La revocatoria de mandato en Cuba: una historia de encuentros y desencuentros - Núm. 2-2, Julio 2016 - Derecho y Crítica Social. Revista Académica Internacional y Multidisciplinaria - Libros y Revistas - VLEX 704521693

La revocatoria de mandato en Cuba: una historia de encuentros y desencuentros

Autor:Raudiel Peña
Páginas:223-259
RESUMEN

Este artículo pretende ofrecer algunas consideraciones teórico-doctrinales, sobre el régimen jurídico de la revocatoria de mandato (en lo adelante la revocatoria o revocación) en Cuba, desde la óptica de los criterios expuestos por la doctrina socialista sobre la democracia. Se dividirá en seis apartados, que estarán dedicados al estudio de los fundamentos filosóficos e históricos de la... (ver resumen completo)

 
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Cítese como: Peña, R. (2017) “La revocatoria de mandato en cuba: una historia de encuentros y desencuentros”, en Derecho y Crítica Social 3(2) 223-259. ISSN 0719-5680. Recibido el 11 de julio de 2016, aprobado para su publicación el 25 de septiembre de 2017. Contacto del autor: rpbarrios88@gmail.com.

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I Introducción. Análisis iusfilosófico, histórico y comparado sobre la revocatoria

Si una institución relacionada con la esfera participativa en la vida pública ha sido centro de amplios debates en la Ciencia Política, la Sociología Política y el Derecho Público, es la revocatoria. Lo anterior ha supuesto el establecimiento de criterios que rechazan su facticidad frente a otros que apoyan su reconocimiento e instrumentación jurídica, como herramienta idónea para la democratización de las sociedades contemporáneas. Estas opiniones encontradas responden, en esencia, a la concepción que se tenga sobre la representación política; la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos; y las expectativas sobre la dinámica del sistema político –a nivel local y/o global–, entre otros aspectos. Además influye, no lo dude nadie, el ideal democrático sobre el cual se vertebra el modelo político.

De cualquier manera, las consideraciones a favor o en contra1de la revocatoria no deben olvidar su armonía con el principio de soberanía popular y con el derecho a la participación. Tampoco su función jurídica de controlar la gestión política del electo y de extinguir la relación representativa, debido a una deficiente defensa de los intereses de los representados. Y es que ante todas las problemáticas asociadas a la representación, se erige la gran incógnita de ¿Cómo controlar a los representantes populares? ¿Cuál es el fundamento para tolerar sus actos, si estos son contrarios a los intereses populares? No parece lógico considerar que las ideas de transparencia y confiabilidad sean suficientes, pues estas solo suponen un requisito previo que nos permite conocer la actuación del representante. Quienes rechazan la revocatoria aducen que contrario a lo que ocurría en la Edad Medieval el mandato actual es general, libre, y no revocable2. Sin embargo, los que piensan así olvidan que

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de esa forma solo se describe el fenómeno representativo actual, y no se explica la esencia del mismo que es ante todo funcional3.

El concepto de representación política de hoy en día no puede ir divorciado de los de responsabilidad y control, por lo que la revocatoria se nos presenta como instrumento idóneo para exigir aquella a los representantes populares, a la par que se les controla en su gestión. Está más cerca de la democracia directa el instituto de la representación revocable; contrapuesto al del representante cuyo vínculo electoral no se establece en base a las reglas del mandato imperativo4. A fin de sostener una verdadera relación representativa no es suficiente la elección popular de los representantes, sino que resulta necesario establecer una conexión intensa y cercana (mandat impératif) mediante la cual estos queden obligados ante sus electores, así como que esta obligación quede garantizada en el plano jurídico5.

Respecto a la existencia o no de un mandato imperativo entre representantes y representados, cabe destacar, de manera muy breve, que un vínculo de tal naturaleza ha sido negado como principio de la representación política. Al respecto se ha aducido que los electos tienen la obligación de velar por los intereses de la comunidad en general, y no orientarse por las aspiraciones particulares de sus electores concretos, como supondría el mandato imperativo. No son delegados de sus electores obligados a hacer lo que estos les imponen. De cualquier forma, esta posición no desecha la efectividad del control como elemento identificador de la representación política, solo que lo sitúan en la realización de elecciones periódicas.6

