Fitzpatrick, Brian T. (2019). The conservative case for class actions. Chicago: the University of Chicago Press. 271 pp.
| Autor | Claudio Fuentes Maureira |
| Cargo | Abogado y Magister en Derecho Penal y Procesal Penal. Universidad Diego Portales. Master of the Science of Law ( J.S.M). Profesor de Derecho Procesal e investigador Universidad Diego Portales |
| Páginas | 365-371 |
Recensiones
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Fitzpatrick, Brian T. (2019). The Conservative Case For Class Actions.
Chicago: The University Of Chicago Press. 271 pp.
Esta ha sido una obra polémica en su país de origen. Como bien es sabido, en
Estados Unidos el régimen de acciones colectivas desde hace muchos años
ha sido objeto de un intenso debate y crítica. En dicho contexto fallos de la
Corte Suprema estadounidense –en su mayoría conservadora– han dado inicio
a su futura muerte, en especial en materia consumo. En este debate quienes
de manera más fuerte han criticado esta herramienta procesal, haciendo un
intenso lobby para su reforma e idealmente su supresión, ha sido la derecha
republicana y el empresariado. Es por ello que el presente libro ha generado
controversia, ya que es un republicano quien ha salido en defensa (moderada,
por cierto) de las acciones colectivas.
La obra de Brian Fitzpatrick puede ser leída desde diversas perspectivas.
Primero, como un ejemplo patente de lo que se ha denominado el adversarial
legalism, es decir, una manifestación de cómo dicho país y su sistema legal se
enfrenta a problemas legales contemporáneos desde perspectivas diversas
al resto de los países occidentales, enfatizando una cultura de la litigación y
adversarialidad1.
Otra perspectiva puede ser la política. De hecho, el presente texto no tiene
como destinatario a cualquier lector, sino que está escrito por un conservador
que, de alguna manera, pretende convencer a gente de su propio sector que lo
correcto no es la supresión de este instrumento y que, de hecho, mantenerlo es
consistente con sus creencias. Al respecto, el autor afirma que la mirada con-
servadora siempre ha creído que quien está en la mejor posición para fiscalizar
el cumplimiento de la ley (dotado de los mayores incentivos, coherente con
una visión de un estado “pequeño” y eficiente fiscalmente hablando) son los
abogados privados, por lo que resulta en particular contradictorio que dicho
sector sea quien aboga con más fuerza por la supresión de este sistema, el
cual, en gran medida, se basa en abogados particulares quienes apuestan por
1 Véase
kagan
(2003).
Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 34, pp. 365-371 [julio 2020]
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