Determinación judicial de la pena, motivación y su control en el Derecho penal de adolescentes chileno
| Autor | Raúl Núñez - Jaime Vera |
| Cargo | Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Valparaíso (Chile) - Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Máster en Derecho Penal por las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra (España) |
| Páginas | 168-208 |
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NÚÑEZ, Raúl y VERA, Jaime, “Determinación judicial de la pena, Motivación y su control en el Derecho penal de adolescentes chileno”. Polít. crim. Vol. 7, Nº 13 (Julio 2012), Art. 5, pp. 168 - 208. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_07/n_13/Vol7N13A5.pdf]
Determinación judicial de la pena, motivación y su control en el Derecho penal de adolescentes chileno [_1]
Raúl Núñez Ojeda [_1][_1]
Jaime Vera Vega [_1][_1][_1]
Resumen
El presente artículo aborda la garantía del deber de motivación de la sentencia en el ámbito de la responsabilidad penal de adolescentes infractores, conforme con el nuevo sistema instaurado por la Ley N° 20.084. En el mismo, se pretende ofrecer una mirada dogmática de las cuestiones relativas a la fundamentación de la sentencia penal condenatoria dictada conforme con las normas previstas en dicha ley, que posibilite superar la tradición jurídica imperante (especialmente la jurisprudencial), en cuanto a que este proceso de individualización de la pena escapa a las limitaciones dogmáticas por tratarse de una cuestión que el propio ordenamiento entrega a la discrecionalidad del sentenciador. Junto con ello, se plantea una formulación de la exégesis del sistema de determinación de la pena de adolescentes, así como de los criterios que lo rigen. Finalmente, se formula, a partir de la regulación del recurso de nulidad, eventuales paliativos a las infracciones de que la sentencia puede adolecer en materia de fundamentación de la pena en el Derecho Penal juvenil.
Palabras clave
Deber de motivación, determinación de la pena, sistema penal adolescentes, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.
Abstract
This article raises the question of the duty to provide justification for judgments in the field of juvenile criminal responsibility according to the new system established by Law Nº
20.084. The article tries to offer a dogmatic point of view regarding the issues related to the justification for convicting judgments passed under the provisions of Law Nº 20.084, in
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[_1]Este trabajo se enmarca dentro del proyecto FONDECYT regular N° 1100901, titulado “El proceso de determinación de la pena: estudio dogmático y crítico”, cuyo investigador principal es el profesor Dr. Guillermo Oliver Calderón, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Valparaíso (Chile); Doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España); Profesor Asociado de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile). Correo electrónico: raul.nunez@ucv.cl
Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Máster en Derecho Penal por las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra (España), Profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad Viña del Mar. Correo electrónico: jaime.vera@uvm.cl
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NÚÑEZ, Raúl y VERA, Jaime, “Determinación judicial de la pena, Motivación y su control en el Derecho penal de adolescentes chileno”.
order to overcome currently existing legal opinion (especially in case law) which sustains that the process of determination of the sentence escapes dogmatic control because it is a subject that purportedly the system entrusts to the court’s discretion. The article also presents an exegesis of the system of determination of the sentence and of the criteria used to govern this system. Finally, based on the regulation of the recourse of nullity, possible measures to mitigate the errors that judgments may contain regarding the determination of the sentence in juvenile law are formulated.
Key words
Duty to provide justification for judgments, determination of the sentence, juvenile justice system, criminal law, criminal procedure law.
1. Introducción.
Un tema de gran sensibilidad para el usuario de la administración de justicia es, precisamente, el grado de control que un sistema procesal reconoce de las resoluciones dictadas por los funcionarios que integran los órganos que ejercen la función de adjudicación en un Estado de Derecho. En otras palabras, para la sociedad en su conjunto resulta importante saber hasta que punto se puede controlar el ámbito de discrecionalidad del órgano que ejerce la jurisdicción al decidir un caso determinado.1Ciertamente, que hablamos de discrecionalidad, ya que en las hipótesis de arbitrariedad no se podría hablar en sentido estricto de decisión jurisdiccional, por ser un acto de puro voluntarismo del sujeto que actúa en nombre del Estado adjudicador.2
Lo antes señalado cobra aun mayor importancia en el campo de la individualización judicial de la pena. En efecto, mientras que hasta no hace mucho tiempo se admitían escasas limitaciones al arbitrio judicial3para la determinación de la pena dentro del marco legal, la dogmática penal ha comenzado a plantear, de una manera cada vez más fuerte, la necesidad de fijar una plataforma teórica fuerte para la decisión en la que se selecciona la sanción punitiva a aplicar. En otras palabras, se presenta como desconcertante, para un observador del sistema penal, la gran preocupación de la ciencia punitiva por construir un sistema dogmático de alta precisión cuando se trata de establecer el si corresponde o no la aplicación de una consecuencia penal, entre otras razones, para evitar el arbitrio judicial,
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1Para una visión de las reformas de los poderes judiciales de la Europa continental e insular confrontar con: BELL, John, Judiciaries within Europe. A Comparative Review, Cambridge: CUP, 2006, especialmente pp. 1 a 43.
