Sentencias destacadas - Libros y Revistas
      • Sentencias destacadas

Editorial:
Fundación Libertad y Desarrollo
Fecha publicación:
2018-03-22

Últimos documentos

  • Sentencia del Tribunal Constitucional 5540-18, de 18 de diciembre de 2018, sobre el Proyecto de Ley que Moderniza la Legislación Bancaria: modernizar sí, precarizar no

    El autor analiza el voto de mayoría de la sentencia del Tribunal Constitucional (“TC”), que ejerciendo el control preventivo obligatorio sobre el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, que moderniza la legislación bancaria, declaró inconstitucionales cinco preceptos de este. El presente ar tículo se centrará en la consistencia del voto de mayoría, tanto con anteriores fallos del mismo TC, como con una adecuada protección de los derechos de los administrados, frente a la tentación de una acción de la administración supuestamente más moderna, rápida y efi caz, pero poco deferente con el debido proceso y con los derechos de las personas. Se analizará también cómo la reciente experiencia del regulador bancario de la Unión Europea en sonados casos, a juicio del autor da la razón al voto de mayoría. En síntesis, el trabajo pretende demostrar que el fallo en comento permite modernizar la legislación bancaria chilena, pero sin precarizar los derechos de los administrados.

  • Fallo Reforma Educación Superior (2018): potestad del TC para calificar el Carácter Orgánico Constitucional de las Leyes ¿Un poder ilimitado?

    Este trabajo analiza la sentencia del Tribunal Constitucional (“TC”) recaída en el proyecto de ley sobre Educación Superior (rol Nº 4317 de 2018), centrándose en el debate relativo a la potestad del TC para controlar la constitucionalidad de preceptos de la Ley Orgánica Constitucional no consultados por el Congreso Nacional. Examina, también, los argumentos ofrecidos -tanto por el voto de mayoría, como por la disidencia- respecto de la existencia y justifi cación de la potestad de recalifi cación del TC, y el modo en que esta fue ejercida concretamente respecto del ar tículo 63 del proyecto de ley, que prohibía la existencia de controladores con fi nes de lucro.

  • Inhabilidad para contratar con el Estado: comentario de los Fallos del Tribunal Constitucional Rol Nº 3570 y Rol Nº 3702, de 2018

    El comentario analiza las sentencias Rol Nº 3570 y Rol Nº 3702, del año 2018, pronunciadas por el Tribunal Constitucional, relativos a la inhabilidad consagrada en el ar tículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Esta inhabilidad impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. El Tribunal Constitucional, variando su anterior jurisprudencia, ha dado un vuelco declarando inaplicable dicho precepto por constituir un atentando contra el principio de igualdad ante la ley, el principio de servicialidad del Estado y el principio de proporcionalidad.

  • Contralor vs. Subcontralora: un conflicto más allá de lo jurídico

    El siguiente comentario tiene por objeto analizar la sentencia de la Corte Suprema que confi rmó el fallo de la Corte de Apelaciones por el que se acogió el recurso de protección interpuesto en favor de la actual Subcontralora, Dorothy Pérez contra la Resolución Nº 21, de 22 de agosto de 2018, dictada por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, que declaraba vacante el cargo de Subcontralor. Como es sabido, el acto impugnado fue dictado por el Contralor luego que la actual Subcontralora se negara a renunciar a su cargo tras la petición realizada por su superior jerárquico, el día 20 de agosto de 2018. La Corte Suprema sostuvo que la Resolución recurrida es ilegal, en cuanto vulnera el estatuto especial de nombramiento y remoción del Subcontralor dispuesto en el ar tículo 4° inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Contraloría, transgrediendo a su vez la garantía de no discriminación arbitraria resguardada en el ar tículo 19 Nº 2 inciso segundo de la Carta Fundamental.

  • Privacidad, intimidad y expectativas a propósito de grabaciones ocultas

    En estas páginas cuestionamos el razonamiento de la sentencia de la Corte Suprema que admitió como prueba lícita en un litigio por prácticas antisindicales la grabación oculta de una reunión entre un representante del empleador y un grupo de trabajadores. La sentencia considera que, en tal caso, no existía una expectativa de privacidad y que, por lo mismo, la grabación oculta no vulneró garantías constitucionales. Creemos, por el contrario, que la sentencia se equivoca al considerar que solo hay privacidad en ambientes de intimidad, al invocar parcialmente el test Katz de la Corte Suprema de Estados Unidos y al olvidar la relevancia de resguardar la privacidad en ambientes laborales.

