¿Es conveniente la elección directa de Intendentes?
| Autor | Sebastián Soto Velasco - Andrés Sotomayor Morales |
| Cargo | Abogado UC y Máster en Derecho por la Universidad de Columbia, NYC. Actualmente es Director del Área Constitucional de Libertad y Desarrollo y Profesor de Derecho UC. - Abogado UC y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente es abogado de Porzio, Ríos, García y Asociados |
| Páginas | 45-45 |
La Tercera, 18 de enero de 2016.
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31.
¿Es conveniente la
elección
directa de
Intendentes?
En un Estado unitario, especialmente con la distribución
territorial de nuestro país, el Presidente de la República
requiere de una autoridad de su confianza para ejercer
el poder político en la región, de suerte que su elección
directa, sin la venia del Presidente, probablemente generaría
conflictos y dificultades en la gestión del Gobierno. Es por
eso que, en las condiciones actuales, permitir la elección del
Intendente dificultaría aún más la administración regional.
Al respecto, como recuerda Bettina Horst, “hoy estamos
en una situación en la cual podríamos
tener Intendentes electos y mecanismos de
transferencia de recursos desde el gobierno
central a los gobiernos regionales con una
importante cuota de discrecionalidad por
parte de la autoridad central (…). Hoy, con
Intendentes designados ya existe cierta tensión
al respecto, con Intendentes electos ello sólo
puede aumentar. Por otro lado, el destino de los
recursos que son ejecutados por los gobiernos
regionales es en su mayoría el nanciamiento
de proyectos municipales postulados por los
alcaldes. Con Intendentes y alcaldes electos, no
resulta difícil imaginar las tensiones que ello
generaría”43.
Hay una gran nebulosa respecto a lo qué deberán hacer
los Intendentes electos. Nada asegura que efectivamente
tengan más atribuciones que las actuales en materia
de Gobierno regional, es decir, que sean un actor lo
suficientemente relevante como para que siendo electos
sean capaces de cumplir con las expectativas que se tiene
de ellos. El proyecto de ley que se discute en el Congreso
que establece un mecanismo para la transferencia de nuevas
competencias no implica que ello necesariamente vaya a
suceder. Incluso aprobada esa ley todo puede seguir tal
como está hoy. A diferencia de lo que se está discutiendo, lo
que se requiere es una ley que establezca un cronograma
en el tiempo de cuales atribuciones funciones y recursos
se transferirán a los gobiernos regionales, de forma tal que
estos puedan desarrollar las capacidades para asumirlas
responsablemente.
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