La infancia vulnerada y el rechazo del informe SENAME II
LIBERTAD Y DESARROLLO
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
Nº 1.313 - 2
28 de julio de 2017
ISSN 0717-1528
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LA INFANCIA VULNERADA Y EL RECHAZO DEL
INFORME SENAME II
Con el rechazo de la Cámara de Diputados del informe de la Comisión SENAME II,
ha vuelto a ser evidente la necesidad de generar un cambio sustancial tanto en los
programas como en el marco normativo que rige al sistema de infancia. Dicho
documento es más que un punto político, profundiza en el diagnóstico y entrega
algunas propuestas de hacia dónde se debiese avanzar en la materia.
Cuando se analizan estas propuestas, se debe tener en cuenta que entre los
programas que atienden a los niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados,
existen los realizados de manera directa por el SENAME (estatal) y aquellos
implementados por organismos colaboradores. Estos últimos corresponden a
instituciones privadas sin fines de lucro que reciben financiamiento del SENAME a
través de la ley de subvenciones 20.032 de 2005. La mayoría de las atenciones son
realizadas por los organismos colaboradores. De hecho, según el anuario
estadístico 2015 del SENAME, en el caso de los niños institucionalizados en el área
de protección, 11.492 NNA van a centros residenciales ejecutados por organismos
colaboradores y solo 2.753 NNA van a Centros de Reparaciones Especializadas de
Administración Directa (CREAD), que tal como lo dice su nombre, son
administrados de manera directa por el SENAME.
El informe de la Comisión SENAME II -recientemente rechazado por la Cámara de
Diputados- profundiza en el diagnóstico y entrega algunas propuestas de hacia dónde se
debiera avanzar en materia de infancia.
Sin duda, reenfocar las políticas públicas bajo una mirada que entregue herramientas
oportunas al núcleo familiar generaría un gran salto en materia de infancia.
En este sentido, reformar el sistem a de subvenciones, exigir una rendición de cuentas
transparente y efectiva a los organismos colaboradores acreditados, más capacitación para
los funcionarios con la debida exigencia de rendición de test psicológicos y de consumo de
drogas y alcohol, y la coordinación real de las diferentes instituciones públicas involucradas
para darle a la infancia una mirada multisectorial, parecieran ser las líneas de acción hacia
donde avanzar.
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