Villegas, Myrna. 'Tratamiento jurisprudencial del terrorismo en Chile (1984-2916) / Jurisprudencial treatment of terrorism in Chile (1984-2916) - Núm. 25, Julio 2018 - Política Criminal - Libros y Revistas - VLEX 741607717

Villegas, Myrna. 'Tratamiento jurisprudencial del terrorismo en Chile (1984-2916) / Jurisprudencial treatment of terrorism in Chile (1984-2916)

Autor:Myrna Villegas Díaz
Cargo:Doctora en derecho y postgraduada en criminología. Universidad de Salamanca. España. Investigadora Centro de Derechos Humanos Universidad de Chile
Páginas:501-547
RESUMEN

Los tribunales han encontrado dificultades para aplicar los tipos penales de terrorismo, lo que se refleja en el escaso número de condenas y el alto porcentaje de sentencias absolutorias, especialmente tras la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Los jueces han debido apoyarse en doctrina nacional y extranjera para poder establecer los elementos de una conducta terrorista, y así... (ver resumen completo)

 
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VILLEGAS, Myrna. “Tratamiento jurisprudencial del terrorismo en Chile (1984-2016)”.
Polít. crim. Vol. 13, Nº 25 (Julio 2018) Art. 13, pp. 501-547.
[http://www.politicacriminal.cl/Vol_13/n_25/Vol13N25A13.pdf]
Tratamiento jurisprudencial del terrorismo en Chile (1984-2016)
Jurisprudential treatment of terrorism in Chile (1984-2016)
Myrna Villegas Díaz
Doctora en derecho y postgraduada en criminología. Universidad de Salamanca. España.
Investigadora Centro de Derechos Humanos Universidad de Chile
mvillegas@derecho.uchile.cl
Resumen
Los tribunales han encontrado dificultades para aplicar los tipos penales de terrorismo, lo que
se refleja en el escaso número de condenas y el alto porcentaje de sentencias absolutorias,
especialmente tras la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Los jueces han debido
apoyarse en doctrina nacional y extranjera para poder establecer los elementos de una
conducta terrorista, y así interpretar los tipos penales. La ambivalencia y amplitud de la
regulación del terrorismo en Chile desde sus inicios y hasta la actualidad ha posibilitado el
uso de la ley de conductas terroristas con un criterio utilitarista.
Palabras clave
Terrorismo, causar temor, ideología, asociación ilícita terrorista, artefacto explosivo.
Abstract
The courts have found difficult to apply the criminal offenses of terrorism, which is reflected
in the low number of convictions and the high percentage of acquittals, especially after the
entry into force of criminal procedural reform. The judges have had to rely on national and
foreign doctrine to be able to establish the elements of a terrorist conduct, and thus to interpret
the criminal types. The ambivalence and breadth of the regulation of terrorism in Chile from
its inception to the present has made it possible to use the law of terrorist conduct with a
utilitarian approach.
Key words
Terrorism, cause fear, ideology, illicit terrorist association, explosive device.
Introducción.
Este trabajo muestra uno de los productos del proyecto Fondecyt Regular 2014 N°1140040, titulado:
“Terrorismo y democracia. Bases para un concepto jurídico de terrorismo en el derecho penal chileno y examen
de núcleos problemáticos en su actual regulación”, del cual la autora fue investigadora responsable. Agradezco
al Centro de Investigación y Defensa Sur y a la Defensoría Popular por el apoyo en la recopilación de fallos,
así como a la ayudante del centro de derechos humanos L. Francesconi.
Polít. crim. Vol. 13, Nº 25 (Julio 2018) Art. 13, pp. 501-547.
[http://www.politicacriminal.cl/Vol_13/n_25/Vol13N25A13.pdf]
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Cada cierto tiempo la ley n°18.314, sobre conductas terroristas, cobra relevancia en el
escenario nacional desencadenando enconadas posiciones tanto a favor como en contra de su
aplicación. En este trabajo hemos querido indagar acerca de su uso en nuestro país y los
razonamientos judiciales que se han empleado, centrándonos preferentemente en los aspectos
definitorios del terrorismo, sin perjuicio de otros aspectos problemáticos que se han podido
advertir. El objetivo ha sido contrastar la información existente en torno al número de
procesos con los fallos, así como buscar comunes denominadores y diferencias en ellos, que
nos permitan identificar ciertos consensos no declarados pero sí implícitos a la hora de juzgar.
La metodología empleada diferencia tres períodos, marcados por la llegada de la democracia
y la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. La información se ha obtenido a partir
de la recopilación de jurisprudencia y de datos entregados u observados de fuentes oficiales
(Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Poder Judicial). Las cifras oficiales respecto
de los procesos verificados post reforma procesal penal provenientes del Ministerio Público
(en adelante MP) como de la Defensoría Penal Pública (en adelante DPP), se contrastaron
con la información de causas obtenida a través del sitio web del poder judicial
(www.poderjudicial.cl) según revisión por RUC o RIT. A su vez esta información se
contrastó con la jurisprudencia recopilada.
Respecto de los procesos entre 1984 y 1999, las cifras se obtienen solo a partir de la
jurisprudencia, anunciando desde ya y como límite a la investigación el no poder ofrecer a
este respecto certeza cuantitativa dado que hubo dificultades para acceder a los fallos, la
mayoría de los cuales se encontraban solo en papel, no digitalizados, y en procesos ya
archivados.
En cuanto al análisis de la jurisprudencia misma, se usó el método cualitativo, privilegiando
la búsqueda de significados, abierta y flexible en función del objetivo propuesto, examinando
