Tribunales ambientales: en la cancha
LIBERTAD Y DESARROLLO
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
Nº 1306- 2
9 de junio de 2017
ISSN 0717-1528
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TRIBUNALES AMBIENTALES: EN LA CANCHA
La institucionalidad ambiental en nuestro país ha experimentado un importante desarrollo
en los últimos años. Es así como en enero de 2010 se publicó la Ley 20.417 que estableció
la creación del Ministerio de Medio Ambiente, con su correspondiente Subsecretaría,
además del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo encargado del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Aún está pendiente la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP), que se encuentra actualmente en primer
trámite en el Senado.
Posteriormente, y como pilar fundamental de esta nueva institucionalidad, en junio de
2012 se publicó la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, la cual establece que
en el período de 12 meses desde la publicación debían entrar en funcionamiento los tres
Tribunales Ambientales creados.
TRIBUNALES AMBIENTALES
Los Tribunales Ambientales son órganos jurisdiccionales especiales, es decir, son
tribunales que a diferencia de los ordinarios, tienen por objeto impartir justicia en aquellas
materias específicas que la ley le ha encomendado, en atención a la naturaleza del
conflicto o de la calidad de las personas que intervienen. En este caso, los Tribunales
Ambientales, según lo establece el artículo 1° de la Ley 20.600, deben resolver las
controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que
la ley somete a su conocimiento.
La dictación de la Ley 20.600 fue un gran avance para la institucionalidad ambiental en la
búsqueda de alcanzar un adecuado equilibrio entre la protección del medio ambiente con
la certeza y adecuada regulación para proyectos de inversión.
Sin embargo, existen factores que afectan el adecuado funcionamiento de la
institucionalidad, destacando las demoras en la instalación del Tribunal de Antofagasta y el
retraso en los nombramientos por parte del Ejecutivo.
Especial preocupación genera el cambio jurisprudencial que ha permitido que nuevamente
por vía de recursos de protección se pueda intervenir en los procedimientos de evaluación
ambiental en materias ajenas a las propias del recurso de protección.
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