Conclusiones
| Autor | Natalia González B. |
| Cargo | Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Derecho (LLM) de la Universidad de Chicago, becaria Fulbright, CONICYT y de la Universidad de Chicago. Actualmente se desempeña como Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo |
| Páginas | 23-24 |
Libertad y Desarrollo
5. CONCLUSIONES
a seguridad jurídica es una premisa necesaria
para generar conanzas. Sin conanzas, no hay
inversión, ni desarrollo económico ni social. Así, la
certeza jurídica constituye un presupuesto indis-
pensable en el desarrollo de los pueblos. Para garantizar
la seguridad jurídica resulta clave que el sistema normati-
vo ofrezca características de publicidad, claridad, calidad,
previsibilidad y estabilidad, todas condiciones necesarias
para el desarrollo económico. Las inversiones suelen tener
un prolongado período de maduración, de manera que el
marco jurídico que les sirve de contexto para su desarrollo
no ha de ser desconocido ni poco claro; por el contrario,
debe ser público, previsible y estable.
Otro aspecto clave para lograr el objetivo es la existencia
de una estructura que garantice la transparencia en la ac-
tuación de los poderes públicos, contemplando mecanis-
mos que permitan una participación más activa por parte
de los contribuyentes, mediante la puesta a su disposición
de información necesaria y suciente, con lo que se busca
desterrar la arbitrariedad en su proceder. Nuestro ordena-
miento jurídico así lo dispone en los artículos 6 y 7 de la
Constitución Política de la República y luego en las leyes
orgánicas de cada uno de los organismos como así tam-
bién, en la legislación pertinente y complementaria. A ello
se suma que tanto la administración tributaria, como los
tribunales han de contar con una institucionalidad tal que
permita a los contribuyentes efectivamente poder ejercer
los derechos que la Constitución y la ley les franquean9. Y
es que la correcta aplicación de la ley es muy relevante. Los
poderes públicos deben actuar como garantes del estado
de derecho y en consecuencia, de la seguridad jurídica, sin
arbitrariedad. Para concretar aquello es necesario que las
administraciones públicas actúen estrictamente en la órbi-
ta de las competencias que le han sido conferidas por ley
con pleno respeto al marco jurídico vigente. En este senti-
do, los principios y derechos fundamentales consagrados
en la Constitución Política de la República deben servir
como una importante fuente de control y balance del poder
legislativo a la hora de proteger a los ciudadanos contra
Llas interferencias arbitrarias en sus vidas y en el desem-
peño de su actividad económica. En particular, el respeto
al principio de legalidad, de igualdad y de no conscación,
entre otros, inciden importantemente en esta discusión y
su observación no debe ser trivial.
Asimismo se requiere de una justicia imparcial, de calidad,
con jueces bien preparados, que cuenten con los recursos
y medios humanos para llevar a cabo adecuadamente su
labor. El sistema de selección de jueces debiera apuntar en
esa dirección, para que apliquen en forma estricta la ley, sin
arrogarse facultades que corresponden al poder legislativo,
debiendo aplicar el derecho en sus propios términos y dic-
tar resoluciones que se ajusten a la ley, sin ir más allá. La
justicia debe ser también oportuna, de lo contrario no llega.
Los tiempos de resolución o fallo deben ser los razonables,
de lo contrario de nada sirve un sistema claro y predecible
si los derechos no pueden hacerse valer oportunamente.
Cerrar espacios de discrecionalidad al actuar de órganos
de la administración del Estado y en la judicatura consti-
tuye un n al que todos los ciudadanos debiéramos as-
pirar en un Estado de derecho. Lo anterior, no sólo por la
protección inherente que ello implica para las personas en
general, sino para que las normas tengan, en denitiva, un
efecto útil. Normas bien denidas y sin ambigüedades con-
tribuyen no sólo a la simpleza y racionalidad del sistema
jurídico sino también al correcto proceder, dentro de sus
atribuciones, de la propia autoridad administrativa llamada
a aplicarlas e interpretarlas, contribuyendo a un actuar co-
herente del poder público, el que entonces sale fortalecido.
Los cambios para dar mayor certeza al sistema tributario
en su conjunto contribuyen también a la simplicidad del
mismo, al permitir una adecuada comprensión y aplicación
del sistema, lo que implica contar con reglas claras y facti-
bles de ser comprendidas.
En este sentido, los cambios que se proponen en el proyec-
to de ley sobre modernización tributaria, presentado a dis-
cusión por el Presidente Piñera en 2018, se encuentran en
Vives Fernando, Seguridad Jurídica y Desarrollo Económico.
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