Sentencias destacadas - Libros y Revistas
      • Sentencias destacadas

Editorial:
Fundación Libertad y Desarrollo
Fecha publicación:
2018-03-22

Últimos documentos

  • Análisis de la recomendación normativa del tribunal de defensa de la libre competencia sobre servicios asociados a la utilización de tarjetas de crédito y débito de aceptación universal

    En el ejercicio de sus facultades, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia emitió en enero de 2017 una recomendación de modificación normativa en el ámbito de la industria de pago con tarjetas. Dicha propuesta busca promover la competencia especialmente en el ámbito de la adquisición, esto es, la actividad que tiene por objeto incorporar a los comercios a la red de tarjetas para aceptarlas como medios de pago, proporcionándoles los servicios tecnológicos y administrativos requeridos para ello y que hoy día tiene prácticamente como único operador a Transbank S.A. de propiedad del conjunto de los bancos. En el presente artículo el autor realiza un análisis acerca de la eficacia y oportunidad de esta recomendación normativa para abordar la realidad de un mercado dinámico y complejo, sintetiza los principales aspectos que permiten entender esta industria y sus desafíos regulatorios, evalúa la pertinencia de las propuestas específicas formuladas por el Tribunal, para finalmente enunciar algunas consideraciones en torno a bienes jurídicos que junto con la libre competencia deben ser ponderados a la hora de regular la industria de pago con tarjetas. PALABRAS CLAVE: Adquirencia, Banco Central, cadena de pagos, comercio, crédito, débito, emisor, Ministerio de Hacienda, inclusión financiera, libre competencia, marcas, medios de pago, merchant discount, prepago, procesamiento, recomendación normativa, tarifas, tarjetas, Transbank, TDLC.

  • La sentencia sobre el caso de Nabila Rifo: los jueces frente a la opinión pública

    La sentencia de la Corte Suprema sobre el caso de Nabila Rifo acaparó la atención de la prensa y la opinión pública, mayoritariamente por motivos sociales y políticos. No obstante, el Tribunal Supremo se atuvo a un racionamiento puramente jurídico, resolviendo conforme a derecho. Lo anterior conllevó una crítica muy intensa en contra de la Corte Suprema por varios actores sociales y amplios sectores de la opinión pública. Este escenario nos invita a reflexionar sobre cuál es el rol que le cabe a los tribunales de justicia en cuanto poder del Estado. El artículo defiende la concepción tradicional, conforme a la cual los tribunales de justicia se legitiman cuando fallan conforme al texto de la ley, evitando caer en consideraciones de justicia material. Sin embargo, ello no nos debe llevar a ser ingenuos a la hora de analizar las presiones que reciben los jueces por parte de la opinión pública, particularmente en un contexto en que los conflictos sociales se tramitan crecientemente a través de los medios de comunicación y las redes sociales. PALABRAS CLAVE: Femicidio, publicidad de los juicios, derecho penal, dolo directo homicida.

  • Dictámenes de la Contraloría General de la República y acción declarativa de mera certeza (comentario de la sentencia del tribunal constitucional rol Nº 3.283)

    La sentencia del TC Rol Nº 3.283 dirime acertadamente la contienda de competencia promovida por la CGR entre ella y el 29º Juzgado Civil de Santiago, pues, siendo el régimen previsional al que están adscritos los funcionarios de la DGAC una materia sobre las cuales corresponde a ella informar exclusivamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de la LOCCGR, y así lo ha hecho, a través de una serie de dictámenes que conforman su jurisprudencia administrativa sobre el particular, la interposición de una acción declarativa de mera certeza, requiriendo que se declare judicialmente una interpretación de la ley distinta, y que dicho tribunal ha entrado a conocer, no obstante ser improcedente (por cuanto los dictámenes de la CGR sí pueden ser impugnados, pero en forma directa, y no oblicua, y por cuanto la jurisprudencia administrativa que ellos contienen está dotada con una presunción de certeza jurídica, razón por la cual no podría haber incertidumbre jurídica sobre esa materia –supuesto básico de esa acción–) o estar mal planteada (por cuanto se ha requerido una declaración judicial general y abstracta, lo que es del todo ajena a la jurisdicción), hace que aquel, con ese solo hecho, desborde no solo los límites de la señalada acción, sino que incluso los de la jurisdicción, la que de esta forma resulta desnaturalizada y su falso ejercicio adquiere características propias de la potestad dictaminante de la CGR, invadiendo así su esfera competencial –sustituyéndola– y, asimismo, poniendo en entredicho el sistema de interpretación de la ley administrativa, así como sus virtudes, muy especialmente la seguridad jurídica. PALABRAS CLAVE: Contraloría General de la República, CGR, potestad dictaminante, dictámenes, jurisprudencia administrativa, Tribunales de Justicia, acción declarativa de mera certeza, jurisprudencia judicial, contienda de competencia, Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, Caja de Previsión de la Defensa Nacional, CAPREDENA.

