Temas Públicos - Libros y Revistas
      • Temas Públicos

Editorial:
Fundación Libertad y Desarrollo
Fecha publicación:
2016-09-07
ISBN:
0717-1529

Últimos documentos

  • Reforma de pensiones al alero del retiro del 10%

    Si bien se ha dicho que esta reforma tiene como objetivo apoyar a sectores de la ciudadanía que hoy enfrentan una baja en sus ingresos producto de la pandemia, dado que el retiro es universal para todos los afiliados, pareciera más bien que quienes impulsan esta medida se aprovechan de la difícil situación por la que atraviesa el país para llevar a cabo una reforma al sistema de pensiones, sin una evaluación de sus efectos. De prosperar la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados, un 70% de los afiliados, podrá retirar como máximo $1 millón, mientras que casi un 20% podrá retirar como máximo $ 500.000. Del total de los fondos potencialmente retirados por quienes hoy cotizan en el sistema, un 44% corresponde a personas con salarios superiores a $ 1 millón. Sólo un 26% correspondería a retiros de personas con salarios de hasta $ 500.000. Resulta sorprendente que, habiendo otras formas de apoyar a los hogares frente a esta caída transitoria de ingresos, se recurra a esta fórmula que generará cambios permanentes al sistema de pensiones sin un análisis en profundidad de sus consecuencias

  • Banco central y financiamiento de déficit fiscal: el riesgo de perder todo lo ganado

    Nuestra Constitución ha hecho bien en establecer restricciones a la compra de papeles de Tesorería por parte del Banco Central, restricciones que contienen la natural tendencia del proceso político a privilegiar el corto plazo e ignorar los altos costos de largo plazo que impone la inflación. La modificación de la norma constitucional que prohíbe el financiamiento indirecto al Fisco, tanto para la ejecución rutinaria de la política monetaria como para preservar la estabilidad financiera, levanta importantes riesgos tanto para la autonomía del Banco Central como para la estabilidad macroeconómica, ambos logros que le costó a Chile tanto esfuerzo alcanzar. En caso de aprobación del proyecto de cambio constitucional, es necesario incluir ciertos resguardos en la LOC de forma que, al ejercer esta facultad, se respete el espíritu de la norma constitucional

  • Plan de emergencia por covid-19: ¿de qué manera se apoya a la clase media?

    Dado que los programas de apoyo existentes no dependen de la clasificación socioeconómica de mediano plazo sino de la situación ocupacional y los ingresos de corto plazo, para analizar las alternativas con que cuenta la clase media hay que sobreponer ambas dimensiones. Al hacerlo, encontramos que 64,5% de los hogares de clase media-baja posee contrato de trabajo y/o boleta, por lo que pueden acogerse a los beneficios de protección del empleo. El 35,2% restante depende de ingresos exclusivamente informales por lo que califica para el Ingreso Familiar de Emergencia. Asimismo, un porcentaje mayoritario de la clase media-media puede acceder a los beneficios para ingresos formales (77,2%) y el resto al Ingreso Familiar de Emergencia. En tanto, quienes sí es probable se encuentren más descubiertos es la porción minoritaria de hogares de ingresos medio-altos y altos que se encontraban en informalidad. Así, más que un problema de acceso a los distintos programas es posible que en ocasiones la cobertura de los beneficios según los ingresos previos a la crisis sea insuficiente. Por ello, la propuesta de crédito blando presentada por el Gobierno constituye una buena manera de complementar los beneficios ya existentes y ayudar todavía más a la clase media

  • Radiografía al endeudamiento de los hogares chilenos

    Entre 2010 y 2019 la deuda de hogares como porcentaje del ingreso disponible, subió desde 59,1% a 74,9%, esto es, 15,8 puntos adicionales. Parte significativa de este incremento se explica por créditos hipotecarios. Un hogar destina en promedio el 25% de sus ingresos mensuales al pago de deudas, mayoritariamente al pago de deudas hipotecarias. Ello ha permitido el acceso a la vivienda a un sector amplio de la población. Una deuda acorde a los ingresos permite acceder a bienes durables, sin que ello genere dificultades a la familia. En cambio, el sobreendeudamiento es un problema grave que debe ser enfrentado. La creación de un sistema unificado de deudas personales y el certificado de buen pagador permitiría un mejor funcionamiento del mercado financiero

  • Un posible camino para reabrir la economía chilena

    La pandemia del Covid-19 ha alterado de manera sustancial la actividad económica, así como también el mercado del trabajo, en donde hay una destrucción de casi 1,5 millones de empleos en los últimos 12 meses. El Estado de Nueva York inició su cuarentena el 20 de marzo, y luego de cerca de 3 meses de cierre, está transitando hacia la apertura de la actividad comercial y educacional. Dicha apertura se inició luego de cumplir los requisitos sanitarios y se fue haciendo por fases, de manera tal que cada sector sabía exactamente en qué fase estaba considerado y las exigencias que debía cumplir para abrir el negocio. Chile exhibe datos incipientes de mejoría sanitaria por lo cual es imprescindible definir claramente la hoja de ruta para una reapertura gradual, con los resguardos contenidos en los protocolos del caso, y con ello, comenzar la recuperación del empleo

