Convención Constitucional: despojando al Congreso de su potestad
LIBERTAD Y DESARROLLO
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
Nº 1297 - 1
7 de abril de 2017
ISSN 0717-1528
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CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL:
DESPOJANDO AL CONGRESO DE SU POTESTAD
Como si fuera una prioridad de los chilenos, la Presidenta ha vuelto a hablar del
tema constitucional. Esta vez para anunciar un proyecto de reforma constitucional
en el que propone un mecanismo para cambiar la Constitución.
LA LECTURA POLÍTICA
Ante todo, el envío del proyecto tiene una lectura política. No se trata únicamente
que estemos en un año electoral donde la izquierda típicamente demanda relatos
abstractos que intenten evocar en la opinión pública las viejas disputas de los 80´ e
inicios de los 90´. El cambio constitucional, piensan algunos, sería un vehículo para
ello. Pero, como estos años lo han dejado claro, los reclamos constitucionales no
han sido un medio efectivo para movilizar a la ciudadanía y solo han despertado el
interés de los sectores minoritarios, más comprometidos con la agenda del
Gobierno. Más interesante que eso es comprender por qué la Presidenta anunció
en octubre de 2015 un mecanismo y hoy opta por otro. En efecto, en 2015 señaló
que este proyecto contendría cuatro opciones con las que el Congreso actual
“habilitaría” al siguiente para modificar la Constitución. La primera era una
El proyecto de reforma constitucional anunciado difiere de lo anteriormente comprom etido
por la P residenta Michelle Bachelet: opta por incorporar a la Constitución la figura de la
Convención Constitucional que debe elaborar una nueva Constitución.
Si bien no existe claridad sobre las razones de este cambio, hay una tesis bastante probable.
Pareciera que el Gobierno no tiene ningún interés en aprobar este proyecto de reforma
constitucional y solo busca unir a su coalición que ya ha mostrado divisiones en otras
iniciativas emblemáticas.
Cuando el Gobierno propone extraer del Congreso la decisión co nstitucional y transferirla
totalmente a una Convención Constituyente está cuestionando la capacidad del órgano
legislativo de tomar decisiones relevantes. Ello es inaceptable en las circunstancias actuales
de nuestro país donde no hay situaciones excepcionales o de ruptura institucional.
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