Libros y Revistas
Información jurídica inteligente
+56-2-257 38 598

Listado de fuentes de esta colección

Categoría

Últimos documentos

  • Restricción de publicación y difusión de SIMCE: cuatro puntos a considerar

    Recientemente se aprobó la idea de legislar un proyecto presentado el año 2017 que tiene por objeto restringir la publicación y difusión de los resultados desagregados del SIMCE.
 Sin embargo, existe una serie de estudios que documentan los efectos positivos que puede tener la entrega de información sobre las decisiones educacionales de las familias. De la misma forma, es importante tener en consideración que dicha moción afecta especialmente el buen funcionamiento del nuevo Sistema de Admisión Escolar que ya opera en todo el país.
 Así, en lugar de renunciar a entregar a los ciudadanos información de su incumbencia, parece más deseable impulsar desde el Estado iniciativas que promuevan la comprensión y buen uso de la misma.

  • Subsidios y déficit habitacional: ¿Se logra el objetivo?

    Reducir el déficit habitacional debe ser el foco principal de la política habitacional y en función de ello debe ser evaluada.
 Hoy, de los 200.000 subsidios pagados por el MINVU, sólo 50.000 son para acceder a una vivienda propia. Los restantes son para mejorar las condiciones de las viviendas que ya se tienen.
 Entre los años 1996 y 2017 el déficit habitacional se redujo en 66.373 unidades, mientras que en igual período el Estado pagó casi 1.500.000 de subsidios para acceder a una vivienda. A pesar de la entrega y ejecución de cuantiosos subsidios habitacionales, falta evaluar el impacto que estos han tenido en la reducción del déficit habitacional, el cual no sólo no se ha reducido en la última década, sino que ha aumentado.

  • Cierre por mal desempeño reiterado: radiografía de las 218 escuelas en riesgo

    A la fecha, hay 218 escuelas que se han ubicado en nivel Insuficiente desde el año 2016 y por ello se encuentran en riesgo de cierre. Ellas atienden a 60.098 alumnos y son en su mayoría municipales y sus alumnos provienen de un nivel socioeconómico medio-bajo. Si bien estas escuelas se ubican a lo largo del país, hay comunas en las cuales esta situación amenaza a un alto porcentaje de sus alumnos totales o de la educación pública. Al analizar los datos de los últimos años, encontramos que los malos resultados de las 218 escuelas que hoy están amenazadas por un eventual cierre no son nuevos, sino que se prolongan por varios años. En ese contexto, el plan Escuelas Arriba que busca rescatar a estas escuelas, muestra algunos avances que abren una ventana de optimismo de cara a lo que viene

  • Encuesta corrupción 2019: percepción se mantiene en niveles históricamente altos

    En su decimoséptima edición, la Encuesta de Percepción de Corrupción de Libertad y Desarrollo ofrece una mirada global a las tendencias en materia de percepción del fenómeno corrupción, como también de sus denuncias concretas. El nivel de percepción de corrupción durante los últimos 5 años se ha mantenido en niveles históricamente altos. Las instituciones que lideran el ranking de percepción de corrupción son las municipalidades, la Cámara de Diputados y Gendarmería. En cambio, el Registro Civil, Contraloría y el Servicio de Impuestos Internos tienen una baja percepción de corrupción por parte de la ciudadanía. Se mantiene baja la tasa de denuncia de casos de corrupción, aspecto que debe ser abordado para efectos de evitar normalizar el actual nivel de corrupción en el país

  • A pesar del nuevo escenario económico, se debe mantener meta fiscal estructural

    El escenario fiscal para el período 2019-2023 nos lleva a un acotado crecimiento del gasto público producto de ingresos estructurales que crecen moderadamente y al cumplimiento de la regla de balance estructural que implica la reducción del déficit en 0,2% por año.
 En particular, para el próximo año la Ley de Presupuestos del Sector Público que debe ingresar al Congreso a fines de este mes, debe contemplar un crecimiento real del gasto en torno al 2,0%.
 Respecto del proyecto de Modernización Tributaria, y considerando que al momento de discutirse el presupuesto para el 2020 no se tendrá certeza sobre su aprobación y, por ende, el efecto en las arcas fiscales, si bien se deben provisionar estos mayores ingresos no se deben considerar como parte de los ingresos efectivos.
 Se debe tener presente que la autoridad fiscal debe cumplir los compromisos asumidos respecto de la meta de balance estructural, para con ello recuperar la confianza de las clasificadoras de riesgo internacional y poner un freno al fuerte crecimiento de la deuda pública, la cual obliga a destinar cada vez más recursos públicos al servicio de ella.

  • Índice de libertad económica fraser institute: Chile avanza dos lugares

    En el ranking de Libertad Económica del Mundo 2019 del Fraser Institute Chile avanza dos lugares respecto a la última medición, situándose en el lugar 13 de entre 162 países.
 En cuatro de los cinco aspectos que se consideran para la medición hubo avances en 2019. Sin embargo, el área Regulación retrocede una vez más, lo que se explicaría principalmente por las regulaciones existentes en nuestro mercado laboral y para materializar inversiones.
 A partir de este tipo de mediciones resulta urgente evaluar las reformas que se están discutiendo en el Congreso. Tal es el caso de la reforma legal que reduce la jornada laboral, que no resuelve la actual rigidez de nuestro mercado laboral, sino que incluso la aumenta.

  • Insuficiencia en la Regulación de la Ley Violencia Intrafamiliar
  • Judicialización de proyectos de inversión y reforma al SEIA

    Los datos entregados por el Observatorio de la Productividad sobre judicialización de proyectos de inversión ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) son relevantes para la discusión de la iniciativa legal que modifica el SEIA, en particular para las propuestas que pretenden modificar el sistema recursivo. Los datos muestran que sólo 80 proyectos de inversión sometidos al SEIA han sido judicializados ante los Tribunales Ambientales desde su creación y que, no obstante ello, una causa puede demorar, en promedio, hasta 372 días en resolverse. Cabe hacer presente que la baja tasa de judicialización ante estos tribunales no debe ser motivo para concluir que ella, en general, sea baja, sino más bien permite inferir que ésta se estaría canalizando mayormente a través del recurso de protección. La eliminación de la instancia de reclamación administrativa que se propone en la iniciativa legal en tramitación, en principio positiva al optimizar el procedimiento y dar mayor certeza jurídica, debe considerar la posible sobrecarga que puede imponerse a los Tribunales Ambientales y las demoras asociadas para que se cumplan los objetivos buscados

  • Evaluación de programas gubernamentales: análisis 2011-2019

    En el contexto de los procesos presupuestarios, la Dirección de Presupuestos publica los resultados de las evaluaciones ex post realizadas a programas sociales, de fomento productivo y de desarrollo institucional. Con la información oficial disponible y bajo algunos supuestos se puede realizar un seguimiento a 131 de los 157 programas evaluados bajo EPG en el período 2011–2019. Considerando que a cada programa evaluado se le asigna una calificación final de desempeño -“bueno”, “suficiente”, “insuficiente” y “no demostrado”- llama la atención que sólo el 5% de estos 131 programas obtuvieran una clasificación “buena”; 34% “suficiente” y el 60% restante “insuficiente”

  • Integracion social: ?oportunidad de que familias de escasos recursos vivan en sectores de mayores ingresos y equipamientos? Una mirada a las posibilidades que entregan el mercado, el Estado y la via de la informalidad.