2Aquí nos encontramos con los supuestos de responsabilidad del juez. Sobre el tema consultar en español, entre otros: MONTERO AROCA, Juan, Independencia y responsabilidad del juez, Madrid: Civitas, 1990, pp. 182 y ss.; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio, Poder Judicial y responsabilidad. Madrid: La Ley, 1993, pp. 20 y ss.; y, DELGADO DEL RINCÓN, Luis Esteban, Constitución, Poder Judicial y responsabilidad, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2002, pp. 23 y ss.
3Como pone de manifiesto entre nosotros: MEDINA SCHULZ, Gonzalo, “Sobre la determinación de pena y el recurso de nulidad en la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente”, Revista de estudios de la justicia, N° 11 (2009), pp. 226 y ss.
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Polít. crim. Vol. 7, Nº 13 (Julio 2012), Art. 5, pp. 168 - 208. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_07/n_13/Vol7N13A5.pdf]
para luego, en el momento de determinar la calidad y cantidad de la sanción, considerar a ese arbitrio como un valor propio a la naturaleza de la mensuración de la pena.4
Así las cosas, dejar librado al ciudadano que se ha hecho acreedor de una sanción a una resolución que no exige una fundamentación teórica explícita, importa sostener que a partir del momento en que se ha acreditado que la conducta es “punible”, el responsable penal queda sujeto (al menos dentro del marco penal) a la absoluta discrecionalidad de quien ha de decidir sobre su destino (el órgano de adjudicación del Estado).5
En el Derecho Penal de adolescentes la importancia es aún mayor que en el Derecho Penal de adultos. En efecto, mediante la Ley Nº 20.084, Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes (en adelante LRPA), se ha establecido un nuevo régimen jurídico para el tratamiento de infracciones de ley penal por parte de adolescentes, esto es, menores de edad pero mayores de catorce años (art. 3º LRPA). Elemento esencial del nuevo modelo, superador del esquema tutelar vigente en el país hasta la hace algunos años, es la afirmación sin ambages de una genuina responsabilidad penal de los adolescentes infractores. Por otra parte, y como la otra cara de la moneda, se establece un régimen punitivo diferenciado para los adolescentes, tanto en sus aspectos sustantivos como adjetivos, con garantías homologables a las que rigen para los infractores adultos y caracterizados por una relativa benignidad en comparación con el régimen penal general.6
La finalidad de este trabajo es realizar un estudio sobre el sistema de determinación judicial de la sanción aplicable en el marco de la LRPA, prestando especial atención a los criterios que fija el artículo 24 de la LRPA al órgano de adjudicación y el control que sobre aplicación de tales criterios se puede realizar a través del recurso de nulidad. Por cierto, el estudio abordará el problema desde el prisma de la garantía constitucional del deber de motivación de las resoluciones judiciales.
2. La garantía constitucional del deber de motivación de las resoluciones judiciales.
El sistema de garantías establecido por la Constitución Política de la República, como el contenido en los tratados internaciones, suscritos y ratificados por Chile, arman un entramado de garantías procesales que benefician al imputado.7Efectivamente, el Estado como detentador legítimo del “ius puniendi”, debe someter su poder de castigar al cause fijado por la Constitución y las leyes de procedimiento creadas por el Parlamento.8El
Estado en su tripe posición dentro del proceso penal (como Estado adjudicador –a través del juez del Poder Judicial–, como Estado persecutor –por medio del Ministerio Público– y como Estado defensor –a través de la Defensoría Penal Pública–) debe actuar sujeto a una
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4ZIFFER, Patricia, “Consideraciones acerca de problemática de la individualización de la pena”, en: MAIER, Julio (Comp.), Determinación judicial de la pena, Buenos Aires: Editores del Puerto, 1993, pp. 89 y 90.
5ZIFFER, “Consideraciones”, cit. nota nº 4, p. 90.
6HERNÁNDEZ BASUALTO, Héctor, “El nuevo Derecho penal de adolescentes y la necesaria revisión de su...
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