Retiro de termoeléctricas a carbón: ¿por qué preferir la gradualidad? - Núm. 1477, Diciembre 2020 - Temas Públicos - Libros y Revistas - VLEX 852995986

Retiro de termoeléctricas a carbón: ¿por qué preferir la gradualidad?

Páginas1-6
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
1477- 2
11 de diciembre de 2020
ISSN 0717-1528
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RETIRO DE TERMOELÉCTRICAS A CARBÓN:
¿POR QUÉ PREFERIR LA GRADUALIDAD?
Actualmente se discute una moción parlamentaria en la Cámara de Diputadosi, que
tiene por objeto acelerar el cierre de las centrales termoeléctricas a carbón,
prohibiendo su funcionamiento total después del 31 de diciembre del año 2025.
Por su parte, el Gobierno ya ha firmado un acuerdo con las principales empresas
involucradasii para retirar todas las centrales a carbón al año 2040, denominado
“Acuerdo de Energía Zero Carbón”, que contempla el retiro de manera gradual y por
etapas conforme el caso particular de cada una de ellas, comenzando por las más
antiguas.
Cabe hacer presente que, a la fecha, este tipo de energía representa un 39% de
nuestra matriz eléctrica, por lo que es evidente que el retiro de este tipo de
centrales debe traer aparejados instrumentos y soluciones de política pública que
permitan mitigar los efectos asociados al mismo y el reemplazo del carbón por
nuevas fuentes generadoras.
Se discute una moción parlamentaria que busca que al 31 de diciembre de 2025 se retiren
todas las centrales termoeléctricas a carbón, sin considerar que se encuentra vigente el
Acuerdo de Energía Zero Carbón y que el carbón produce un 39% de nuestra energía.
El Acuerdo de Energía Zero Carbón, pactado entre el Gobierno y las empresas privadas
involucradas, contempla el retiro gradual de las centrales a carbón hasta el año 2040, lo
que permite ir adaptándose a los cambios y solucionar los efectos negativos que co nlleva
la medida (afectaciones al empleo, aumento de tarifas, cuidado del medio ambiente,
estabilidad en la matriz energética, etc.).
En cambio, el retiro acelerado de estas centrales estresará el sistema eléctrico sin que
además logre cumplir su objetivo medioambiental. Adicionalmente, genera costos e
impactos negativos no previstos en el proyecto de ley que se tramita en el parlamento,
generando además conflictos con nuestro ordenamiento jurídico vigente.

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