Limitaciones y desafíos de la nueva institucionalidad constitucional de la democracia - Núm. 1-2005, Julio 2005 - Revista de Estudios Constitucionales - Libros y Revistas - VLEX 42733252

Limitaciones y desafíos de la nueva institucionalidad constitucional de la democracia

AutorJulio César Fernández Toro
CargoProfesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela
Páginas297-343
Estudios Constitucionales 297
Valoración de la reforma constitucional de 1994
en su décimo aniversario
RESUMEN
En el presente trabajo el autor desarrolla su visión diacrónica y sincrónica del sistema
institucional y político venezolano a lo largo del siglo XX y un análisis de los cinco años
de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de diciembre
de 1999.
PALABRAS CLAVE
Sistema político. Constitución de 1999. Tipo de gobierno. Presidencialismo.
INTRODUCCIÓN
A cinco años de la aprobación popular de un nuevo orden constitucional en Vene-
zuela, la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional decidió realizar las presentes
Jornadas:
“5 Años de Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
* Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Primer Vicepresidente de la
Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. Secretario general de CLAD. jcfernan@clad.org.ve. Re-
cibido el 2 de mayo de 2005, aprobado el 15 de junio de 2005
LIMITACIONES Y DESAFÍOS DE LA NUEVA
INSTITUCIONALIDAD CONSTITUCIONAL
DE LA DEMOCRACIA
Julio César Fernández Toro *
Limitaciones y desafíos de la nueva institucionalidad
constitucional de la democracia
Julio César Fernández Toro
; páginas 297 a 343
298 Estudios Constitucionales
Julio César Fernández Toro
zuela”
, encuentro que resulta favorable para la reflexión y el intercambio de opiniones
sobre la experiencia desarrollada en este muy corto período de vigencia constitucional.
Es una ocasión que nos permite meditar sobre las limitaciones y desafíos de la nueva
institucionalidad constitucional de la democracia en Venezuela, y sobre todo analizar los
posibles aciertos o errores cometidos en el diseño o en la corta experiencia de implanta-
ción de la nueva Constitución.
Sin embargo, antes de iniciar nuestro trabajo, creemos oportuno realizar algunas
consideraciones para situar nuestras reflexiones, de manera que sea más comprensible
para el lector.
Antes que nada, el Estado como un sistema de toma de decisiones societarias está
conformado por dos niveles de funcionamiento, el
constitucional
en el que se estable-
cen las reglas para que el colectivo tome las decisiones, y el
operacional
en el que el
gobierno (órganos del Poder Público) decide de acuerdo con dichas reglas o medidas
obligatorias para el colectivo (Juan Carlos Rey; 1992:17). Lo que supone que debe estu-
diarse no sólo el diseño constitucional –lo normativo– sino la práctica constitucional de
los actores sociales –lo operativo–. Por ello, un estudio integral del orden constitucional
requiere verificar si las reglas previstas formalmente en la Constitución jurídico-formal
son las que operan en la sociedad (Constitución real), vale decir, si las elites políticas y
sociales respetan las reglas pautadas por la Constitución escrita y si la práctica gobierno-
oposición se rige por ellas, o si por el contrario operan bajo reglas distintas a las de la
Constitución escrita o, simplemente, no se sigue regla alguna de convivencia social. Ello
nos explicaría alguna de las tres posibles circunstancias siguientes:
Si existe una institucionalidad que se ciñe al mandato de la Constitución jurídico
formal y escrita.
Si la institucionalidad ejercida sigue una Constitución real y no escrita.
Si lo que opera es una situación de desinstitucionalización de lo público.
Por supuesto, muchas de las veces encontraremos en la realidad algo de cada una de
las tres situaciones señaladas. Sin duda, cualquiera de ellas puede originarse en:
Disfunciones creadas por el propio diseño de la Constitución jurídico formal.
El comportamiento de los actores políticos y sociales.
En todo caso, la ingeniería constitucional y su funcionamiento real inciden sobre el
mantenimiento y consolidación del sistema político, pudiendo mejorar o deteriorar las
