Desarrollo y gobiernos regionales: una propuesta de financiamiento
LIBERTAD Y DESARROLLO
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
Nº 1376 - 1
9 de noviembre de 2018
ISSN 0717-1528
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DESARROLLO Y GOBIERNOS REGIONALES:
UNA PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO
A partir de la modernización tributaria planteada por el Gobierno ha surgido con
fuerza la idea de incorporar en ella una reforma en m ateria de financiamiento de
los gobiernos regionales en Chile. Ello, ante la inminente elección del
recientemente creado cargo de gobernadores regionales en octubre del año 2020.
Cuando se discutió en el Congreso esta reforma el año 2017, la cual finalmente fue
aprobada en enero de 2018, el gobierno de ese entonces se comprometió a
legislar, además, respecto del financiamiento de este nivel de gobierno regional,
compromiso que finalmente no se tradujo en una propuesta concreta. En ese
entonces, y también ahora, el argumento esgrimido para ello es la necesidad que
los gobiernos regionales cuenten con ingresos autónomos de la autoridad de turno
en el gobierno central y con ello garantizar ya no sólo la independencia política del
gobierno regional respecto del gobierno central -por medio de la elección directa
de sus autoridades- sino que también la necesidad de contar con fuentes de
financiamiento independientes.
Al respecto, la realidad de otros países en la materia muestra que no hay sólo un
camino a seguir. Si bien en promedio entre los países federales o cuasi federales y
los unitarios se observan sólo diferencias menores, entre países en general es
donde se observa la mayor heterogeneidad. En el Cuadro N° 1 se presentan las
A partir de la modernización tributaria planteada por el Gobierno ha surgido con fuerza la idea
de incorporar en ella una reforma en materia de financiamiento de los gobiernos regionales.
Sin embargo, en la situación actual del país, no pareciera recomendable instalar una discusión
respecto de impuestos regionales, no sólo por la baja base tributaria que tiene una parte
importante de las regiones, sino además por el estado actual de la discusión tributaria.
En este contexto, sería más recomendable que un monto similar al 1% de la inversión
realizada en activo fijo por un privado deba ir en beneficio directo a obras de infraestructura
en la región. Con el objeto de no aumentar la carga tributaria, estos recursos deb ieran ser
descontados íntegramente del impuesto a la renta pagado por la empresa al gobierno central.
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