Incertidumbres en la nueva normativa de descentralización
LIBERTAD Y DESARROLLO
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
Nº 1335 - 2
29 de diciembre de 2017
ISSN 0717-1528
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INCERTIDUMBRES EN LA NUEVA
NORMATIVA DE DESCENTRALIZACIÓN
De acuerdo a nuestra Constitución Política, Chile se declara un Estado unitario, que
sin embargo, admite formas de descentralización y desconcentración en su
administración tanto funcional como territorial. Asimismo, la carta magna mandata
a los órganos del Estado a fortalecer la regionalización del país y el desarrollo de las
distintas unidades territoriales de éste.
Dicha disposición, inserta en las bases de la institucionalidad, no responde la
pregunta más importante en la materia, relativa al cómo. Al respecto, el
constituyente entrega dicha regulación a la ley y es por medio de esta fuente
normativa que se han aprobado en estos últimos días dos leyes de gran relevancia
en la materia y que han generado cierta incertidumbre.
Para realizar cambios en materia de descentralización, el actual gobierno convocó
en abril de 2014 una Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el
Desarrollo Regional, la cual, dentro de sus conclusiones, recomendó dar un salto en
materia de autonomía y representación a las regiones, mediante la elección directa
de los gobernadores regionales (actuales intendentes) y la transferencia de
competencias desde el nivel central a los gobiernos regionales, para lo cual fue
preciso contar con una reforma constitucional y modificaciones legales.
Es así como en enero de 2017, mediante la Ley 20.990i se publicó una reforma
constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno
regional, norma que condicionaba la vigencia de dicha elección a la aprobación de
dos leyes que hoy están terminando su proceso legislativo:
Recientemente fueron despachados del Congreso Nacional dos proyectos de ley en materia
de descentralización: uno referente a la elección popular de gobernadores regionales y otro
relativo a la transferencia de competencias desde el gobierno central.
Esta nueva regulación más que ser un avance en materia de descentralización, genera una
serie de incertidumbres respecto de su efectividad y operatividad. Ello pudiese traducirse en
un mayor nivel de conflictividad entre las regiones y el gobierno central.
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