¿Todos los derechos deben estar en la Constitución?
| Autor | Sebastián Soto Velasco - Andrés Sotomayor Morales |
| Cargo | Abogado UC y Máster en Derecho por la Universidad de Columbia, NYC. Actualmente es Director del Área Constitucional de Libertad y Desarrollo y Profesor de Derecho UC. - Abogado UC y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente es abogado de Porzio, Ríos, García y Asociados |
| Páginas | 48-48 |
Un catálogo de derechos debe ser sobrio y contener un
número acotado de derechos. Un catálogo extenso puede
ser inexigible o generar restricciones innecesarias, además
de coartar el debate político.
El derecho comparado nos muestra diversas fórmulas.
La Constitución venezolana, que consta de 350 artículos,
dedica 129 artículos a la consagración de derechos. La
Constitución de Estados Unidos, por su parte, incorporó
hace más de 200 años una decena de derechos que han
ido evolucionando pero siempre desde una enumeración
muy acotada. No es necesario detenerse en cuál es
el mejor modelo. En Venezuela hoy hay una severa
restricción a diversos derechos a pesar de lo denso de su
Constitución. En Estados Unidos, por su parte, la protección
de los derechos es evidentemente mucho más adecuada.
Chile tiene un catálogo de derechos que se ha ido
configurando desde nuestras primeras constituciones.
Sin embargo, hay una intención creciente de aumentar
el número de derechos consagrados. Así en nuestro
Congreso se pueden encontrar una serie de proyectos de
ley suscritos por parlamentarios de ambas cámaras que
buscan incorporar nuevos derechos al Capítulo III. Por
ejemplo, se han presentado mociones para reconocer,
The Economist. 02.01.2016.
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48
34.
Todos los
derechos
Constitución?
¿Cuál es el riesgo de un
catálogo muy amplio?
deben estar en la
entre otros, el derecho a la vivienda, los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, los derechos de la vejez, el
derecho al agua, el derecho a la protección de los datos
personales, el derecho al acceso a la información pública,
los derechos de los consumidores y el derecho a la
conectividad digital.
¿Qué hacer en estos casos? Para incorporar un derecho
a la Constitución se requiere superar un alto estándar de
convicción. Es decir, se necesitan muy buenos argumentos.
Ello porque todos los derechos tienen, en algún grado, un
aspecto contramayoritario y generan algún efecto en su
relación con otros derechos. El aspecto contramayoritario
viene dado porque, al consagrarse un derecho, se impide
que el debate democrático posterior afecte el núcleo de
aquello que pasa a ser considerado un derecho. En otras
palabras, si entendemos los derechos como “cartas de
triunfo” como los llamaba Ronald Dworkin, incorporar
nuevos derechos a la Constitución implica que, en las
relaciones propias de la vida en sociedad hay otra “carta
de triunfo” que puede ser reclamada y, por lo mismo,
vencer a otras posiciones. Si se llena la “mesa” de “cartas
de triunfo” finalmente todas dejan de serlo pues no logran
vencer posiciones contrarias.
Pero, adicionalmente, la consagración de derechos
también tiene costos. Es evidente que al establecerlos
el Estado debe destinar recursos para satisfacer el
ejercicio de esos derechos sin que exista una evaluación
política sobre la procedencia o no de tal financiamiento
(en desmedro de otras decisiones de financiamiento). La
mejor prueba de ello, es lo que sucede en Brasil. Según
informa la revista Economist, la Constitución Federal de
1988 “incluye tantos derechos sociales, políticos
y económicos como sus redactores pudieron
soñar, algunos de ellos muy especícos”. Y
luego continúa: “desde la aprobación de la
Constitución, los egresos scales casi se han
duplicado al 18% del PIB; el gasto público
total está sobre el 40%. Cerca del 90% del
presupuesto está ‘amarrado’ (…) Para el año
2014, el décit es de cerca de 13,9 MM”47.
Por eso la consagración de nuevos derechos en la
Constitución debe tener en consideración todos estos
elementos para tener un catálogo realista y sobrio.
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