Corte de Apelaciones de Concepción, 27 de octubre de 2000. Núñez Pinto, Mario con BankBoston (recurso de protección)
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Confirmada por la Corte Suprema el 15.2.2001 (Rol 4387-00).
Sobre el tema vid. entre otros, Pérez Soto, en esta Revista, t. 78 (1981) 2.5, 296-300; Barra Núñez, t. 85 (1988) 2.5, 65-67; Serón Barrientos, t. 94 (1997) 2.5, 193-198; Henríquez Bizama, ídem, 233-236; Jiménez Fuentes, t. 95 (1998) 2.5, 190-195, e Inostroza Rojas, t. 97 (2000) 2.5.
Excelente fallo el que se transcribe que demuestra de manera clara e incluso breve cómo debe actuar un tribunal al conocer de una pretensión protectiva, con técnica jurídica pero también con deseos y ánimo de hacer justicia, que es, precisamente, para la finalidad con la cual han sido instituidos.
Dos son los temas que merecen alabarse en la decisión transcrita: 1) el informalismo que presenta la protección, en cuanto es al tribunal a quien toca decir el Derecho, y al recurrente sólo toca decir los hechos; y 2) el principio inquisitivo dado al tribunal por la Constitución (art. 20 inc. 1º), ya que él es el "dueño", o "señor" más bien (dominus) del proceso, a fin de dar la debida protección al afectado, desde que se trata de una acción de amparo (lo que suele ser olvidado, no muy infrecuentemente por desgracia, por algunas Cortes de Apelaciones e incluso por la Suprema). Notable, también, aparece la decisión que adopta el tribunal al acoger la pretensión, puesto que al haber corregido y enmendado el Banco recurrido su actuar ilegal y arbitrario antes del fallo, no impide que la Corte declare la antijuridicidad de su conducta que ha vulnerado derechos del actor, ya que tal enmienda -como dice su consid. 7º- "no quita" ni el agravio producido con todas sus consecuencias perjudiciales para la víctima, ni que tal conducta ha sido contraria a Derecho.
En este cuatrimestre merece destacarse Rojas Asenjo (C. Suprema 16.1.2001, Rol 2822-99, que casa sentencia de C. Apelaciones de Puerto Montt, 2.7.1999, rol 8.308, que confirma fallo de primera instancia / 1er Juzgado Civil de Puerto Montt, 5.11.1998, rol 50.566), demanda de indemnización de perjuicio por haber incluido la empresa Inverca S.A. (demandada, que actuaba por cuenta del Serviu Regional) al demandante en el sistema de información de deudores morosos del Serviu, y ser registrado en la base de datos de Dicom, en circunstancias que no tenía deuda alguna con ese Servicio. Ello significó un daño moral evidente al actor afectando su honra, su crédito y su imagen, más aún que es abogado de un Banco y de una sociedad estatal concesionaria de servicios...
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