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Editorial:
Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario y Teoría de la Legislación
Fecha publicación:
2017-12-13
ISBN:
0719-2673

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  • El debate político-ideológico en el Senado chileno: el caso de la Reforma Agraria (1965-1967)
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  • Editorial
  • Para recuperar la confianza en el Parlamento. Tres exigencias de cara a la ciudadanía: probidad, transparencia y lenguaje claro
  • Justiciabilidad de los derechos sociales

    Este artículo intenta enjuiciar la argumentación de Fernando Atria acerca de los derechos sociales, según la cual estos no deben ser institucionalizados como derechos subjetivos que protegen primo et per se un interés particular de sus titulares exigible en concreto judicialmente, sino de acuerdo con instituciones determinadas democráticamente que protegen una dimensión de la ciudadanía caracterizable no tanto por el interés de cada cual cuanto por el interés recíproco y general. Para ello, muestra la unilateralidad de esa argumentación: aunque el legislador y la administración sean los protagonistas del desarrollo de derechos sociales, eso no obsta a que haya buenas razones para que la teoría jurídica y la jurisprudencia -comparadamente y en Chile- los hayan tratado como derechos justiciables, mas según una justiciabilidad limitada, no activista sino basada en el potencial epistémico de la jurisdicción para mejorar dialógica y deliberativamente la política democrática. En Chile, los movimientos estudiantiles y sociales que desde el año 2011 promueven formas de concebir e institucionalizar el derecho a la educación que son distintas de las actualmente existentes han sido tematizados diversamente. Uno de sus teóricos, Fernando Atria, ha alimentado con argumentos la discusión más amplia acerca de los derechos sociales. En su reciente libro, Los derechos sociales y la educación, retoma un artículo suyo de 2004, agregando algunas ideas que entonces no había elaborado. Atria adopta en su propia terminología la tesis de Marshall: las instituciones que se siguen de derechos sociales tienen un régimen (el de “lo público”) que las distingue de los bienes de consumo sometidos a las reglas mercantiles. Es por esto que Atria puede lanzar un desafío al constitucionalismo chileno, particularmente al progresista, que defiende la justiciabilidad de tales derechos: (…) esto es lo que pierden de vista los defensores ‘progresistas’ de los derechos sociales, que creen que pueden dejar todo (en particular el mercado) tal como está y añadirle acciones de protección para evitar los abusos más graves (como las decisiones de establecimientos educacionales que solían expulsar a estudiantes embarazadas). Los derechos sociales son ideas cuyo sentido profundo no está en la teoría normativa, sino en la configuración de instituciones de ciudadanía. Por eso, en lo que resta de este libro estaremos discutiendo sobre instituciones, no sobre teorías. Nuestro tema será no el contenido abstracto de los derechos sociales, sino las formas institucionales que realizan o niegan su dimensión de ciudadanía. Quizás este es el punto adecuado para notar cómo es que, pese a que los juristas que reflexionan sobre los derechos fundamentales han estado hablando y escribiendo intensamente sobre derechos sociales durante las últimas décadas, en la discusión actual sobre el paso de la educación como mercancía a la educación como derecho social ellos no tienen nada que decir. Es decir, precisamente cuando es necesario pensar en instituciones de derechos sociales, la reflexión jurídica sobre derechos sociales se muestra enteramente inútil5. (Atria, 2014: 83-84) Los derechos sociales, en este sentido, serían algo de lo que no debe hablarse con la categoría subjetiva de derechos concreta y particularmente exigibles mediante acciones de protección u otras por el estilo. ¿Qué decir de semejante desafío? Procedamos por pasos contados, exponiendo ante todo el argumento de Atria.

  • El Objeto Único de la Ley de Presupuestos en Chile

    Las leyes de presupuestos, cualquiera sea el país de que se trate, son un tipo de ordenamiento que reviste una importancia fundamental en el manejo de la política económica de un país. Chile no es la excepción a esta regla. Durante el breve plazo para tramitar esta norma al interior del Congreso, se observa un clima de efervescencia, en el cual las negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo van marcando la pauta para el éxito o fracaso de la propuesta del Presidente de la República. El resultado del proceso fija un antecedente importante en las relaciones que se generen durante el año entre estos dos Poderes del Estado. Esta ley tiene ciertas particularidades, que la hacen, desde el punto de vista procesal legislativo, una norma especial. Asimismo, desde la perspectiva de su contenido material, esta normativa también reviste peculiaridades al definir un aspecto tan determinante como es el presupuesto de la nación. Por otra parte, conocida es la práctica legislativa de utilizar normas vinculadas a una materia para regular otras que, por distintos motivos, requieren ser reguladas en determinado momento. De esta práctica no se ha visto exenta la Ley de Presupuestos. Y si bien su utilización genera las dificultades propias de crear normas heterónomas, en el caso de la Ley de Presupuestos estas problemáticas suelen ser aun más evidentes por estar frente a una norma que pareciera tiene un contenido más o menos definido: “el presupuesto”. Por lo anterior, el presente trabajo tiene por objeto analizar las particularidades que se observan en la Ley de Presupuestos en Chile, su concepto y características, su contenido material, la regulación normativa de este, la importancia del objeto único en su caso particular y las consecuencias que reviste la inclusión de normas intrusas en la Ley de Presupuestos para aspectos como la seguridad jurídica. Finalmente, se examinará la jurisprudencia constitucional existente en la materia en Chile y en España; en particular, los pronunciamientos existentes en cuanto al objeto de la Ley de Presupuestos que han marcado hitos jurisprudenciales en la materia en estas dos legislaciones.

  • Estado social, igualdad y derechos
  • Las Organizaciones Comunitarias a 50 años desde su primer reconocimiento legal en el contexto del Plan de Promoción Popular

    Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Valparaíso. Abogado. Diplomado en Derechos Humanos, mención Participación, Ciudadanía y Derechos Humanos, Universidad Alberto Hurtado. Investigador de la Unidad de Historia Política y Legislativa, Departamento de Servicios Legislativos y Documentales, Biblioteca del Congreso Nacional

  • Editorial
  • Reflexiones acerca del unicameralismo y el bicameralismo

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