Introducción
| Autor | Jorge Avilés B. |
| Cargo | Abogado de la Universidad de los Andes. Investigador del Programa Legislativo de LyD. |
| Páginas | 6-7 |
Serie Informe Legislativa 44
anto la historia chilena como la experiencia
internacional han demostrado la importancia que
tiene el sistema económico en el desempeño de
un país: a mayor libertad económica y apertura
comercial -que deriva en mayores grados de competencia-
los niveles relativos de desarrollo son más altos. En
efecto, cuando el mercado funciona en condiciones de
competencia, el productor ofrece una variedad de bienes
o servicios al menor costo pudiendo el consumidor, por
tanto, satisfacer sus necesidades a precios más baratos. El
resultado de este sistema de mercado es la maximización
del bienestar social.
Sin embargo, en ocasiones hay empresas que ostentan poder
de mercado lo que les permite alterar las condiciones que
operan en este en su propio benecio, con el consecuente
perjuicio para sus competidores y consumidores, que
se traduce en que los mercados no cumplen con las
condiciones deseables de competencia. Es esta la razón
de la existencia de las leyes antimonopolios y la política de
competencia, puesto que intentan prevenir que las empresas
creen, aumenten o mantengan poder de mercado y abusen
de este. En particular, buscan posibilitar que los benecios
del intercambio en una economía de mercado, basada en
la libre y sana competencia, produzcan el mayor bienestar
general de los ciudadanos, y evita que agentes con poder
de mercado, individual o conjunto, perjudiquen dicho interés
público atentando contra la libertad económica de terceros.
Resulta, pues, evidente que la economía de mercado requiere
esencialmente de la existencia de competencia, la que resulta
indispensable para orientar el sistema productivo a entregar
la mejor calidad y precio en la búsqueda de las preferencias
de los consumidores. La existencia de acuerdos de precio
u otras prácticas anticompetitivas son un atentado a la
T
1. INTRODUCCIÓN
6
competencia y conllevan un daño para la comunidad; de ahí
que ellos deben ser investigados y sancionados2.
Tal como lo señala el mensaje de la ley recientemente
aprobada3, a más de 57 años de publicada la primera ley de
defensa de la libre competencia, nuestro país ha obtenido
importantes avances en la materia y hoy cuenta con una
institucionalidad robusta, prueba de lo cual es el hecho que
actos ilícitos, como los que hemos visto, son efectivamente
detectados.
La existencia de un Tribunal de la Libre Competencia y de
una Fiscalía con amplias facultades constituye un marco
institucional apropiado, y su funcionamiento ha probado ser
adecuado para la detección de los últimos casos conocidos
por la opinión pública. Pero para llegar a esta madurez
institucional se debió recorrer un largo camino.
La ley N° 13.305 de 1959, cimentada sobre los trabajos
realizados por la misión Klein-Saks, constituye la primera
implementación de normas antimonopolios en Chile4. Este
cuerpo normativo establecía en su Título V la prohibición
de ciertas prácticas prohibidas por atentar contra la libre
competencia y se crean, a su vez, las Comisiones Antimo-
nopolios para efectos de velar por el cumplimiento de di-
cha normativa.
Posteriormente, el año 1973 se dicta el DL N° 211, cuerpo
normativo que si bien ha sido sometido a diversas
modicaciones, se mantiene vigente hasta el da de hoy.
Los organismos que formaban parte del sistema instaurado
por esta ley eran las Comisiones Preventivas Regionales,
Comisión Preventiva Central, la Comisión Resolutiva
y la Fiscalía Nacional Económica. En esos años ya se
consideraba la posibilidad de sancionar penalmente al que
Tema Público Nº 1.231 -1, Libre Competencia y Colusión, 2015, Libertad y
Desarrollo.
2
Mensaje N° 9950-03, que Modica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004,
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, que
Fija normas para la defensa de la libre competencia.
3
Bernedo, Patricio, Historia de la Libre Competencia en Chile 1959 – 2010,
Fiscalía Nacional Económica, 2013
4
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