La afectación de los derechos constitucionales en el proceso penal acusatorio según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú en el período 1997-2009
| Autor | Hesbert Benavente Chorres |
| Cargo | Investigador del Centro de Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México |
| Páginas | 293-358 |
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Estudios Constitucionales, Año 8, Nº 2, 2010, pp. 293 - 358.
ISSN 0718-0195
Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca
“La afectación de los derechos constitucionales en el proceso penal acusatorio según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú en el período 1997-2009”
Hesbert Benavente Chorres
LA AfECTACIóN dE LoS dErECHoS CoNSTITUCIoNALES EN EL ProCESo PENAL ACUSATorIo SEgúN LA jUrISPrUdENCIA dEL TrIBUNAL CoNSTITUCIoNAL dEL PErú EN EL PErÍodo 1997-2009
The limiTaTion of consTiTuTional righTs in The sysTem
adversary. analysis of The jurisprudence of The consTiTuTional
courT of peru in The period 1997-2009
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Investigador del Centro de Ciencias jurídicas, justicia Penal y
Seguridad Pública de la facultad de derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México estudiobenavente@yahoo.com
R esumen : El presente estudio analiza cómo el ejercicio de los derechos constitucionales a la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de las comunicaciones y la libertad personal, en el Perú, puede ser restringido a través de la orden de allanamiento o cateo, la intervención judicial de las comunicaciones y la detención por delito flagrante, respectivamente, y dentro de las reglas del denominado proceso penal acusatorio. En ese sentido, se tomará en cuenta lo establecido tanto en la Constitución como en el Código Procesal Penal del Perú, así como en aquellas sentencias del Tribunal Constitucional peruano que han tratado este tema.
A bstRAct : This study examines the limitation of rights constitutional: inviolability of domicile, the inviolability of communications and personal freedom in Peru, through the search warrant, judicial intervention communications and the arrest respectively, in the system adversary. In this regard, take into account the provisions in both the Constitution and the Penal Procedure Code of Peru, as well as in those Peruvian Constitutional Court rulings that have addressed this issue.
P AlAbRAs c lAve : Derechos constitucionales. Domicilio. Comunicaciones. Libertad personal. Allanamiento. Detención y Tribunal Constitucional del Perú.
K ey woRds : Constitutional rights. Address. Communications. Personal liberty. Search warrant. Arrest and Constitutional Court of Peru.
1doctorando en derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, catedrático universitario en la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de la Amazonia Peruana, investigador del Centro de Ciencias jurídicas, justicia Penal y Seguridad Pública de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Artículo recibido el 7 de junio y aprobado el 22 de septiembre de 2010.
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Estudios Constitucionales, Año 5, Nº 2 2007, pp. 165 - 198
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1. inTroducción
La reforma del proceso penal, esto es, el tránsito de un modelo con orientación a lo inquisitivo a uno de corte acusatorio y adversarial, no solamente conlleva a cambios estructurales, funcionales y normativos en el sistema de justicia penal de una determinada sociedad; sino que implica, además, la generación de conocimiento en torno a los fundamentos, instituciones y dinámica atribuible al citado modelo procesal.
Ahora bien, parte de esta dinámica es la relación derechos constitucionalesproceso penal, donde, en un primer escenario, los derechos constitucionales fungen como un poder jurídico de contención al ius puniendi del Estado, el cual se sirve del proceso penal a fin de aplicar una sanción al responsable de un hecho delictuoso; pero, y como segundo escenario, el mencionado poder jurídico de contención puede verse relajado o debilitado por la manipulación, por parte de los órganos públicos, de los derechos constitucionales, los cuales se convierten en marcos habilitadores –permisivos– del poder punitivo, sin presencia de límites o controles.
Así, el primer escenario mencionado corresponde al denominado Estado constitucional de derecho; en cambio, el segundo caracteriza al llamado Estado de Policía, cuya constante tensión y relación dialéctica incide, entre otros puntos, en el ámbito de lo punitivo (Zaffaroni, 2009, p. 73).