relaciones entre el Estado y la sociedad y, en consecuencia, la legitimación del Estado.
Sin embargo, la Constitución aprobada el 15 de diciembre de 1999 apenas cuenta
con cinco escasos años de edad como para apreciar realmente sus aciertos y desatinos,
de manera que sobre el vigente orden constitucional sólo podremos arriesgarnos a pr o-
nosticar sus posibles desarrollos inmediatos.
Segundo, hemos creído necesario hacer una breve referencia en el primer aparte de
este trabajo sobre la relación entre la variable institucional en el orden constitucional y el
rendimiento político, entendido éste como gobernabilidad democrática y, por lo tanto,
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Limitaciones y desafíos de la nueva institucionalidad
constitucional de la democracia
la vinculación de los diseños constitucionales de la institucionalidad de lo público con
relación a lo que ocurre en el proceso social.
Tercero, la institucionalización (a secas) de la vida pública venezolana bajo la noción
de Estado de derecho es de reciente data, y más cercana aún si nos referimos a una
institucionalización del Estado de derecho orientada bajo principios democráticos mo-
dernos. Como veremos, la democracia venezolana aún convive con valores autoritarios
que se expresan regularmente en la práctica política. La institucionalización democrática
de la vida social venezolana es aún una tarea inconclusa que puede explicar los desen-
cuentros entre los diseños constitucionales de 1999 y la actual práctica política y social.
También creímos necesarias efectuar algunas consideraciones sobre los retos del Es-
tado contemporáneo con relación a los diversos fenómenos presentes y al entorno inter-
nacional que demandan determinadas adecuaciones constitucionales en su diseño y
aplicación.
Debido a estas razones es que el segundo apartado del presente trabajo trata de
establecer dicho marco situacional antes de proceder, en propiedad, al análisis objeto
del presente trabajo.
Por último, efectuaremos en la tercera sección del trabajo una revisión de las nove-
dades incorporadas en la Constitución de 1999. Si bien las reformas e innovaciones que
se aportan son muchas y de variadas naturaleza y materia, sin embargo, en nuestra
opinión, las grandes reformas político institucionales que trazan, a manera de ideas fuer-
za, los ejes fundamentales de la nueva arquitectura constitucional para el Estado y el
sistema político venezolanos, son cuatro, a saber: i) la democratización de lo público;
ii) el nuevo paradigma del ejercicio de gobierno; iii) la redistribución territorial del poder;
y iv) el control social sobre el sistema de justicia. Por razones de espacio y por considerarlo
el eje de mayor impacto sobre el orden social venezolano y, en consecuencia, sobre el
sistema político y la organización y funcionamiento del Estado, nos referiremos especial-
mente al eje que conforma la institucionalización constitucional de la democracia.
I. LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
REQUIERE DE UNA INSTITUCIONALIDAD
CONSTITUCIONAL CONVENIENTE Y EFECTIVA
Al hablar sobre gobernabilidad hay que precisar que debemos r eferirnos a la gober-
nabilidad en democracia, ya que hablar de la ingobernabilidad de las dictaduras como
problema, además de parecer inexistente, no tiene ninguna importancia para nosotros.
El problema que nos convoca, el que nos angustia, es la ingobernabilidad democrática,
la dificultad de gobernar en un deseado ambiente de pluralidad social y de libertades
políticas, orientados por los valores de equidad y justicia. La ingobernabilidad democrá-
tica indica una incapacidad de los gobiernos para dar respuestas oportunas y adecuadas
a las demandas de la población en el contexto actual, debilitándolos, al tiempo que
pone en peligro incluso la viabilidad del Estado Nación (COPRE. 1994). El término go-
bernabilidad se comenzó a utilizar en la región, a mediados de los 80, como el necesario
control político institucional sobre el cambio social para dirigir el proceso transfor mador
preservando y fortaleciendo, a la vez, el régimen democrático.

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