Certeza jurídica: un eje esencial y necesario del proyecto de modernización tributaria
LIBERTAD Y DESARROLLO
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
Nº 1368 - 1
14 de septiembre de 2018
ISSN 0717-1528
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CERTEZA JURÍDICA: UN EJE ESENCIAL Y NECESARIO
DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA
En términos simples, la certeza jurídica podría conceptualizarse como saber a qué
atenerse con respecto a la regulación vigente y a las actuaciones o facultades
interpretativas y fiscalizadoras de las autoridades llamadas a velar por el
cumplimiento de la misma. La incertidumbre jurídica, por el contrario, genera un
estado de indefensión respecto al marco jurídico y a la forma en que éste se aplicará
y fiscalizará. Un ordenamiento jurídico incapaz de brindar certeza termina, a la
postre, impidiendo el desarrollo de diversas actividades por parte de los ciudadanos y
genera una inconveniente y no deseable relación de desconfianza entre la ciudadanía
y el Estado.
La seguridad jurídica se vincula con el principio de legalidad bajo el cual los sistemas
jurídicos han de asentarse sobre la base de leyes y normas claras; susceptibles de ser
conocidas por la ciudadanía; que, por regla general, se aplican a conductas que
ocurren con posterioridad a su entrada en vigencia; estables en el tiempo, y que han
sido dictadas por una autoridad investida de las competencias y facultades
necesarias para hacerlo y de acuerdo a los procedimientos contemplados al efecto.
Así, la certeza jurídica implica que los ciudadanos pueden desenvolverse con pleno
La iniciativa legal sobre modernización tributaria busca, entre o tros fines, otorgar mayor
certeza jurídica de cara a la aplicación de la legislación y normativa tributaria, su
interpretación y fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la
imposición de eventuales sanciones.
Brindar mayor seguridad jurídica a través de normas que generen marcos de acción bien
definidos para los contribuyentes y para la autoridad impositiva, debiera ser un objetivo
transversal, toda vez que la incertidumbre genera trabas para el desarrollo económico y
desconfianzas entre la ciudadanía y el Estado.
Los cambios tendientes a otorgar mayor seguridad jurídica al sistema tributario chileno no
implican debilitar a la autoridad fiscalizadora. Un marco normativo claro, que reduce los
espacios de actuación discrecional por parte de la administración del Estado, con la
consecuente litigiosidad que ello conlleva, fortalece el quehacer del fiscalizador.
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