Reajuste del sector público: irrealistas pretensiones de la mesa negociadora
LIBERTAD Y DESARROLLO
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
Nº 1428 - 1
6 de diciembre de 2019
ISSN 0717-1528
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REAJUSTE DEL SECTOR PÚBLICO: IRREALISTAS
PRETENSIONES DE LA MESA NEGOCIADORA
Como todo fin de año, está en curso la negociación del reajuste de remuneraciones
del sector público (RRSP) entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público (MSP
1
),
liderada en gran medida por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Finalizada la
negociación, haya o no acuerdo entre las partes, el Gobierno envía un proyecto de
ley al Congreso para determinar el reajuste, el cual, una vez aprobado comienza a
regir desde diciembre de ese mismo año hasta noviembre del próximo. En el
contexto de esta mesa, llama la atención que en los últimos 11 años en 5 ocasiones
no se ha llegado a acuerdo en la MSP (2008, 2009, 2010, 2015 y 2016), en 4 los
acuerdos han sido parciales
2
(2011, 2013, 2014 y 2017) y sólo en 2 ocasiones los
acuerdos han sido totales
3
(2012 y 2018).
1
Compuesta por 16 gremios.
2
Acuerdo parcial con los gremios.
3
Acuerdo con la totalidad de los gremios.
• La negociación del reajuste del sector público es un proceso complejo, lo que ha llevado a
tener una baja tasa de acuerdo entre la autoridad fiscal y la Mesa del Sector Público en la
última década. Este año, en un contexto de crisis social y estallido de violencia -que implica
importantes necesidades de recursos públicos para financiar tanto la agenda social como la
de reconstrucción- se le impone una dificultad mayor.
• Esta negociación considera, además del reajuste propiamente tal, un sinnúmero de otros
beneficios para los trabajadores del sector, los cuales en años anteriores han representado
cerca de la mitad del costo fiscal. Hoy lo solicitado por los gremios del sector público implica
un gasto de cerca de US$ 3.500 millones, lo que supera largamente lo s recursos necesarios
para las reformas sociales en discusión, estimados en cerca de US$ 1.100 millones.
• A diferencia de la gran mayoría de los trabajadores del país, los que se desempeñan en el
sector público son los únicos que gozan de inamovilidad y sus trabajos están en gran medida
garantizados. En este escenario, el Estado debe destinar recursos para paliar los efectos
sociales del estallido de violencia que estamos viviendo y no se debe dejar capturar por grupos
de interés que hoy son los únicos que tienen asegurada su fuente de trabajo.
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