los casos y fallos en los contextos estructurales y situacionales en que se produjeron.
1. La regulación del terrorismo en Chile.
La regulación del terrorismo en Chile data de 1980, con su consagración a nivel
constitucional,
1
y luego legal con la ley n°18.314 que nace para cumplir con el mandato de
punición ordenado por la carta fundamental (art. 9).
Sus antecedentes directos se remontan a 1931, período caracterizado por la necesidad de
salvaguarda del nuevo orden democrático representativo, instaurado con la Constitución de
1925. Así los primeros textos legales destinados a sancionar la disidencia violenta tuvieron
por objeto proteger la seguridad interior del Estado y se tipifican conductas que más tarde
serían consideradas delitos de terrorismo.
2
Luego advino la "Ley de Defensa Permanente de
1
Arts. 8, 9, 16, 17 y 19 N°7 e) de la Constitución de 1980 en su versión original.
2
Por ejemplo: el apoderamiento y secuestro de aeronaves (art. 58 de la Ley de Navegación Aérea, DFL nº221
de 1931, la propagación de noticias o informaciones tendencios as o falsas (DL n° 143 de 1931) precepto que
luego aparece en una norma de similar naturaleza que contempló la ley n° 18.314 en su versión original, y como
delito contra la seguridad del Estado "la incitación a la revuelta o al terrorismo", la apología de la violencia, y
la propagación de doctrinas subversivas (DL n° 50 de 1932). VILLEGAS DÍAZ, Myrna: “Terrorismo: un
problema de Estado. Tratamiento jurídico del terrorismo en la legislación comparada. Especial referencia a los
VILLEGAS, Myrna. “Tratamiento jurisprudencial del terrorismo en Chile (1984-2016)”.
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la Democracia" (1948), más conocida como “ley maldita” por proscribir expresamente a
organizaciones con ideologías contrarias al gobierno, como el marxismo. Y más tarde la ley
n° 12.927 sobre seguridad del Estado de 6 de agosto de 1958 que vino a sustituir a la anterior,
y que permanece hasta hoy, con modificaciones, pero manteniendo mucha de la normativa
de la primera.
En 1973 se produce el Golpe Militar, y con ello además de las vulneraciones a derechos
humanos, un andamiaje jurídico tendiente a mantener un sistema anclado en el
corporativismo y la privatización, incluyendo la neutralización o eliminación de cualquier
oposición. Esta última era considerada un enemigo interno según los lineamientos de la
doctrina de seguridad nacional, proveniente de la guerra de argel y luego perfeccionada en
la Escuela de las Américas.
3
Así, la disidencia política, especialmente la marxista, era asimilada al terrorismo. Pinochet
decía que los terroristas “son seres anormales, aniquilados psicológicamente por su odio, el
que vierten hacia la sociedad en nombre de los ‘principios’ que la organización les entrega.
Verdaderamente merecen lástima por el nivel de desquiciamiento de su condición
humana…”.
4
Y para combatirlo la Junta de Gobierno usó la propia Constitución de 1980,
regulándolo en los primeros tres capítulos. En las bases de la institucionalidad, para
declararlo contrario a los derechos humanos, dar a conocer su carácter político y proscribirlo
de toda participación en la vida nacional, así como prohibir y sancionar constitucionalmente
la apología del terrorismo (art. 8). Luego, en el capítulo sobre nacionalidad y ciudadanía para
privarlo de ambas y establecer la rehabilitación de ciudadano con mayores obstáculos, y
finalmente en el capítulo relativo a derechos y garantías, para establecer una ampliación del
plazo de detención en manos de la policía a diez días. De estas normas, la única derogada es
la apología del terrorismo.
5
Cumpliendo con el mandato constitucional en 1984 nace la ley de conductas terroristas, cuyo
texto original estaba marcado por la presencia de dieciséis conductas tipificadas como delitos
autónomos, incluida la apología,
6
y entre sus rarezas procesales estaba la negación completa
delitos de terrorismo en las legislaciones de Chile y España”. Capítulo 5, 2002, en: www.cybertesis.cl. [visitado
el 05.05.2017].
3
Sobre el modelo francés de policía política que adoptó la DINA, véase ROBIN, Marie- Monique, Escuadrones
de la muerte. La escuela francesa, trad. DI NUCCI, Sergio-RODRÍGUEZ, Pablo, Buenos Aires (Argentina):
Sudamericana, 2005, pp.378 y ss.
4
PINOCHET UGARTE, Augusto, Política, Politiquería y Demagogia, Santiago (Chile): Renacimiento, 1983,
p.70.
5
VILLEGAS DÍAZ, Myrna, “El terrorismo en la constitución c hilena”, Revista de derecho. (Valdivia) 29(2),
diciembre 2016, pp. 295-319, p.300, en http://mingaonline.uach.cl/pdf/revider/v29n2/art14.pdf [visitado el
05.04.2017].
6
Antes de que se estableciera este catálogo de conductas, el proyecto original de la ley que enviara el Ejecutivo
a la Junta de Gobierno definía el terrorismo en el art. 1: “Son conductas terroristas las acciones u omisiones
constitutivas de un crimen o simple delito, realizadas para crear conmoción o grave temor en la población o en
un sector de ella o ejecutadas mediante actos atroces crueles, con un fin revolucionario subversivo”. Dado el
amplio espectro de conductas que así podrían s ancionarse como delitos de terrorismo, la Junta de Gobierno la
descartó en el texto original. Se trataba de una figura calificada de casi todos los delitos regulados por las leyes,
lo que daría pie para que proc esalmente se debiese acudir al m ecanismo de las presunciones judi ciales para la
prueba de los elementos subjetivos del tip o, en contra del p rincipio de legalidad penal. VILLEGAS D ÍAZ,
“Terrorismo un problema de Estado”, cit. nota n°2, ver nota n° 1806 del texto en línea.

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