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Los debates teóricos actuales en torno a la representación política se sustentan, entre otros aspectos interrelacionados, en cómo mejorar la calidad de esta. En ello inciden desde los requisitos legales para el ejercicio del derecho al sufragio activo, hasta los instrumentos de fiscalización y control sobre los representantes, una vez que comienzan a desempeñar sus funciones como tal. Considerando la impronta e imbricación del principio democrático de conjunto con el de soberanía popular, en el constitucionalismo contemporáneo, resulta fundamental que se establezcan reglas del juego que viabilicen la implicación de los representados en las dinámicas en torno al ejercicio del poder, para mitigar el déficit democrático de la representación. Para ello adquieren especial valor los denominados mecanismos de democracia directa, entre los que se encuentran aquellos que permiten terminar el vínculo político- representativo.7

Es oportuno destacar en esta introducción, que en el pensamiento político cubano previo a 1959 puede encontrarse la defensa de la revocatoria como elemento propio de un nuevo concepto sobre la democracia. Un ejemplo clásico en este sentido es la postura de José Martí en lo que respecta a la representación política y la revocación del mandato dentro del Partido Revolucionario Cubano (PRC). El primer elemento a ponderar es el carácter electivo de los dirigentes del partido, así como los procedimientos para ello, todo lo cual es indicativo del original sistema democrático establecido en el PRC y una valiosa fuente para entender la visión martiana sobre cómo debían desarrollarse estos procesos en la futura república. De igual forma, el delegado podía ser revocado o depuesto, y para ello la iniciativa debía partir de los Cuerpos de Consejo, órgano intermedio en la estructura partidista, en cuyo seno se adoptaba la decisión por mayoría, pero resultaba necesaria la unanimidad del conjunto de Cuerpos de Consejo.

Debemos hacer un paréntesis en el sentido de aclarar que aunque para delegar autoridad se exigía respaldo de la base, para deponerla no se consultaba a esta pero sí era necesaria la unanimidad de sus representantes. Esta traba en el no

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ejercicio del mecanismo revocatorio por los afiliados al partido pudiera interpretarse como un retroceso, pero en nuestra opinión es un intento por preservar la integridad del PRC no solo como fuerza política, sino como una organización encaminada a la preparación de la guerra independentista. Por ende, los potenciales recelos e intrigas de algunos no podían suponer la pérdida de jefes valiosos para dicha contienda. En definitiva, se puede afirmar que la participación política, de acuerdo con Martí, no podía limitarse al ejercicio del sufragio, sino que comprendía otros principios, entre ellos, el ejercicio de la revocatoria para dar por terminado el vínculo representativo y fomentar así un marco democrático genuino, legítimo y progresista.8

Por otra parte, en el contexto latinoamericano9la revocatoria ha tenido trascendencia como mecanismo de fiscalización ciudadana. Su racionalidad – necesidad– pasa por cuestiones asociadas a la gestión política de los electos; el desentendimiento de estos con las necesidades y expectativas de los electores; la corrupción político-administrativa; violaciones a los derechos humanos, etcétera. Pudiera añadirse como motivación histórica constantes rupturas del orden constitucional en muchos países de la región durante las décadas del setenta y ochenta del siglo pasado, lo que generó en amplios sectores sociales altos niveles de desconfianza respecto a los sistemas electorales heredados de esos períodos. En este contexto surgió el reclamo popular para contar con instrumentos de control sobre quienes integran las estructuras de poder.

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Concretamente se le ha reconocido en algunos textos constitucionales y leyes de desarrollo, como son los casos de Bolivia, Colombia10, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Además, está desarrollada en Argentina en las constituciones de seis (6) de sus provincias; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como en las cartas o leyes orgánicas de varios municipios11.

De un balance parcial de la regulación de este instituto en la región se deriva que encuentra mayor reconocimiento, regulación procedimental y grado de aplicación a nivel local. Se observa gran diversidad en su ordenación; y sobre su puesta en práctica destaca Perú como el país con mayor uso de la misma12.

II La revocatoria en la doctrina marxista-leninista

Analizar la revocatoria en la doctrina marxista-leninista implica, de manera obligada, comenzar el estudio de sus bases conceptuales en los clásicos del marxismo-leninismo. Esto supone una remisión obligada a los planteamientos originales de Marx y, en especial, Lenin. Este último no solo discurrió respecto a los rasgos y el contenido de la revocatoria en el nuevo estado13, sino que puso en práctica sus ideas luego del triunfo de la Revolución Socialista de Octubre y el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.).

La teorización que sobre que los conceptos de democracia y dictadura del proletariado realizara Marx, y en sentido general toda su obra filosófica,

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servirían de sustento a los planteamientos de Lenin...

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