  • Retiro de fondos de pensiones en tiempo de pandemia: una mala idea

    Diversas iniciativas se han planteado para el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Todas reconocen que se traduciría en una baja de las pensiones futuras y por ello se propone, además, que el Estado deba reintegrar los recursos. Si se retira el 10%, el costo fiscal sería del orden de los US$ 15.000 millones, seis veces más que los recursos que se destinan a los hogares de menores ingresos a través del Programa Ingreso Familiar de Emergencia. El Fondo de Cesantía cuenta actualmente con aproximadamente US$ 14.000 millones. Sus recursos deben usarse para apoyar a los trabajadores que han tenido una caída en sus ingresos, tal como lo establece el acuerdo político firmado por el Gobierno y la mayoría de los partidos de la oposición. Esta semana el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que amplía los beneficios del seguro de cesantía. Este debe ser discutido con celeridad de forma tal elevar los beneficios entregados durante las próximas semanas

  • Elecciones en pandemia: lo que hizo el mundo y el déficit de Chile

    La pandemia del Covid-19 ha generado claros efectos en los procesos electorales del mundo: 2 de cada 3 países o territorios adoptaron como principal estrategia la postergación de sus comicios para garantizar la salud de la población. En aquellos que se mantuvieron, fue mayor el voto con sistemas mixtos (presencial y remoto). Sólo cuatro casos (Israel, Irlanda, Francia y República Dominicana) consideraron solamente un sistema presencial. Tenían un factor común: muy pocos casos confirmados y fallecidos al momento de la elección. La ecuación que se debe alcanzar es que se ejerzan los derechos políticos en armonía con el derecho a la vida y a la integridad de las personas. ¿Qué está haciendo nuestro país? Chile presenta un déficit significativo en esta materia. El tiempo transcurrido desde la modificación constitucional que cambió el plebiscito desde abril a octubre no se ha utilizado para emprender los cambios de fondo que debiéramos implementar

  • Proyectos en educación parvularia: ¿una prioridad?

    En medio de la pandemia, hay dos proyectos de ley sobre educación parvularia que se han seguido discutiendo en el Congreso, pero que pese a tratarse de materias en las que se suponía había consenso a nivel país, han sufrido algunos traspiés en las últimas semanas. El primero es el que crea un sistema de subvenciones para los niveles medios de educación parvularia. Éste constituye un avance importante pues, además de inyectar nuevos recursos, contribuye a ordenar un sistema que no ha operado con la suficiente transparencia. Desde su ingreso al Congreso hace ya más de un año, éste sigue sin siquiera aprobarse en general. Hace unas semanas se puso en tabla para ser votado en la Cámara, lo que finalmente no ocurrió. El segundo es el proyecto que materializa la obligatoriedad del kínder. A pesar de provenir de una reforma constitucional que en su momento concitó el apoyo unánime, ahora son los senadores los que pusieron en duda su aprobación y despacho. Tras varios años en que el debate público se centró exageradamente en la educación superior, es momento de priorizar la educación parvularia. Pero ello no debe quedarse sólo en los discursos, sino que en acciones concretas que incluso se reflejen en el gasto público

  • Extensión del ingreso familiar de emergencia: la necesaria transitoriedad de una medida excepcional

    A fines de la semana pasada, el Gobierno y parte de la oposición llegaron a un acuerdo que, entre otras medidas, comprende una extensión del Ingreso Familiar de Emergencia. Se establece así su ampliación hasta el 80% de los hogares de menor ingreso según el Indicador Socioeconómico de Emergencia, inclusive aquellos en que uno de sus integrantes se haya acogido a los programas de protección del empleo creados en virtud de la pandemia. Se incrementa también el monto del subsidio y se extiende su entrega en el tiempo, pudiendo la autoridad determinar su prolongación hasta el mes de octubre. De esta forma, se calcula que el nuevo subsidio podría llegar a 2.110.674 hogares y tendrá un costo de hasta US$ 2.200 millones. El monto y la cobertura del subsidio, así como el costo que significa para el Fisco, son cifras inéditas, representando hasta 2,3 veces el gasto normal en subsidios por vulnerabilidad que se entregan en un año. Es clave por ello entenderlo como una medida tan necesaria como inédita, que en adelante deberá retirarse y dar paso a las demás iniciativas del acuerdo, en lo relativo a la reactivación de la economía y el empleo

  • Mecanismo de apoyo a los que emiten boletas de honorarios

    La pandemia del Covid-19 ha generado un impacto profundo en el mercado del trabajo, con la destrucción de 680 mil puestos de trabajo en los últimos 12 meses, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Ya está operando con intensidad la Ley de Protección del Empleo y el Ingreso Familiar de Emergencia el que, además, fue objeto de cambios en el Congreso Nacional esta semana según el acuerdo social y económico al que llegó el Ejecutivo y los partidos políticos que concurrieron para enfrentar la crisis. Con ello se beneficia a parte importante de los trabajadores. Sin embargo, aún está pendiente de implementarse la política recientemente despachada por el Congreso Nacional respecto de la situación de aquellos que obtienen sus ingresos a través de la emisión de boletas de honorarios y que, por tanto, no tienen seguro de cesantía. Esta iniciativa legal da respuesta a dicho grupo de trabajadores, ofreciendo ayudas que van en directa relación a las características del beneficiario, concentrando el apoyo en aquellos de menores ingresos, lo cual permite una mayor cobertura al programa

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