  • La irrupción de uber en el mercado del transporte de pasajeros: naturaleza jurídica de su actividad y alternativas de regulación en Chile

    En este trabajo se examinan las sentencias de la Corte de Apelaciones de La Serena y de la Corte Suprema, respectivamente, pronunciadas con motivo de la interposición de un recurso de protección por parte de agrupaciones de taxistas de la Región de Coquimbo contra Uber Chile SpA. Dichas resoluciones fueron dictadas en el contexto de un debate suscitado a nivel mundial respecto de la participación de UBER en el mercado del transporte de pasajeros, dando lugar a la reflexión respecto de diferentes materias, entre las que se cuentan la naturaleza jurídica que cabe atribuir a esta actividad y las alternativas que se plantean para regularla en nuestro país. PALABRAS CLAVE: Uber, transporte de pasajeros, intermediario, plataforma tecnológica.

  • Comentario a sentencias del tribunal constitucional en materia de aguas: la labor de protección de la magistratura frente a la violencia del estado

    Todos los miembros de una sociedad utilizan agua, ya sea directamente para beberla, para apreciarla en la naturaleza, o bien, en forma indirecta a través del consumo de bienes que requieren de ella para su producción. El correcto ejercicio de estas facultades por parte del Estado, redunda necesariamente en un aprovechamiento más o menos cómodo y pacífico de las aguas por parte de quienes lo necesitan. Es en este ámbito se analizan dos sentencias del Excelentísimo Tribunal Constitucional de Chile. La primera pronunciada en el marco del control constitucional de leyes, en virtud de la cual, el Tribunal se pronunció declarando inconstitucionales algunos preceptos del proyecto de ley que dio origen a la Ley 21.064, que reformó el Código de Aguas en materia de fiscalización y sanciones, por vulnerar la igual protección de la Ley en el ejercicio de los derechos fundamentales, el debido proceso y los preceptos constitucionales que entregan atribuciones privativas a los Tribunales de Justicia. Lo anterior, en atención a que el proyecto de ley alteró las reglas existentes en el Código de Aguas para el requerimiento del auxilio de la fuerza pública por parte de la Dirección General de Aguas, estableciendo que esta podía ser solicitada por el organismo estatal directamente a las fuerzas policiales, sin necesidad de contar con una autorización previa de un Tribunal de Justicia; tal como se requería por la normativa, y modificó las reglas bajo las cuales los Tribunales de Justicia podían conocer las causas sobre aplicación de sanciones, dando preponderancia a la información entregada por la Dirección General de Aguas y limitando la acción judicial y la posibilidad de defensa de la parte afectada para aportar antecedentes adicionales a ella, debiendo el juez resolver “con el solo mérito de la resolución administrativa”. La segunda sentencia que analizaremos en este documento fue dictada por el Tribunal en el marco de una solicitud de inaplicabilidad, en virtud de la cual, el Tribunal se pronunció en contra de la aplicación de un tributo, como lo es la patente por no uso de derechos de agua, por la existencia de trámites pendientes ante la propia Dirección General de Aguas, que impedían el aprovechamiento de ellas, lo que a juicio del Tribunal era injusto y atentaba contra el principio de servicialidad del Estado. PALABRAS CLAVE: Derecho de aguas, auxilio de la fuerza pública, aplicación directa de sanciones administrativas, debido proceso, principio servicialidad del Estado.

  • Autonomía de los cuerpos intermedios: ¿objeción institucional o protección constitucional?

    Este trabajo, junto con comentar la gravitante sentencia del TC recaída en el llamado proyecto de ley de interrupción del embarazo en tres causales, somete a un test la argumentación de mayoría del Tribunal Constitucional en cuanto a la objeción de conciencia institucional. Destaca la acertada orientación de esta parte de la decisión, la conecta con los precedentes jurisprudenciales desde 1985 y subraya el espacio dogmático en el que pudo haber profundizado. En todo ello indaga por una teoría más amplia sobre la protección constitucional del ideario lícito de las asociaciones −desvinculada del caso específico del aborto− que mida la potencia constitucional de la autonomía de los cuerpos intermedios como base de la institucionalidad, descubriendo sus proyecciones y límites. PALABRAS CLAVE: Aborto, cuerpos intermedios, autonomía, objeción de conciencia, derecho de asociación, Tribunal Constitucional.

