Relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno: nuevas perspectivas doctrinales y jurisprudenciales en el ámbito americano
| Autor | Aníbal Quiroga León |
| Cargo | Profesor Principal de la Facultad de Derecho |
| Páginas | 243-262 |
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Aníbal Quiroga León: Profesor Principal de la Facultad de Derecho y ex Editor General de la Revista Derecho-PUC de la Pontificia Universidad Católica del Perú; ex Vocal Suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima; miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional; investigador becario del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), Roma; y co-Director de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. aquiroga@amauta.rcp.net.pe. Recibido el 28 de abril de 2005, aprobado el 15 de junio de 2005.
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Como consecuencia de lo que la Humanidad pudo constatar al fin de la Segunda Guerra Mundial, el panorama internacional y la política internacional van a sufrir rotundos cambios en la concepción de un claro retorno a una ideología de concepción más humanista de la vida en sociedad y del derecho interno e internacional.
El nacimiento de la Organización de Naciones Unidas en mayo de 1946, la Declaración Universal de los DDHH (de 10 de diciembre de 1948), la fundación del Consejo de Europa en 1949 con la posterior suscripción del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950); la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948 y la Declaración Americana de Derechos del Hombre y del Ciudadano también de 1948, van de la mano a constituir el nacimiento de dos grandes sistemas de vigilancia, control y protección de los Derechos Humanos:
1) El Sistema Europeo de protección de derechos humanos, y
2) El Sistema Interamericano de protección de derechos humanos.
Antes de la Declaración Universal de DDHH, la ONU prácticamente a su nacimiento inició una suerte de catalogación y codificación de los derechos fundamentales, advirtiendo de modo enfático que la relación de derechos fundamentales que encontramos en la Declaración Universal no es taxativa sino meramente enunciativa de estos.
Cabe precisar que con el desarrollo de la sociedad el espectro de definición y defensa de los derechos fundamentales se ha ido ampliando. Si al fin de la Segunda Guerra Mundial tuvimos el origen de una Organización que tuvo por misión cohesionar a los Estados del orbe, y supervisar el cumplimiento de los derechos fundamentales, hoy podemos decir que dicha organización dio como resultado la creación de dos grandes sistemas, que no se limitan a una supervisión del cumplimiento de derechos fundamentales, sino que se han convertido en una jurisdicción supranacional en materia de protección de derechos fundamentales.
Con el devenir del tiempo encontraremos que cada vez más se buscará el perfeccionamiento del sistema universal de protección de Derechos Humanos, que resultará así siempre inacabado, siempre en asignatura pendiente, y siempre dinámicamente progresivo, y ello lo veremos reflejado en los distintos instrumentos e instituciones que desde entonces hasta la fecha se han ido gestando e implementando, en algunos casos con marcado éxito, hasta la reciente creación y funcionamiento del juzgamiento de los crímenes de guerra en Bosnia, hasta la implementación -no sin pocas dificultades- de la Corte Penal Internacional. La universalización y homogeneización de los derechos fundamentales es y será tarea de cada uno de los Estados del orbe, y hacia ello deberán tender las diversas políticas que se adopten. Un Estado que pretenda ir a contramano del desarrollo y protección de los derechos humanos, será un Estado que va a contramarcha de la realidad mundial y deberá por ello asumir no solamente las sanciones jurídicas, morales e imposiciones de los diversos órganos internacionales encargados de velar por la protección de los derechos fundamentales; sino también consecuencias de orden económico: sin respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos ningún Estado podrá obtener ayuda económica.
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El gran maestro Carl Schmitt en su obra Teoría de la Constitución señalaba que tradicionalmente y en sentido estricto, los derechos fundamentales son los derechos del hombre individual libre y que tiene frente a todo Estado, todo ello enmarcado en la doctrina del derecho natural (o ius nature) que suponía la idea de unos derechos del hombre anteriores y superiores al Estado.1 Son aquellos derechos que del hombre individual o aislado; es decir, las libertades individuales, mas no las exigencias sociales.
