Cambios a la regulación de la distribución eléctrica: más profundidad en el análisis
LIBERTAD Y DESARROLLO
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
Nº 1401 - 1
31 de mayo de 2019
ISSN 0717-1528
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CAMBIOS A LA REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA: MÁS PROFUNDIDAD EN EL ANÁLISIS
En abril de este año el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ingresó al Congreso
Nacional un proyecto de ley (PDL) que rebaja la rentabilidad regulada de las
empresas de distribución de energía eléctrica y perfecciona el proceso tarifario de
este sector
i
. El objetivo de este PDL es actualizar el marco regulatorio en orden a
reflejar correcta y eficientemente la calidad del servicio requerido en la tarifa
regulada, en el contexto de una regulación que no ha experimentado cambios
relevantes en casi 40 años y de otros sectores regulados que sí han experimentado
procesos de modernización en este mismo sentido, de los cuales se pueden extraer
enseñanzas importantes.
Las materias abordadas en el PDL dicen relación con:
a) la rentabilidad de las empresas concesionarias de distribución eléctrica
b) el procedimiento de tarificación
c) la determinación de las áreas típicas de distribución (ATD)
• El actual PDL, que introduce modificaciones en tres ámbitos de la distribución (rentabilidad
de las empresas, procedimiento tarifario y definición de las áreas típicas) se enfoca
adecuadamente en términos generales.
• Aunque no hay duda de la necesidad de modernización de una legislación que está por
cumplir 40 años y cuyo sector ha experimentado importantes cambios, hay elementos
puntuales que requieren de mayor análisis y discusión a la luz de la información técnica. En
particular, la fijación del 6% de rentabilidad mínim a para el sector podría ser muy baja,
especialmente si se compara con la rentabilidad mínima de 7% recientemente fijada para el
sector transmisión, que es menos riesgoso que la distribución y si se toma en cuenta que hay
empresas que tienen menor rentabilidad que la Empresa Modelo, es decir, menos de 6%.
• La nueva regulación tiene que conjugar el objetivo -aparentemente contradictorio- de
beneficiar al consumidor con el de incentivar a la empresa a realizar las inversiones
necesarias para mejorar la calidad del servicio y persistir en el tiempo.
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