Se dice que el precio de un plan de salud de Isapre es el resultado de la multiplicación entre su precio base y un factor...
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SE DICE QUE
El precio de un plan de salud de Isapre es el
resultado de la multiplicación entre su precio
base y un factor que depende del sexo y edad del
beneciario establecido en una tabla de factores
que se pacta al contratar el plan. Respecto del
precio base, las Isapres están facultadas por ley
para reajustarlo una vez al año. Sin embargo,
dicho proceso se ha visto entorpecido por una
creciente judicialización. En concreto, desde
2007 (y con más fuerza desde 2011) se ha acogido
un número creciente de recursos de protección que
ordenan dejar sin efecto las alzas del precio base
de los planes de salud, e incluso prohibiendo que
hayan reajustes futuros sobre beneciarios sobre
los cuales ya se falló. El argumento es, en general,
la supuesta falta de justicación en las alzas,
las cuales se consideran arbitrarias y por ende
inconstitucionales.
La imposibilidad que en la
prá ct ica ha ten ido el si ste -
ma sapres para reajus tar
sus tarifas se agrava aún
más al considerar la evo -
lución creciente de los costos en salud de las aseguradoras
privadas: desde 2012 los costos totales del sistema privado
han crecido a una tasa promedio anual r eal de 7,7%, alcan-
zando un nivel cer cano a los US$ 3 mil millones. En el mi smo
período, mientras los costos por prestaciones de salud cre-
cieron a una tasa anua l real de 6,6%, los costos por licencia s
médicas lo hicieron a 12,9% real anual. A esto se suma una
también creciente tasa de uso: la frecuencia de prestaciones
anuales por c ada 1.000 beneciarios del sistema sapre en-
tre 2001 y 2 015 (úl tima inf orma ción dis poni ble) ha a umen ta-
do a una tasa anual prome dio de 4 ,2%, alc anzando un total
cercano a las 25 mil prestaciones. En ese mismo período, la
tasa de crecimi ento promedio anual p ara las prestaci ones
ambulatorias e inter venciones quirúrgicas por cada 1.000
beneciarios fue de 2,9% y 1,6%, respectivamente.
La merma paulatina producto de la judicializac ión implica
no solo problemas nancieros para las administradoras,
sino que esto se puede traducir en una baja en la calidad de
las prestaciones entregad as por el sistema y en el extremo
en su inviabilidad nanciera, que equivale a monopolizar la
salud en manos del sector público, con todos los conocidos
problemas que éste presenta. Por lo pronto, cada peso gas-
tado en judicialización, además de implicar una sobrecarga
considerable al poder judicial, conlleva también menores re-
cursos para mejorar p restacione s y para intro ducir cambios
que permitan controlar el aumento de costos del sistema.
LO CIERTO
ES QUE
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