Sin embargo, anota también el citado autor que también los derechos fundamentales son aquellos derechos del individuo en relación con otros individuos, deben ser considerados como derechos fundamentales,2 debiendo dejar de entenderse los mismos solamente en la figura de exclusiva y excluyente del individuo, quedando fuera de la esfera individual, conteniendo manifestaciones de naturaleza social.
A pesar de ello, el concepto de derechos fundamentales antes anotado se enmarcaba también frente a la figura del individuo ya sea en función a sí mismo o en relación con otros individuos, lo cual al final se enmarcaba en la protección de la denominada autodeterminación individual contra cualquier intervención del Estado, lo cual sirvió de base al liberalismo clásico que repelía la figura estatal en cualquier ámbito de la sociedad.
El marxismo, como doctrina imperante en dicha época, y las constantes exigencias individuales de una mayor participación del Estado en la sociedad, especialmente en el ámbito económico, generaron que del individualismo se pasara a un colectivismo.3 Al parecer ambas doctrinas parecen incompatibles entre sí, pero actualmente viven en completa armonía.
El resultado de ello permitió que las exigencias en materia económica y social se plasmaran en derechos fundamentales de naturaleza social y económica, en donde la figura no se restringe a la exclusiva figura del individuo (ni con relación a otros individuos), sino en relación al Estado, a tal punto que se le pueda exigir el cumplimiento de determinadas prestaciones a su cargo, siendo el obligado a garantizar el pleno cumplimiento de dichos derechos fundamentales.
En este panorama los derechos fundamentales no sólo se circunscriben a aquellos derechos de la libertad, sino también a aquellos derechos sociales que tiene el individuo frente al Estado, que generan una obligación de éste frente aquél. En principio si bien parecían conceptos contrapuestos, como lo ha demostrado la historia, ello ha sido sólo una aparente construcción de un sector doctrinal, que ha sido superada conforme se puede constatar en la revisión de cualquier Constitución del mundo.
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Al parecer dicha dicotomía (derechos individuales-derechos sociales) era suficiente para determinar el alcance del concepto de derechos fundamentales, lo cual fue asumido como "dogma universal" hasta la mitad del siglo XX. Sin embargo, ello no fue así, ya que la realidad traspasa muchas veces el ámbito jurídico, determinando el surgimiento de nuevos problemas, por describirlo de algún modo, que deberán ser asumidos específicamente a efectos de la presente Ponencia, por el derecho constitucional.
En este orden de ideas surgen los llamados "derechos fundamentales de tercera generación", que traspasan la dicotomía antes anotada y que se sustentan no en la clásica autodeterminación individual o en la preconizada prestación social, sino en aquellas relaciones de los individuos (en conjunto) frente al Estado, en donde la titularidad del derecho fundamental no la ejerce un individuo por sí mismo frente y ante el Estado, sino que la titularidad pertenece a un conjunto (determinado o indeterminado) de ellos frente al Estado y frente a otros individuos, siendo el interés de naturaleza colectiva.
La necesidad de tutela de esos intereses pusieron de relieve su configuración política. En consecuencia, la teoría de las libertades públicas forjó una nueva "generación" de derechos de orden fundamental. A los derechos clásicos de primera generación, representados por las tradicionales libertades negativas, propias del Estado liberal, con el correspondiente deber de abstención por parte del Poder Público; a los derechos de segunda generación, de carácter económico-social, compuestos por libertades positivas, con el correlativo deber del Estado a un dar, hacer o prestar; la teoría constitucional agregó aquellos provenientes de una tercera generación de derechos fundamentales, representados por los derechos de solidaridad, resultantes de los referidos intereses sociales. Y, a medida que el derecho constitucional reconoce a esos intereses la naturaleza jurídica de derechos, no se justifica ya la clásica discusión en torno de que esas situaciones de...
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