Informe Valech: daño a la fe pública
LIBERTAD Y DESARROLLO
TEMAS PÚBLICOS
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Nº 1321 - 2
22 de septiembre de 2017
ISSN 0717-1528
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INFORME VALECH: DAÑO A LA FE PÚBLICA
En el marco de las actividades organizadas por el Gobierno para recordar el 11 de
septiembre, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que le pondría discusión
inmediata al proyecto de ley que busca permitir a los Tribunales de Justicia acceder a
los documentos, testimonios y antecedentes aportados ante la Comisión Nacional
sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech. Ello, pese a que
dichos testimonios fueron entregados bajo la premisa que serían reservados, con el
objeto de proteger a las víctimas.
El proyecto presentado por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, e impulsado por
el Gobierno, rompe con uno de los elementos esenciales que tuvieron las víctimas al
momento de dar sus testimonios, cual es la reserva de la información y la titularidad
exclusiva de éstas para disponer libremente de sus declaraciones y , si lo estimaban
pertinente, darlos a conocer públicamente o en tribunales.
COMISIÓN VALECH
Durante el año 2003, el gobierno de Ricardo Lagos, mediante el Decreto Supremo
N°1040 creó la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el
esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en
Chile”, la cual estuvo integrada por Monseñor Sergio Valech Aldunate, Miguel Luis
Amunátegui, Luciano Foullioux, José Antonio Gómez, Elizabeth Lira, María Luisa
Sepúlveda, Lucas Sierra y Álvaro Varela.
La Presidenta anunció que le pondría discusión inmediata al proyecto de ley que busca
permitir a los Tribunales de Justicia acceder a los documentos, testimonios y antecedentes
aportados ante la Comisión Valech, pese a que dichos testimonios fueron entregados bajo la
premisa que serían reservados con el objeto de proteger a las víctimas.
Más allá de los argumentos jurídicos, la aprobación de la moción parlamentaria implicaría un
quebrantamiento del compromiso asumido por el Estado frente a esas víctimas, en cuanto a
que sus testimonios se mantendrían en completa reserva salvo que ellos dispusiesen lo
contrario.
Así, el valor de los compromisos asumidos por el Gobierno, aun cuando hubiesen sido
contraídos mediante una ley, pasarían a ser de valor relativo.
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