  • Análisis de la Sentencia recaída en Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agro Tantehue Ltda. y otros con Dirección del Trabajo (2019) sobre grupos negociadores

    Con fecha 2 de enero de 2019, la Corte Suprema, conociendo de la causa Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agro Tantehue Ltda. y otros con Dirección del Trabajo (2019), rechazó una acción de protección que pretendía declarar la invalidez del dictamen de la Dirección del Trabajo Nº 3.938/33, de 18 de julio de 2018, que reconoció como instrumento colectivo a los acuerdos celebrados entre grupos negociadores y empleadores. En particular, el presente comentario pretende analizar sistemáticamente dicha sentencia detallando las principales consideraciones que tuvo la Corte Suprema para fallar lo señalado. Para lo anterior, se seguirá el siguiente esquema de trabajo: en primer lugar, se realizará una breve introducción sobre el tema a tratar. Luego, se detallará la regulación legal aplicable de los grupos negociadores y organizaciones sindicales. En tercer término, se analizarán los dos dictámenes de la Dirección del Trabajo mediante los cuales se pronunció sobre la validez de los acuerdos suscritos entre grupos negociadores y empleadores. En cuarto lugar, se examinará el fallo de la Corte de Santiago recaído en la acción de protección que fue luego revocado por la Corte Suprema. Luego, en quinto término, se efectuará un análisis de la sentencia recaída en la causa referida. Por último, plantearé el panorama actual y futuro de los grupos negociadores en el ordenamiento jurídico nacional.

  • Corte Suprema y límites al espectro radioeléctrico: una atribución indebida

    El presente comentario efectúa un análisis crítico de la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Corte Suprema que, en una decisión dividida, acogió la reclamación deducida por CONADECUS en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, acogiendo en defi nitiva, la demanda interpuesta en contra de las compañías Claro, Movistar y Entel. (Causa Rol Ingreso Corte Nº 73.923-2016, 25 de junio de 2018). El fallo declara, entre otras cosas, que las demandadas habrían incurrido en una conducta anticompetitiva al adjudicarse bloques en la licitación del concurso público de la banda 700 MHz, sin respetar el límite de 60 MHz que, conforme a la Corte Suprema, se encontraría impuesto como máximo para cada incumbente en el mercado de servicios avanzados de comunicaciones móviles. Así, el fallo ordena a las demandadas desprenderse de la misma cantidad de espectro radioeléctrico que fue adquirida en dicho concurso, quedando a su opción la elección de la banda que será enajenada. La sentencia es preocupante, por cuanto la Corte hace extensivo un límite impuesto en una sentencia dictada con anterioridad en el marco de una consulta específi ca y en base a ello, ordena a las demandadas a desprenderse de espectro que ya adquirieron válidamente en un concurso público. Ello pese a que dicho límite ni siquiera fue incorporado en las bases de la licitación del concurso. Incluso más, la Fiscalía Nacional Económica no formuló reparos a las bases de licitación. En defi nitiva, este trabajo concluye que en el presente caso, la Corte Suprema excedió el ámbito de sus atribuciones, arrogándose facultades regulatorias y desconociendo abiertamente lo establecido por las autoridades técnicas en la materia.

  • Altos de Puyai, ¿Una revolución en el sistema de evaluación de impacto ambiental? (Comentario a Fallos Roles Nº 15.499-2018, Nº 15.500-2018 Y Nº 15.551-2018, de la Corte Suprema)

    El presente trabajo analiza los fallos recaídos en los recursos de protección referidos al proyecto inmobiliario de Altos de Puyai, en que la Corte Suprema acoge dichos recursos y dictamina la necesidad de ingresar una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental. El comentario se enfoca en el principal argumento de la Corte, según el cual la existencia de un riesgo de producir daños al medio ambiente determinaría la obligatoriedad de evaluar el impacto ambiental de un determinado proyecto. En el comentario nos alejamos de esa postura, que desconoce el carácter taxativo del listado contenido en el ar tículo 10 de la Ley Nº 19.300. Asimismo, se analiza la naturaleza de la consulta de pertinencia, que deriva del derecho de petición garantizado en la Constitución, y presenta algunos límites, tanto teóricos como prácticos.

  • Comentario sobre Sentencia que sanciona a la elusión sin aplicar la Norma General Anti Elusión

    El comentario da cuenta de una visión crítica de sus autores sobre la sentencia en cuestión, por cuanto en su opinión, se ha validado una forma de actuar del SII que excede el marco legal aplicable. La actual Norma General Anti Elusión vino a dotar al SII de facultades especiales, precisamente, por no contar con las mismas de manera previa a su dictación. La sentencia en cuestión valida que el SII actúe de una forma que ni siquiera la norma anti elusión antes señalada permite, soslayando el deber de impugnar en la justicia ordinaria un acto en caso de estimarse abuso del derecho, fraude a la ley o simulación.

  • Análisis del Fallo Sernac: el problema de la concentración de potestades públicas

    Este trabajo tiene por objeto analizar la sentencia rol Nº 4012 del Tribunal Constitucional, sobre el control preventivo de constitucionalidad del proyecto de ley de modifi cación de la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. En términos generales, se busca dar cuenta de las principales objeciones de constitucionalidad formuladas al proyecto de ley, de sus fundamentos y de los efectos sistémicos que aquellas pueden generar al interior de la Administración.

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