El derecho constitucional a la presunción de inocencia en Perú y México, así como su relación con los demás derechos constitucionales
| Autor | Hesbert Benavente Chorres |
| Cargo | Maestro en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) estudiobenavente@yahoo.com |
| Páginas | 60-89 |
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El proceso penal se construye sobre la presunción de inocencia del infractor que conlleva una presunción de falsedad de lo denunciado por la víctima, por lo que conviene recordar que el proceso debería ser un diálogo, que intentara integrar las distintas verdades.12
En la actualidad, se aprecia un continuo desarrollo del Derecho constitucional, concretamente en el ámbito de los derechos constitucionales.3Frente a ello, el objetivo del presente estudio es analizar, en concreto, el derecho a la presunción de inocencia y su relación con otros derechos constitucionales como por ejemplo la libertad personal, el honor, la propiedad y a un juicio previo.
Sin embargo, por las características del presente trabajo, de corte comparativo, se analizará, por un lado, el trato que en el Perú se le da al derecho a la presunción de inocencia, debiéndose recordar que el Perú, por mandato del artículo 43º de la Constitución Política peruana de 1993, es un Estado unitario, lo cual implica un solo centro de poder político que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio de la república, mediante sus agentes y autoridades locales, delegadas de ese mismo poder central;4además cuenta con una sola Constitución Política que rige en todo el país y a la cual se hayan sometidas todas las autoridades y habitantes del mismo.
Por otro lado, estudiaremos la experiencia mexicana con relación a la presunción de inocencia, debiéndose recordar que en México, su sistema político-jurídico es el federal,5el cual, y en torno al tema que nos ocupa, exige el estudio tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Page 61 así como aquellas dictadas por las entidades federativas (a excepción del Distrito Federal, la cual no cuenta con una Constitución Política).
Asimismo, este estudio comparativo viene precedido por nuestra toma de postura sobre el concepto y contenido del derecho a la presunción de inocencia, que nos permitirá luego relacionarlo con otros derechos constitucionales. Finalmente, y como excurso del presente trabajo, se realizará una reflexión en torno a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referidas a la materia que nos ocupa.
En sus orígenes, la inocencia se tomó como un estado de pureza absoluta; la lectura fue ideológica: se afirma que las personas al nacer llegan al mundo inocentes, y ese estado pervive en su existencia hasta la muerte. La aplicación en el proceso penal de esta idea se transmite con igual intensidad: sólo la sentencia judicial puede variar el estado de inocencia. Y por eso cuando el juez "absuelve", declara y confirma dicho estado de inocencia;6 mientras que la "condena" es constitutiva, pues a partir de ello nace un estado jurídico nuevo.
Luigi Lucchini señalará que la presunción de inocencia es un "corolario lógico del fin racional asignado al proceso" y la "primera y fundamental garantía que el procesamiento asegura al ciudadano: presunción juris, como suele decirse, esto es, hasta prueba en contrario".7
Ferrajoli determina que la presunción de inocencia expresa a lo menos dos significados garantistas a los cuales se encuentra asociada que son "la regla de tratamiento del imputado, que excluye o restringe al máximo la limitación de la libertad personal" y "la regla del juicio, que impone la carga acusatoria de la prueba hasta la absolución en caso de duda".8
Para Nogueira Alcalá, la presunción de inocencia es así el derecho que tienen todas las personas a que se considere a priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del Page 62 ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho punible determinada por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la afectación de sus derechos fundamentales, además del daño moral que eventualmente se les pueda producir.9
Gozaine indica que el principio de inocencia es un derecho del imputado, pero nunca una franquicia para su exculpación. Esto significa que la producción probatoria y el sistema de apreciación que tengan los jueces integran, en conjunto, el principio de razonabilidad que se espera de toda decisión judicial.10
Al respecto, consideramos a la presunción de inocencia como una garantía individual;11 como un derecho público contenido en la Constitución, a favor de las personas, que exige que sea ante la autoridad que esté (de competencia penal o no) y ante el procedimiento que se le sujete (igualmente, penal o no), no se considere verosímil la atribución de cargos relacionados con la comisión de delitos, salvo decisión contraria emitida por un tribunal competente dentro de la observancia del debido proceso,12 así como, el ser considerados como excepcionales aquellas medidas que restringen la libertad del imputado o sus demás derechos constitucionales. Es un poderoso baluarte de la libertad individual para poner freno a los atropellos a ella y proveer a la necesidad de seguridad jurídica.13
Para el desarrollo del presente estudio se van a comparar los ordenamientos jurídicos mexicano y peruano en torno a: Page 63
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La recepción legislativa del derecho a la presunción de inocencia.
