros años su implementación ayudó a la consolidación fiscal y permitió ahorrar durante el boom del precio del cobre, a partir de 2008 se acumularon sucesivos déficits efectivos producto de una combinación de factores, generando un rápido incremento de la deuda bruta del Gobierno Central, lo que ha perjudicado la credibilidad de la regla e incidido en dos históricas rebajas en la clasificación de riesgo de nuestra deuda soberana. Las dificultades que han existido para el cumplimiento ex post de las metas en la última década reflejan la necesidad y urgencia de un perfeccionamiento a la actual institucionalidad fiscal de forma tal de resguardar la sostenibilidad de la deuda pública y, por tanto, la credibilidad de dicha regla. En este contexto, el Consejo Fiscal Autónomo elaboró una serie de propuestas que buscan justamente establecer un marco institucional robusto, coherente con las mejores prácticas internacionales y que asegure la solvencia fiscal

  • Rol del estado y de la sociedad civil en la nueva constitución: un debate esencial

    Uno de los puntos que se prevé será objeto de gran debate en la redacción de la nueva Constitución es el rol que se le asignará al Estado y a la sociedad civil. La Constitución pone en el centro del orden constitucional a las personas, reconociendo que éstas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En consecuencia, ampara, entre otras libertades, su libertad para asociarse y reconoce a esas asociaciones, así como su autonomía para alcanzar sus fines propios en conformidad a la Constitución y la ley. El Estado se pone al servicio de la persona y su finalidad es promover el bien común. Este reconocimiento constitucional a la primacía de la persona y sus libertades es fundamental pues define un criterio o límite para la acción interventora del Estado en la sociedad civil, ordenándola según las exigencias del bien común o en función de la incapacidad de las sociedades intermedias para cumplir sus propios fines. Es indispensable avanzar hacia un Estado que sea capaz de prestar los servicios que le competen bajo criterios de calidad, eficiencia y oportunidad, que se acerque a la ciudadanía, eliminando la burocracia y obstáculos innecesarios, llegando con soluciones a tiempo. Para ello el rol de la sociedad civil es fundamental, en tanto ella contribuye en la provisión de bienes públicos

  • ¿Hacia un ingreso básico universal? Antecedentes para la discusión

    La idea de un Ingreso Básico Universal (IBU) ha ido creciendo tanto a nivel mundial, como en Chile. Las características que debe tener un IBU son universalidad, incondicionalidad y la realización de transferencias en dinero. Existen pocas experiencias de IBU en el mundo y muchas de las que se suelen citar no son IBU propiamente tales, lo que impide tomarlas como referencia para proyectar los impactos de implementar este programa como eje central de la política social en Chile. Entre las ventajas de un IBU versus los programas focalizados está su simplicidad y que no desincentiva el empleo y la formalidad, mientras que su elevado costo fiscal y su negativo impacto sobre la reducción de la pobreza y desigualdad aparecen como sus falencias. En el caso de Chile, un esquema de esta naturaleza cubriendo la línea de la pobreza costaría 40 veces lo que hoy se entrega en subsidios por vulnerabilidad. Con todo, variaciones del IBU que parecen más realistas y que preservan algunas de sus cualidades son el Ingreso Mínimo Garantizado y el Impuesto Negativo al Ingreso

  • Crecimiento económico: del abismo a la esperanza

    En 2020, la economía chilena experimentó, al igual que la mayoría de los países del mundo, una contracción del producto estimada en -5,8%. Analizando el PIB por origen, se destaca que el sector minero no se detuvo -a diferencia de lo que sucedió en Perú-, lo que sirvió para amortiguar la caída en el resto de la actividad. A partir de las proyecciones para 2021 es posible observar una expectativa de rápida recuperación de la actividad económica tanto en nuestro país, como en las principales economías del mundo. Lo anterior se explica por el avance en la vacunación, así como por la rápida capacidad de adaptación que han tenido las personas y empresas de seguir operando a pesar de la situación adversa. Pese al aumento en el número de contagios y las cuarentenas en muchas comunas de nuestro país, en el último IPoM el Banco Central mejora su proyección de crecimiento para 2021, desde un rango de +5,5% a +6,5% hasta uno de +6,0% a +7,0%, mientras que el FMI lo estima en +6,2%

  • Retiro de fondos previsionales y del seguro de cesantía: siguen las malas ideas

    Un nuevo retiro de fondos de ahorro previsionales o el retiro de fondos desde el seguro de cesantía, más allá de lo popular de la medida, genera una caída en las pensiones futuras del 29% y deja con menor apoyo a los trabajadores frente a una eventual cesantía. El 27% de los afiliados al sistema de pensiones no cuentan con ahorros para retirar, así como el 19% de los afiliados al seguro de cesantía no mantiene recursos en sus cuentas individuales. La mayoría corresponde a hogares más vulnerables. Por ello el foco de las políticas públicas debe estar puesto en apoyar a los hogares que han perdido sus ingresos durante estos meses, con medidas especialmente orientadas a esos sectores y no con medidas universales que no los benefician

  • Reglamento de la convención constitucional: aportes para la discusión

    Una de las primeras tareas de la Convención Constitucional será dictar su reglamento. La reforma constitucional aprobada en 2019, que habilitó el actual proceso constituyente, establece que la Convención deberá aprobar las normas (de la nueva Constitución) y el reglamento de votación de las mismas por un quorum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. No hay mayor detalle en la Constitución sobre el alcance y contenidos del reglamento. A la fecha, diversos académicos, centros de pensamiento e instituciones, han puesto a disposición resúmenes de experiencias comparadas, lineamientos y propuestas en la materia que vale la pena analizar. Tan importante como los contenidos de la nueva Carta Fundamental, serán las reglas y procedimientos que los convencionales establezcan para realizar el trascendental debate. A mayor abundamiento tan importante como las reglas será la voluntad permanente de adherir a las mismas y a las limitaciones impuestas

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