Defensa activa, un imperativo para defensoras y defensores penales públicos
| Autor | Arturo Zegarra Williamson |
| Cargo | Abogado. Defensor Regional de Tarapacá. Doctorando en Sociedad Democrática y Estado de Derecho, Universidad del País Vasco |
| Páginas | 177-184 |
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Corpus Iuris Regionis.
Revista Jurídica Regional y Subregional Andina 11
(Iquique, Chile, 2011) pp. 177-184
DEFENSA ACTIVA, UN IMPERATIVO PARA DEFENSORAS Y DEFENSORES
PENALES PÚBLICOS
A Z W1
Universidad Arturo Prat
1 Abogado. Defensor Regional de Tarapacá. Doctorando en Sociedad Democrática y Estado de Derecho,
Universidad del País Vasco. Profesor de Derecho Penal, Universidad Arturo Prat.
2 M P, Santiago, El derecho penal en el estado social y democrático de derecho, Editorial Ariel (Barcelona,
1994), pp. 31 y ss.
R
La Reforma Procesal chilena demandó diferentes
desafíos al momento de ser implementada, uno
de ellos fue concretar de manera efi ciente el dere-
cho a defensa de quien fuera perseguido por los
órganos punitivos estatales, imperativo ético de
una sociedad democrática respetuosa del estado
de derecho, creando la Defensoría Penal Pública.
En este artículo se hace un somero análisis de las
razones por las que se crea tal institución y el rol
que le corresponde en la defensa efectiva de los
imputados en el proceso penal.
P : Defensa – Investigación – Es-
tándares – Proceso
ABSTRACT
The Chilean reform process di erent challenges
demanded be implemented when one of them was
to e ciently realize the right to defend who was
persecuted by the state punitive bodies,the ethical
imperative of a democratic society that respects
the rule of law, creating the Ombuds man Public
criminal. is article presents a brief analysis of
the reasons forest a blishing such an institution and
the role that corresponds to the e ective defense of
the accused in criminal proceedings.
KEY WORDS: Defense -Research -Standards -Process
La Reforma Procesal Penal chilena ha sido sin duda un proceso jurídico-político
de máxima trascendencia que se inscribe en un contexto más amplio: la modernización
del Estado. No se trata de otra cosa, entonces, que parte de las tareas necesarias que deben
emprenderse para alcanzar mejores condiciones de vida de todos los habitantes sin distinción
de ningún tipo. Se está frente a valores que el sistema democrático asume como propios, y
que al irse expresando en todas las áreas de la vida social constituyen un claro avance hacia
un Estado social y democrático de derecho2. Este orden de ideas debe estar presente para
entender que dentro del orden normativo, denominado Reforma Procesal Penal, se haya
establecido un régimen que garantiza efectivamente el verdadero derecho a defensa para
todo aquel que se vea enfrentado al gran poder punitivo del propio Estado. El impulso
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