Fondo de tierras y aguas indígenas: ¿Resuelve realmente el problema? - Núm. 1382, Diciembre 2018 - Temas Públicos - Libros y Revistas - VLEX 752501097

Fondo de tierras y aguas indígenas: ¿Resuelve realmente el problema?

LIBERTAD Y DESARROLLO
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
1382 - 2
21 de diciembre de 2018
ISSN 0717-1528
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FONDO DE TIERRAS Y AGUAS INDÍGENAS:
¿RESUELVE REALMENTE EL PROBLEMA?
El programa de Fondo de Tierras y Aguas Indígenas se creó a partir de la Ley
19.253, mejor conocida como Ley Indígena. Esta ley fue promulgada en el año 1993
durante el gobierno del Presidente Patricio Aylwin como respuesta al conflicto entre
las comunidades indígenas y el Estado, el cual se remonta hacia fines del siglo XIX.
Han pasado 25 años desde que se inició en Chile un proceso de “restitución de
tierras” con los pueblos indígenas, y tras haber acumulado un gasto de casi $ 700
mil millones
i
a través de este fondo, se debe evaluar el impacto que ha tenido.
Cuando se creó el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, a comienzos de los años 90,
se buscó resolver el problema de tierras que existe entre los pueblos indígenas y el
Estado. El propósito fue financiar la adquisición o regulación del dominio de tierras
de reivindicaciones históricas de las comunidades indígenas, o bien, de aquellas
comunidades o familias indígenas cuyas tierras fueran insuficientes o no contaran
con ellas. Asimismo, el fondo permite la adquisición o regularización de derechos de
agua y obras destinadas a obtener dicho recurso y ocuparlo con fines productivos.
El Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, creado en el año 1993, ha sido cuestionado
constantemente por su falta de claridad en conceptos como “restitución de tierras” y “tierras
en conflicto”, lo que ha dado pie a que los potenciales beneficiaros de comunidades indígenas
tengan sobre expectativas sobre la cantidad de tierras que pueden exigir.
A raíz de estas ambigüedades, se ha instalado un discurso de reivindicación de tierras a través
del uso de la violencia en la macrozona de La Araucanía.
A pesar de esto, cada año se asigna mediante la Ley de Presupuestos para el Sector Público,
una gran cantidad de dinero para este fondo, incluso cuando en la última evaluación realizada
en el año 2008 se identifican importantes falencias que, dada la falta de nuevos estudios de
evaluación durante los últimos años, no se sabe si continúan aún y no permiten saber si el
programa cumple con su propósito o no.

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