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Listado de fuentes de esta colección

Últimos documentos

  • Convención mixta constitucional a la cancha

    El análisis de escenarios electorales de los convencionales parlamentarios y del mapa definido para la elección de los 86 convencionales no parlamentarios lleva a concluir que la modalidad de Convención Mixta Constitucional combina adecuadamente dos características relevantes y necesarias en este proceso: la representatividad y la moderación para alcanzar acuerdos. La lista del Oficialismo obtiene, en la elección de los 86 convencionales parlamentarios, entre 39 y 40 convencionales parlamentarios (45,3% y 46,5%), dependiendo de si los partidos de oposición presentan una o dos listas de candidatos. Independiente de que el Partido Comunista (PC) y el Frente Regionalista Verde Social (FRVS) establezcan alianza con el Frente Amplio (FA), el segundo pacto electoral con más convencionales parlamentarios será el bloque PS+PPD+PR+DC, con 31 (36,1%) convencionales electos. El sistema establecido para la elección de los 86 convencionales no parlamentarios define varios distritos donde se eligen dos convencionales y la gran mayoría del total de los distritos tiene un número par de escaños a elegir. Estas condiciones favorecen electoralmente a fuerzas más moderadas en la integración a la convención constitucional, cuestión que es valiosa desde el punto de vista del objetivo de una eventual convención, que es llegar a acuerdos que requerirán altos quórums para ser adoptados

  • Una mirada a fondo a la evaluación de programas

    Una crecientemente debilitada sostenibilidad fiscal, en un contexto de crisis económica producto de la pandemia, ubica a la eficiencia en el uso de los recursos públicos como una imperiosa necesidad en la elaboración de la Ley de Presupuestos del 2021. Por tanto, los resultados de las evaluaciones ex post a los programas públicos hechas bajo la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) pasaron a ser una fuente de información relevante. Desde una perspectiva de más largo plazo (2011-2020), los resultados de estas evaluaciones son relativamente estables en el tiempo y no son muy alentadoras: sólo el 5% de estos 148 programas evaluados obtuvieron una clasificación “buena”; 34% “suficiente” y el 61% restante “insuficiente”

  • Senda de responsabilidad fiscal: necesidad más allá de las buenas intenciones

    El cumplimiento de la meta de balance estructural desde el 2001 generó enormes beneficios a la economía chilena. Sin embargo, desde el 2008 que ésta ya no se cumple, perdiendo parte importante de lo ganado y poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. El Informe de Finanzas Públicas que contiene la Ley de Presupuestos del 2021 considera un escenario de convergencia para la deuda pública hacia 2025. Sin embargo, este escenario es exigente en términos de la trayectoria del gasto público. No hay dudas de que el incumplimiento de esta senda de convergencia traería consecuencias negativas para la economía chilena. Por tanto, en este contexto lograr un mejor gasto público se vuelve indispensable

  • Chile y el acuerdo de Escazú

    El Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos que tiene por objeto consagrar y proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y contiene disposiciones específicas sobre el resguardo y protección de los denominados “defensores de derechos humanos” en asuntos ambientales. El Acuerdo obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para el pleno goce y respeto de los derechos de acceso consagrados por él, no pudiendo la legislación interna del Estado ir contra o limitar los derechos garantizados por tratarse de una protección a derechos humanos. Al respecto, cabe tener en consideración que Chile tiene el más alto estándar entre los países de América Latina en lo que se refiere a derechos de acceso a la información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental. Aun cuando la legislación chilena protege y desarrolla de forma suficiente los referidos derechos, si Chile suscribe el Acuerdo quedará obligado por reglas de interpretación extensivas y evolutivas bajo las cuales, evidentemente, no hay legislación que se estime suficiente, y ella se verá irremediablemente sobrepasada por la interpretación que del Acuerdo se realice por los tribunales nacionales, así como por la Conferencia de las Partes (COP), que es quien en definitiva, dotará de contenido a los principios que el Acuerdo consagra. Lo anterior genera innegables problemas de incerteza jurídica

  • Mejor gasto público, un desafío ético en tiempos de crisis

    Para el próximo año el presupuesto para el sector público propuesto por el Ejecutivo al Congreso Nacional contempla la reasignación de gastos por un total de US$ 2.270 millones, sólo un 3,1% del total de los recursos. Si bien esta medida apunta en la dirección correcta y constituye un esfuerzo valioso frente a la estrecha situación fiscal que enfrenta el país, incluso previo a la pandemia, los esfuerzos son más bien modestos. Por ello se hace necesario levantar la mirada y analizar en forma mucho más integral cómo hoy el Estado está funcionado. Sin embargo, para ello se requiere convicción y apoyo político

  • Acelerador a fondo: subsidio a la contratacion y retorno al trabajo

    La recesión por la cual atraviesa el planeta ha generado efectos devastadores en el mercado del trabajo y Chile no ha sido una excepción, observándose un desequilibrio que afecta a cerca de un 29% de la fuerza de trabajo. La Ley de Protección del Empleo logró amortiguar este shock recesivo y en la actualidad una parte relevante de los que se ampararon en dicha ley están retornando a su trabajo. Sin embargo, la magnitud del fenómeno obliga a usar herramientas masivas y millonarias, y es así como el Gobierno lanzó el Subsidio al Retorno y Contratación de trabajadores, con mayor énfasis en jóvenes, mujeres y discapacitados. En el caso de quienes tienen niños a su cuidado es imprescindible, junto con el subsidio, que los colegios, jardines infantiles y salas cuna vuelvan a reabrir, ya que de permanecer cerrados, no hay subsidio posible que logre la tan necesaria reincorporación a la fuerza laboral y que sin duda afecta más a las mujeres

  • Artículo 512. Actuación del Director del Trabajo
  • Bono por una sola vez en favor de los microempresarios y conductores del transporte remunerado de pasajeros, por un monto de $ 350.000
  • Circular n° 44, de 26.06.2020 (d.o. De 03.07.2020) imparte instrucciones sobre ley n° 21.210, de 24.02.2020, que modifica los artículos 6° letra a) nº 2 y b), n° 4, 56; 26 bis; 98, 99, 100 bis, 111 bis y 165 del código tributario y articulo trigésimo tercero transitorio de la referida ley. Circular miscelánea sobre modificaciones al código tributario
  • Procedimiento de determinación de la base imponible del impuesto a las asignaciones hereditarias y donaciones