Ante tal marco dialéctico, el objetivo del presente estudio es analizar la afectación de los derechos constitucionales en el proceso penal peruano de corte acusatorio –adoptado a raíz del Código Procesal Penal de 2004–, tomando en cuenta las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional del Perú, a fin de establecer si los mencionados derechos constituyen o no un poder jurídico de contención al poder punitivo estatal.
En esa inteligencia, se debe tener en cuenta que, al no constituir, el Tribunal Constitucional del Perú, en un órgano de jurisdicción ordinaria, y menos aún, de competencia penal, no se va a encontrar decisiones en torno a todas las materias propias del derecho penal; por lo que el lector podrá identificar, en el contenido del presente trabajo, el estudio de determinadas –por no decir algunas– instituciones jurídico-penales que han sido trabajados por el Tribunal Constitucional peruano a raíz de la interposición de una demanda de amparo o de hábeas corpus en la que se comunica la afectación de un derecho constitucional sobre la base de un acto emanado por autoridad en el marco de un proceso punitivo.
Igualmente, la selección de casos también obedece a un criterio de delimitación temporal; esto es, se ha tomado las sentencias del Tribunal Constitucional
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según la jurisprudencia del Tribunal consTiTucional del perú en el período 1997-2009
del Perú emitidas durante el período 1997-2009; ello se debe a que, durante el citado período de tiempo, se han publicitado las decisiones del citado órgano de jurisdicción constitucional, y de esta manera ha posibilitado su identificación y análisis. En ese orden de ideas, el lector podrá identificar, tanto en las notas de pie de página –que se han empleado exclusivamente para la finalidad que a continuación se expondrá– así como en las referencias bibliográficas, toda la información necesaria para la localización y ubicación de las sentencias examinadas en el presente estudio.
frente al escenario antes descrito, se ha seleccionado el estudio de los siguientes derechos constitucionales: (1) el derecho a la inviolabilidad del domicilio (2) el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y (3) el derecho a la libertad personal. Igualmente, para el examen de los mencionados derechos, los vamos a relacionar con las siguientes instituciones propias del proceso penal: (1) el allanamiento (2) la interceptación de las comunicaciones y (3) la detención por flagrancia delictiva, respectivamente.
finalmente, debemos resaltar que hemos recurrido a la doctrina especializada del derecho procesal penal, dado que la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional del Perú en torno a la afectación de determinados derechos constitucionales a raíz de decisiones tomadas en el marco del proceso penal, solamente podrán ser analizadas cuando, a la par del derecho constitucional, también se tome en cuenta el derecho procesal punitivo.
2. el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el allanamienTo
La jerarquía constitucional y el grado de protección que rodean al derecho a la inviolabilidad del domicilio nacen, por un lado, de su carácter de derecho fundamental de toda persona humana y, por otro lado, de la supremacía y fuerza normativa de la Constitución, como documento que declara el reconocimiento del citado derecho.
A continuación, analizaremos ambas dimensiones de justificación del carácter constitucional del derecho a la inviolabilidad del domicilio.
2.1. El carácter fundamental del derecho a la inviolabilidad del domicilio
En principio, el concepto de derechos fundamentales comprende “tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del ordenamiento, y es instrumento necesario para que
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el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica” (Peces-Barba, 1995, p. 37).
Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos fundamentales (comúnmente, en la Norma fundamental de un ordenamiento) es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los propios particulares, también lo es su connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del principio-derecho de dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad y del Estado.2Por su parte, los derechos fundamentales, como objetivo de autonomía moral, y siguiendo a Pérez Luño, sirven para “designar los derechos humanos positivizados a nivel interno, en tanto que la fórmula derechos humanos es la más usual en el plano de las declaraciones y convenciones internacionales” (Pérez, 2003, p. 31).
Por otro lado, y en cuanto al contenido de los derechos fundamentales, Manuel Medina guerrero, señala que: “en cuanto integrantes del contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados y, de otra parte, el contenido esencial, absolutamente intangible para el legislador; y extramuros del contenido...
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