Proyecto de Ley Pro Inversión
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26 Libertad y Desarrollo / lyd.org
CONGRESO
PROYECTO DE LEY
PRO INVERSIÓN
un cuando Chile con-
tinúa posicionándose
como uno de los pri-
meros de la región en
términos de distintos
rankings internacionales relacio-
nados con el desarrollo, hemos
ido alejándonos sostenidamente
de los máximos alcanzados ante-
riormente por nuestra economía.
En particular, esto se observa cla-
ramente con el retroceso de 11
puestos en los últimos 15 años en
el Ranking de Competitividad Glo-
bal del World Economic Forum
(WEF) o en el alejamiento en los
últimos años de la “frontera”, la
cual representa el mejor desem-
peño observado en todas las eco-
nomías de la muestra captado
por el indicador Doing Business
(Banco Mundial). Algunos de es-
tos retrocesos en los rankings se
explican en parte, por la imple-
mentación de medidas internas
erradas y por el avance más ace-
lerado de otros países, producto
de la implementación de políticas
más adecuadas.
En este contexto, el Gobierno
decidió impulsar una Agenda
Pro Inversión, que comprende
una serie de medidas e inicia-
tivas destinadas a revitalizar la
economía chilena y aumentar
el crecimiento del empleo, es-
pecialmente el de calidad. For-
ma parte de dicha Agenda este
proyecto de ley, que introduce
modicaciones a diversos textos
legales, con el objeto de simpli-
Acar procedimientos, eliminar
incertezas jurídicas y mejorar la
información disponible para los
inversionistas mineros.
En concreto, las modicaciones
propuestas buscan disminuir
plazos de tramitación y eliminar
requisitos innecesarios o dupli-
cidad de los mismos, así como
poner a disposición de los inver-
sionistas sistemas digitales para
recibir y tramitar permisos, en-
tre otros. Asimismo, se permite
la externalización de servicios de
revisión, a n de reducir los tiem-
pos de tramitación de los proyec-
tos hasta su puesta en marcha;
se busca evitar las interpretacio-
nes ambiguas y espacios de dis-
crecionalidad infundada; y que
el mercado de la inversión mine-
ra sea más transparente, compe-
titivo y moderno. Sólo para dar
algunos ejemplos de las modi-
caciones introducidas, se refuer-
za al Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental como “ven-
tanilla única”, reduciendo buro-
cracia y plazos de tramitación;
se permite al Servicio Nacional
de Geología y Minería utilizar
como fuente de su catastro de
concesiones mineras, las publica-
ciones del Boletín Ocial de Mi-
nería; se adapta la normativa de
la Ley General de Urbanismo y
Construcciones para contar con
una plataforma digital que per-
mita la tramitación electrónica
de anteproyectos y permisos de
edicación, y hacer públicas las
resoluciones que aprueban los
anteproyectos; se podrán recibir
y tramitar digitalmente también
las presentaciones que reciba
la Dirección General de Aguas
relacionadas con la adquisición
o ejercicio de los derechos de
aprovechamiento de aguas; en-
tre otras modicaciones.
Es un hecho que las trabas regu-
latorias, los procedimientos bu-
rocráticos y la incertidumbre ju-
rídica generan efectos negativos
en la inversión. De este modo, las
modicaciones anunciadas por el
Gobierno que buscan simplicar
procedimientos y reducir plazos
de tramitación de los proyectos
y eliminar la incertidumbre jurí-
dica, son un buen comienzo, sin
perjuicio de otras iniciativas más
sustantivas que entendemos es-
tán siendo consideradas. Se espe-
ra que el presente proyecto sea
sólo el principio de una serie de
iniciativas que vendrán más ade-
lante para impulsar la inversión.
En este contexto, el Gobierno
decidió impulsar una Agenda Pro
Inversión, que comprende una
serie de medidas e iniciativas
destinadas a revitalizar la
economía chilena y aumentar
el crecimiento del empleo,
especialmente el de calidad.
Forma parte de dicha Agenda este
proyecto de ley, que introduce
modificaciones a diversos
textos legales, con el objeto
de simplificar procedimientos,
eliminar incertezas jurídicas y
mejorar la información disponible
para los inversionistas mineros.
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