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El tratamiento jurisprudencial del derecho a la presunción de inocencia.
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El derecho a la presunción de inocencia y su relación con otros derechos constitucionales
A continuación, desarrollaremos estos temas.
En lo que respecta a México, el derecho a la presunción de inocencia, a pesar que ha sido mencionado tanto por la jurisprudencia como por la doctrina mexicana, no se encontraba previsto en alguna norma de Derecho penal o de procesal penal, y menos aún a nivel constitucional; solamente estaba señalado en aquellos instrumentos internacionales suscritos por México.
Esta situación conllevó que, en los textos adjetivos tanto a nivel federal como de las entidades federales, se exija al Ministerio Público que, para ejercer la acción penal, haya acreditado "plenamente" la existencia del cuerpo del delito -que vendría ser los elementos del tipo penal-, así como la responsabilidad del imputado o indiciado.14
Y esta acreditación plena tenía como marco la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que en varios de sus articulados establecía la acreditación del cuerpo del delito y la responsabilidad del indiciado -así, por ejemplo, lo establecía el artículo 16º constitucional en torno a los requisitos para que el Juez expida orden de aprehensión-.
Es decir, aun antes del dictado de una sentencia firme, el Ministerio Público y el Juez, realizaban sus actos procesales a sabiendas que el ilícito penal, materia de proceso, ya estaba acreditado, así como la responsabilidad del imputado. En efecto, solamente con la presencia de actos o diligencias de investigación, y por imperio de la ley, ya se prejuzgaba la comisión de un delito y la responsabilidad del indiciado.
Sin embargo, esta situación cambia a raíz de la reforma a la Constitución Federal el 19 de junio del 2008.15 En efecto, se reformó el artículo 20º constitucional, inciso B, fracción I, donde se reemplaza la figura de la libertad provisional bajo caución16por el derecho a la presunción de inocencia.17 Page 64
Ello originó la modificación de todos los artículos de la Constitución Federal que, para la procedencia de una determinada figura procesal, exigían la acreditación plena del cuerpo del delito y la responsabilidad del indiciado.
Asimismo, conlleva la adecuación de los códigos de procedimientos penales tanto federal como de las entidades federativas al nuevo marco constitucional; siendo los primeros en responder a este llamado los códigos de Oaxaca,18Chihuahua19y el recientemente publicado Código de Procedimientos Penales del Estado de México20(promulgada el 9 de febrero del 2009 y que entrará en vigencia, en forma progresiva, el primero de agosto de los corrientes).
Ahora bien, una situación paradójica ocurre en el Derecho constitucional de las entidades federativas mexicanas. En efecto, en el federalismo mexicano, cada uno de Page 65 los Estados, a excepción del Distrito Federal, puede contar, además de la Constitución Federal, de una propia, interna o estatal carta magna; cuyas cláusulas no deben ser incompatibles al texto federal.
Frente a ello, las entidades federativas lo que han optado es por legislar, en sus constituciones, aquellas figuras no contempladas en la federal pero que no se la oponen, así como, desarrollar o dotarle de un mayor contenido a aquellas que si están reguladas en la Constitución Federal.
En ese sentido, en lo que respecta al derecho constitucional a la presunción de inocencia, las...
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