  • Circunstancias moderadoras de la responsabilidad ambiental en la aplicación de multas por la SMA

    El rediseño de nuestra institucionalidad ambiental ocurrido a partir de 2010, implicó la creación del Ministerio del Medio Ambiente; el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante SMA) y más tarde la entrada en vigencia de los tribunales ambientales, en 2012, en virtud de la Ley N° 20.600. La citada ley, surge producto de la necesidad de contar con una jurisdicción especializada para resguardar el debido proceso en el sancionatorio administrativo contenido en la Ley N° 20.417, por parte de la Superintendencia. Transcurridos más de cinco años desde la vigencia de las potestades de la Superintendencia, se ha estimado de interés revisar los criterios del ente fiscalizador al imponer multas, y por supuesto, compararlos con la jurisprudencia de la Corte Suprema. Para ello, el presente trabajo revisa el modo en que la SMA ha venido aplicando las circunstancias moderadoras de la responsabilidad contenidas en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia (en adelante, LOSMA). Entre ellas, la capacidad económica del infractor, la conducta anterior; la intencionalidad; entre otras. PALABRAS CLAVE: Sancionatorio Ambiental, Circunstancias moderadoras de la responsabilidad en el sancionatorio ambiental, conducta anterior del infractor ambiental, intencionalidad en la sanción ambiental, capacidad económica del infractor, beneficio económico del infractor.

  • Sentencia del Tribunal Constitucional 4118-17 de 15 de diciembre de 2017 sobre la ley de presupuestos del sector público para el año 2018 (ley Nº 21.053)

    El Tribunal Constitucional (TC) ha intervenido en diversas oportunidades en materia presupuestaria. El presupuesto 2018 contempla, sin embargo, una situación excepcional. Por primera vez el Congreso envía al Tribunal Constitucional para control preventivo y obligatorio la ley de presupuestos, pues en su contenido se incorporaron materias que serían propias de ley orgánica constitucional. Junto con analizar los planteamientos del legislativo, el TC actúa también de oficio invocando una reserva de constitucionalidad planteada por diputados durante el debate legislativo. Dicha reserva o cuestión de constitucionalidad no fue manifestada por el Congreso en su oficio al TC ni fueron acompañadas actas que dieran cuenta de la discusión. En efecto, fue el propio tribunal quien de oficio incorporó las actas del debate legislativo al expediente y actuó de oficio para evaluar la constitucionalidad de la disposición en debate. De esta forma se suscitaron tres materias para pronunciamiento del tribunal: definición de criterios de remuneración en el traspaso de funcionarios de honorarios a contrata en el Estado; regulación de la rendición de los gastos reservados; y criterios de difusión de los resultados de evaluaciones de logros de aprendizaje escolar. En su sentencia, y para los tres casos, el TC declara la inconstitucionalidad de al menos una parte de las disposiciones contenidas en el proyecto despachado por el Congreso. En las tres materias sentenciadas, la disposición presupuestaria revela un debate de política pública que excede el ámbito presupuestario y sería parte de debates asociados a legislación permanente. Pero de los tres aspectos analizados, el que resulta más interesante es aquel vinculado a las condiciones de remuneración para los funcionarios a honorarios que son traspasadas a suma alzada a contrata durante la vigencia de la ley, pues da cuenta de un debate pendiente y sin resolución sobre cómo debe proyectarse el empleo público hacia el futuro. PALABRAS CLAVE: Ley de Presupuesto, Tribunal Constitucional, Congreso, Economía Política.

  • Comentario a la sentencia de la ilustrísima corte de apelaciones de santiago en la causa Rit: I-343-2017, sobre la competencia de los tribunales laborales en relación a la institucion de los servicios mínimos introducidos por la ley 20.940 (reforma laboral)

    El comentario trata sobre la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (ICAS) Rol: 2347-2017 pronunciada con ocasión del recurso de apelación deducido respecto de la sentencia que acogió la incompetencia absoluta de los juzgados del trabajo para conocer de la resolución que califica los servicios mínimos y los equipos de emergencia. Revisa los argumentos del recurrente, la doctrina y las decisiones contenidas en la resolución. Formula comentarios desde una mirada crítica en la forma de interpretación de las reglas de competencia absoluta y relativa de los tribunales del trabajo. Evalúa posibles efectos de la sentencia del Tribunal de alzada. Se destaca la alta conflictividad en el proceso de negociación colectiva y su impacto en el sistema de relaciones laborales, por la implementación de la nueva ley. PALABRAS CLAVE: Servicios mínimos, equipos de emergencia, reforma laboral, derecho a huelga, principio inexcusabilidad.

  • El caso de los presos y el derecho a voto: el recurso de protección y la igualdad ante la ley

    En el presente trabajo se analizan las sentencias que fallaron los recursos de protección sobre el derecho a voto de los privados de libertad y los diversos criterios que asumió la Corte Suprema. Desde los fallos mencionados se abordan el recurso de protección y la igualdad ante la ley como dos áreas abiertas del derecho que por su especial estructura dejan espacios para que mediante resoluciones judiciales se pueda influir. PALABRAS CLAVE: Corte Suprema, voto, sufragio de los presos, recurso de protección, igualdad ante la ley, políticas públicas, activismo judicial.

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