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Listado de fuentes de esta colección

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Últimos documentos

  • Combate al crimen organizado: la necesidad de una política nacional

    El Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca hacerse cargo de la proliferación y profesionalización de bandas criminales y delictuales en nuestro país, modernizando la figura del delito de asociación ilícita. Si bien la iniciativa de ley representa un gran avance, se requiere la aprobación de toda la agenda legislativa de seguridad que está actualmente en el Congreso, la cual incluye las leyes de control de armas, la modernización del sistema de inteligencia del Estado y modificaciones a la Ley N° 20.000, entre otras. Además, avanzar en una política nacional contra el crimen organizado, que cuente con un modelo integral, transversal e interinstitucional para abordar un tema de gran relevancia para la población cada vez más presente en nuestro país.

  • Mociones laborales COVID-19 ¿Son las mejores políticas públicas?

    La pandemia ha puesto a prueba la capacidad de nuestro país para administrar las diferentes urgencias, que incluyen desde la carrera frenética para adquirir ventiladores y vacunas, hasta ir en ayuda de las familias que han perdido su fuente de ingreso. En esa diversidad de urgencias el balance ha sido positivo y así lo destacan analistas internacionales. Además de las acciones del Gobierno, se han planteado numerosas mociones parlamentarias que contienen diversas propuestas como la postergación de pagos, retiro de fondos previsionales y la creación de nuevos impuestos. En dicho contexto, se han presentado dos mociones parlamentarias que disponen medidas de protección para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la crisis sanitaria. Las iniciativas contienen propuestas redundantes, como es la obligación de crear un protocolo de seguridad sanitaria; y propuestas complejas que requieren de mayor análisis, como es la creación de un seguro de salud y vida para una enfermedad en particular.

  • La discutible utilidad de los interrogatorios de partes y testigos (Algunas reflexiones sobre la oralidad en tiempos de pandemia)

    La regulación y práctica de los interrogatorios no es coherente con las recomendaciones que realizan los auténticos expertos en la materia: los psicólogos del testimonio. Ello desvela que muy pocas veces se obtiene información verdaderamente útil de esas pruebas, lo que pone seriamente en cuestión su utilidad, sobre todo en la realidad actual en la que contamos con abundantes pruebas documentales y periciales que nunca pudieron imaginar los legisladores del siglo XIX, y aún después. En consecuencia, se impone, o bien un cambio profundo de su regulación legal, o bien la excepcionalidad de su admisión como medio de prueba, al estilo de lo que sucede con el reconocimiento judicial en el proceso civil.

  • La compatibilidad del derecho humano al agua con la legislación chilena: el reconocimiento latinoamericano de este Derecho

    Desde 2010, la ONU reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, siendo una minoría los países de la región latinoamericana, los que han procedido a recoger este derecho en sus textos constitucionales, mientras que mayoritariamente el resto habría adoptado su existencia tácitamente en alusión a otros derechos previamente reconocidos, como son la salud o la protección del medio ambiente. Chile, a través de su legislación, representa un caso único para el conjunto latinoamericano lo que nos lleva a examinar si el reconocimiento internacional de este derecho es compatible con su ordenamiento jurídico.

  • Denegación interesada de justicia y prescripción de la acción penal

    El artículo tematiza el problema jurídico vinculado a la aplicabilidad de la prescripción de la acción penal en situaciones de denegación interesada de justicia. El artículo muestra que, en la jurisprudencia actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema, se dispone el desconocimiento de los efectos de la prescripción en casos de denegación interesada de justicia con efecto sistemático. A partir de ello, el artículo presenta una interpretación de las reglas de prescripción que formaliza esta disposición: en aquellas situaciones en que se formaliza y acepta una denuncia por denegación de justicia ante los organismos del sistema interamericano, debe considerarse suspendido el transcurso de la prescripción de la acción penal.

  • El informe financiero y sus efectos en la tramitación de los proyectos de ley

    El Informe Financiero es un documento que elabora la Dirección de Presupuestos en el que detalla el costo fiscal de los proyectos de ley iniciados por el Presidente de la República. Esta investigación examina la fuente constitucional, legal y reglamentaria de estos informes así como aspectos propios de la práctica legislativa. Todo ello permite mostrar que en la etapa prelegislativa, durante la tramitación del proyecto de ley y, en general, en la relación Ejecutivo-Legislativo, el Informe Financiero genera efectos que tienden a fortalecer al gobierno, a la DIPRES y a las comisiones de hacienda de ambas cámaras. Esto último es analizado críticamente en la presente investigación.

  • La aplicación ilícita de tipos penales por autoridades administrativas: el caso de la Comisión para el Mercado Financiero

    Este trabajo presenta un análisis crítico de la jurisprudencia de la Comisión para el Mercado Financiero [CMF] que acepta aplicar una norma de naturaleza penal de la Ley de Mercado de Valores para declarar y sancionar administrativamente conductas calificadas como delito. Esta práctica representa un ejercicio indebido de funciones jurisdiccionales por parte de un órgano administrativo que atenta contra la separación de poderes, el debido proceso, y la lógica subyacente a la responsabilidad administrativa en materia regulatoria. En particular, la vulneración a estas reglas y principios del estado de derecho lesionan la garantía de acceso del ciudadano al juez natural, y los principios de legalidad y proporcionalidad.

  • ¿Es defendible la objeción de conciencia institucional en el caso de aborto?

    Este trabajo explora los aspectos que apoyan la objeción de conciencia institucional en el aborto y los argumentos desarrollados en contra de esta pretensión institucional. La conclusión muestra que las críticas a la objeción de conciencia institucional revelan las debilidades de sus fundamentos en relación con el aborto considerando un marco de derechos e intereses en conflicto.

  • Supletoriedad de la Ley N° 19.880 en el procedimiento sancionatorio de fiscalización del Código de Aguas: Comentario de jurisprudencia administrativa
  • La construcción del 'beneficio' para el niño, niña o adolescente, por parte de los tribunales superiores de justicia chilenos, en las autorizaciones de salidas al extranjero prolongadas o definitivas