Indulto a violentistas: gravísima señal - Núm. 1478, Diciembre 2020 - Temas Públicos - Libros y Revistas - VLEX 853310861

Indulto a violentistas: gravísima señal

TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
Nº 1478 - 1
18 de diciembre de 2020
ISSN 0717-1528
1
INDULTO A VIOLENTISTAS: GRAVÍSIMA SEÑAL
Los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Alejandro
Navarro y Yasna Provoste presentaron un proyecto de ley que concede un indulto
de carácter general a las personas que cometieron delitos en las manifestaciones
ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019, pero otorgando el beneficio a quienes
hayan sido imputados o condenados por estos delitos entre el 7 de octubre de 2019
y el 9 de diciembre de este año. Ello ha conmocionado a la opinión pública, por
cuanto, más allá del objetivo declarado por sus autores, importa un
desconocimiento de las normas más básicas que rigen al Estado de Derecho y la vida
pacífica en democracia.
Además, el proyecto supone desconocer la independencia del Poder Judicial y la
autonomía del Ministerio Público, avocándose a causas pendientes e implicando,
sin prueba alguna, un actuar políticamente motivado de parte de instituciones que
tienen un deber legal de imparcialidad y objetividad.
Por otra parte, otorga el beneficio a personas condenadas o imputadas por algunos
de los delitos más graves contemplados en el Código Penal (en adelante, “CP”),
muchas de las cuales son reincidentes. Ello constituye, además, una infracción a la
igualdad ante la ley, por cuanto la iniciativa concede el beneficio a quienes han
cometido estos delitos, por razones políticas, pero se le niega al resto de la
población carcelaria. Si lo que se pretende es mejorar las condiciones carcelarias,
debe promoverse una política pública en ese sentido y no conceder un beneficio
El proyecto de ley de indulto general importa una señal gravísima a la ciudadanía, a la par
de una demostración de indiferencia a la suerte de las víctimas de los delitos a los que se
refiere la iniciativa.
Arremete, además, contra el principio de separación de poderes, tanto por sus
presupuestos lógicos como por sus consecuencias.
Supone la concesión de un beneficio arbitrario en favor de un grupo de presos y no se hace
cargo de los problemas del sistema carcelario que dice atender.

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