Fondo de infraestructura: una empresa pública de alto riesgo
LIBERTAD Y DESARROLLO
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
Nº 1337 - 2
12 de enero de 2018
ISSN 0717-1528
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA:
UNA EMPRESA PÚBLICA DE ALTO RIESGO
La semana pasada, y luego de más de un año y medio de tramitación, el Congreso
despachó el proyecto de ley que crea el Fondo de Infraestructura. La propuesta,
que inicialmente contó con apoyo transversal -pues fue presentada con el pretexto
de ser un mecanismo para reactivar la economía a través del impulso a obras de
infraestructura- fue objeto de duras críticas durante su último trámite.
A medida que avanzó su discusión legislativa, quedaron de manifiesto una serie de
aprensiones que terminaron por enviar a Comisión Mixta el proyecto en su Tercer
Trámite Constitucional debido a la exposición implícita que enfrentaría el fisco en
tiempos en donde debiese primar la austeridad y por el riesgo que supone la
iniciativa a la regla fiscal. Además, se suman la falta de definición de metodología
para valorar los activos que conformarán el patrimonio inicial (principalmente
peajes futuros); la preocupación de requerir aportes del Estado producto de
endeudamiento; u otros problemas como el fomento de la infraestructura regional
o la restricción de las facultades de control de la Contraloría; entre otros.
Luego de un año y medio de tramitación, fue aprobado el proyecto de ley que crea el Fondo
de Infraestructura, una nueva empresa del Estado que tendría por fin dar impulso a obras de
infraestructura.
La iniciativa autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales de financiamiento e
inversión referidas a proyectos de infraestructura, así como el desarrollo, a través de terceros
no relacionados, de los servicios anexos a los mismos, incluyendo su construcción, ampliación,
reparación, conservación y explotación.
Resulta preocupante que si los controles previstos en la ley llegasen a ser ineficaces, se cree
un mecanismo que vulneraría el buen manejo fiscal, puesto que las decisiones de gasto y
endeudamiento no se trasparentarían en el presupuesto de la nación al quedar circunscrito a
una empresa pública.
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