Se dice que hasta el año 2015, la Ley General de Educación permitía que cada establecimiento educacional realizara sus propios procesos de admisión
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asta el año 2015,
la Ley General de
Educación per-
mitía que cada
establecimiento
educacional realizara sus
propios procesos de admisión
de forma descentralizada e in-
dependiente. Sin embargo, el
gobierno de la ex Presidenta
Bachelet -basándose más en
prejuicios y anécdotas pun-
tuales que en evidencia con-
cluyente-, instaló la idea que
los colegios, especialmente
particulares subvencionados,
a través de prácticas como
el copago o los procesos de
admisión, estaban realizando
una “feroz discriminación y
selección” en perjuicio de las
familias más humildes del
país, que estaban siendo se-
gregadas y excluidas de una
educación de calidad. Sobre
la base de ese diagnóstico,
se formuló la
Ley N° 20.845
que, entre
otras cosas,
prohibió la
realización
de procesos
LO CIERTO ES QUE
de admisión en los estable-
cimientos nanciados por
el Estado y, a cambio, los
sustituyó por un sistema cen-
tralizado en el Ministerio de
Educación (MINEDUC), que
comenzó a operar gradual-
mente desde 2016.
H
Los resultados prelimina-
res del nuevo sistema de
admisión escolar muestran
una alta concentración de
preferencias en un número
reducido de establecimientos.
Ello explica que resurja el
debate sobre cómo asignar
de manera más justa los
cupos de los establecimientos
más preferidos, mientras no
aumente la oferta de buena
calidad.
Ante eso, el gobierno pre-
sentó un proyecto de ley
que repone el mérito como
criterio para la admisión en
los liceos de excelencia, así
como otros relativos al
proyecto educativo. En
términos generales, se
mantiene el mecanis-
mo que establece la ley
actual, pero se busca
ajustar los criterios a
partir de los cuales éste
opera para asignar las
preferencias, de manera de
avanzar en mayor justicia.
Además de la discusión en
torno al mérito, la intención
del gobierno de introducir
otros criterios de admisión
relativos al proyecto edu-
cativo constituye una vía
para asegurar que haya
una proporción mínima de
alumnos que lo compartan
y actúen en consecuencia. Si
bien la legislación establece
que quienes sean admitidos
bajo el nuevo sistema deben
suscribir al proyecto edu-
cativo del establecimiento,
no existen mecanismos que
cautelen que ello ocurra y
que aseguren efectivamente
la preservación de la diversi-
dad en la oferta del sistema
escolar.
Asimismo, el introducir estos
criterios es una forma de
reconocer que las preferen-
cias pueden tener distinta
intensidad, aun entre quienes
declaran un establecimiento
como su primera prioridad,
lo que podría reejarse en
actitudes o comportamientos
concretos. Por ejemplo, en el
caso de un colegio religioso,
podría armarse que una
persona que actúa en concor-
dancia a los valores que ésta
promueve, tiene una mayor
intensidad de preferencia
que una que dice profesarla,
pero que no necesariamente
acata sus ritos y principios.
Bajo el sistema de admisión
actual, estas dos postulantes
sí tendrán la misma probabi-
lidad de adjudicarse un cupo,
no obstante, una preferencia se
sustente en un comportamien-
to previo y la otra sea mera-
mente declarativa.
En suma, la propuesta del go-
bierno de anteponer el mérito
y otros criterios propios del
proyecto educativo por sobre
el azar, tienen que ver en gran
medida con cuál es la idea de
justicia que queremos impreg-
nar al sistema de admisión. Asi-
mismo, constituye un reconoci-
miento de que las preferencias
son mucho más complejas de
lo que el sistema de admisión
actual contempla, que pueden
plasmarse a través de una de-
claración a la hora de postular,
y también a través de acciones
concretas, y que los proyectos
educativos diversos requieren
de una comunidad escolar afín
que los impulse.
SE DICE QUE
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COMPROBADO
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