Agenda de orden público: recuperar el estado de derecho - Núm. 1427, Noviembre 2019 - Temas Públicos - Libros y Revistas - VLEX 828553765

Agenda de orden público: recuperar el estado de derecho

LIBERTAD Y DESARROLLO
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
1427 - 1
29 de noviembre de 2019
ISSN 0717-1528
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AGENDA DE ORDEN PÚBLICO:
RECUPERAR EL ESTADO DE DERECHO
Hoy se cumplen seis semanas desde que se inició una ola insurreccional en Chile.
Tras sendos hechos de terrorismo, violencia y vandalismo, el panorama de
destrucción es desolador y lo es en múltiples dimensiones -físicas, calidad de vida,
económicas, incertidumbre, entre otras-. Pese a los esfuerzos que han efectuado el
Gobierno y ciertos políticos para enfrentar esta crisis social, el Estado aún no es
capaz de re establecer el orden público ni el Estado de Derecho, esencial para el
normal desenvolvimiento de los actores en democracia.
Lo cierto es que el Estado de Chile no se encontraba preparado para enfrentar
acontecimientos de esta envergadura. Las razones son variadas y van desde una
total falla, incapacidad e insuficiencia de nuestros sistemas de inteligencia, que no
cuentan con las herramientas y habilidades para haber anticipado los sucesos que
ocurrirían y para enfrentarlos; una falta de capacidad y preparación de nuestras
fuerzas de orden y seguridad -las que además son escasas en número-, hasta un
Pese a los esfuerzos que han efectuado el Gobierno y ciertos políticos para enfrentar la
crisis social en la que se ha visto envuelto el país en las últimas seis semanas, el pilar del
orden público sigue siendo el gran y preocupante talón de Aquiles. Hoy no se visualiza un
compromiso transversal de la clase política al efecto, que respalde al Gobierno en el
restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho.
En este contexto, el Ejecutivo ha impulsado una serie de proyectos de ley que, en su
conjunto, apuntan a robustecer la capacidad del Estado en la materia, a fortalecer la
capacidad preventiva, resguardar la infraestructura crítica, reestructurar y aumentar los
niveles de probidad y cumplimiento de protocolos en la actuación de las fuerzas de orden
y seguridad, y aumentar los elementos disuasivos frente a la comisión de desórdenes
públicos y la severidad de las sanciones.
Frente al desafío de recuperar el orden público y el Estado de Derecho, la comunidad
política debe estar dispuesta no sólo a condenar categóricamente la violencia, sino a
realizar acciones concretas que efectivamente lo demuestren.

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