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Listado de fuentes de esta colección

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Últimos documentos

  • Sistema de tarifas en autopistas concesionadas de Chile: una breve mirada

    Existe un desconocimiento generalizado con respecto a cómo opera el reajuste tarifario de las autopistas urbanas y más aún de las interurbanas. En la actualidad, y a lo largo de la historia, no ha existido una sola política de tarifas para las autopistas concesionadas. El congelamiento unilateral de las tarifas en autopistas concesionadas puede poner en peligro el futuro desarrollo del sistema de concesiones, lo que nos llevaría a que el Estado de Chile deba hacerse cargo de la inversión en infraestructura vial, con las implicancias que ello tendría sobre el erario fiscal.

  • TPP11: el acuerdo de libre comercio pendiente

    El 8 de marzo de 2018, la administración Bachelet firma el Acuerdo Transpacífico que agrupa a 11 países (TTP11) y se compromete a enviar al Congreso chileno un proyecto de ley para ratificarlo. Este acuerdo requiere de seis países para entrar en vigencia y en la actualidad siete países ya disfrutan de las rebajas arancelarias. Dado que Chile aun no lo hace, se está produciendo desviación de comercio que ha perjudicado a nuestros exportadores. Se han planteado algunas críticas que en el fondo reflejan posiciones políticas contrarias al libre comercio y la globalización. Es necesario que nuestro Congreso apruebe el TPP11 lo antes posible, dados los beneficios concretos que producirá para miles de chilenos. Mientras nos atrasemos en ello, mayores serán los costos para el país.

  • Control de precios de medicamentos: ¿Será peor el remedio que la enfermedad?

    Parlamentarios de oposición presentaron indicaciones al proyecto de ley “Fármacos II”, las cuales introducen cambios estructurales en la cadena de valor de los medicamentos. Ignorando las diferencias inherentes en la naturaleza de los medicamentos innovadores y los genéricos, proponen la fijación de un precio máximo industrial a todos los medicamentos. Ello es innecesario y contraproducente, especialmente en el caso de los medicamentos genéricos, cuyos precios son bajos y competitivos a nivel latinoamericano. Los parlamentarios de oposición también proponen una suma única y fija por concepto de costo máximo de intermediación para todos los productos farmacéuticos. Esto es una interpretación incompleta y errónea de la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica. Las farmacias deben competir en su cobro por tarifa de dispensación, la cual debe regirse por las fuerzas competitivas del mercado y ajustarse a la realidad cambiante del mercado.

  • Reforma constitucional sobre retiro del 10%: la importancia del fallo del TC

    El fallo del Tribunal Constitucional, que acogió el requerimiento de inconstitucionalidad deducido por el Presidente de la República, es oportuno puesto que constituye un claro mensaje hacia el denominado parlamentarismo de facto. El pronunciamiento confirma que los parlamentarios no pueden infringir las normas expresas contempladas por la Carta Fundamental (incluso en aquellos casos en que las reformas se intentan por la vía de artículos transitorios). En efecto, los parlamentarios deben respetar los procedimientos, formalidades y quórums exigidos por la Constitución y las leyes. Se trata de una buena noticia ya que releva el principio de supremacía constitucional -que debe ser respetado por todos-, y el respeto al marco jurídico con el que deben actuar los organismos públicos y poderes del Estado. La decisión del órgano colegiado sirve de precedente respecto de la tramitación de iniciativas legislativas parlamentarias que utilizan el mismo mecanismo (eventual tercer retiro de pensiones, creación de un impuesto al patrimonio, entre otras).

  • Mociones parlamentarias en trámite y su complejo impacto en el desarrollo

    Actualmente se tramitan en el Congreso Nacional diversas mociones parlamentarias que podrían afectar negativa y significativamente el desarrollo de proyectos de inversión, el empleo, la productividad y la innovación. Entre los sectores más afectados con estas iniciativas se encuentran la minería, la pesca, la silvicultura, la energía y el desarrollo de las economías colaborativas. Se hace indispensable que las nuevas regulaciones consideren una evaluación de los impactos a fin de propender a un desarrollo sostenible que facilite el progreso de nuestro país y el consecuente bienestar de la población.

  • Voto anticipado y por correo: propuestas para una modernización técnica y gradual

    El 11 de abril de 2021 se realizará la elección más importante de los últimos 41 años, en la cual se elegirán gobernadores regionales por primera vez, alcaldes, concejales y convencionales constituyentes, quienes redactarán una nueva Constitución. En dicho contexto, un grupo de parlamentarios ha propuesto modificar el sistema electoral para permitir el voto por correo y voto anticipado para ciertos grupos de personas, con el objeto de modernizar la democracia y facilitar el sufragio a raíz de la pandemia por Covid-19. Si bien nuestro sistema electoral requiere una modernización de acuerdo con los nuevos tiempos y tecnologías, el debate sobre las posibles modificaciones debe necesariamente considerar las características específicas de un sistema que ha funcionado bien por décadas, además de tomar en cuenta que una reforma de este tipo requiere de procesos bien diseñados y graduales, para que su instalación e implementación no generen desconfianza y tengan legitimidad para la población.

  • Combate al crimen organizado: la necesidad de una política nacional

    El Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca hacerse cargo de la proliferación y profesionalización de bandas criminales y delictuales en nuestro país, modernizando la figura del delito de asociación ilícita. Si bien la iniciativa de ley representa un gran avance, se requiere la aprobación de toda la agenda legislativa de seguridad que está actualmente en el Congreso, la cual incluye las leyes de control de armas, la modernización del sistema de inteligencia del Estado y modificaciones a la Ley N° 20.000, entre otras. Además, avanzar en una política nacional contra el crimen organizado, que cuente con un modelo integral, transversal e interinstitucional para abordar un tema de gran relevancia para la población cada vez más presente en nuestro país.

  • Mociones laborales COVID-19 ¿Son las mejores políticas públicas?

    La pandemia ha puesto a prueba la capacidad de nuestro país para administrar las diferentes urgencias, que incluyen desde la carrera frenética para adquirir ventiladores y vacunas, hasta ir en ayuda de las familias que han perdido su fuente de ingreso. En esa diversidad de urgencias el balance ha sido positivo y así lo destacan analistas internacionales. Además de las acciones del Gobierno, se han planteado numerosas mociones parlamentarias que contienen diversas propuestas como la postergación de pagos, retiro de fondos previsionales y la creación de nuevos impuestos. En dicho contexto, se han presentado dos mociones parlamentarias que disponen medidas de protección para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la crisis sanitaria. Las iniciativas contienen propuestas redundantes, como es la obligación de crear un protocolo de seguridad sanitaria; y propuestas complejas que requieren de mayor análisis, como es la creación de un seguro de salud y vida para una enfermedad en particular.

  • La discutible utilidad de los interrogatorios de partes y testigos (Algunas reflexiones sobre la oralidad en tiempos de pandemia)

    La regulación y práctica de los interrogatorios no es coherente con las recomendaciones que realizan los auténticos expertos en la materia: los psicólogos del testimonio. Ello desvela que muy pocas veces se obtiene información verdaderamente útil de esas pruebas, lo que pone seriamente en cuestión su utilidad, sobre todo en la realidad actual en la que contamos con abundantes pruebas documentales y periciales que nunca pudieron imaginar los legisladores del siglo XIX, y aún después. En consecuencia, se impone, o bien un cambio profundo de su regulación legal, o bien la excepcionalidad de su admisión como medio de prueba, al estilo de lo que sucede con el reconocimiento judicial en el proceso civil.

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