Metodología
| Autor | Guillermo Irarrázaval Z. |
| Cargo | Ingeniero Comercial con mención en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde mayo de 2018 se desempeña como investigador del Programa Social de LyD |
| Páginas | 8-11 |
Serie Informe Social 175 8
ste estudio mide el impacto de agregar las
prestaciones no monetarias en salud y educación
dadas por el Estado, después del ingreso total, en
la desigualdad medida a través del coeciente de
Gini y los índices 10/10, 10/40 y 20/20 para los años 2015
y 2017. El índice 10/10 es la razón entre la masa monetaria
que pertenece al 10% de la población de mayores ingresos y
la que concierne al 10% de la población de menores ingresos.
Análogamente, los índice 10/40 y 20/20 corresponden a la
razón entre la masa monetaria del 10 (20)% de mayores
ingresos y la del 40 (20)% de menores ingresos.
La metodología utilizada es la empleada por el Ministerio
de Desarrollo Social (MDS 2010 y MIDEPLAN 2007), a par-
tir de las encuestas de Caracterización Socioeconómica
Nacional (CASEN), actualizando el análisis para los años
2015 y 2017, e incorporando los resultados obtenidos en
un trabajo anterior de Libertad y Desarrollo (Henoch, 2015).
La información es obtenida de las encuestas CASEN, el
presupuesto destinado a los programas sociales informa-
do por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministe-
rio de Hacienda y una serie de bases de datos e informa-
ción de los establecimientos educativos obtenidos desde
el Ministerio de Educación (MINEDUC).
En términos generales, el método empleado para asignar
benecios consiste en identicar en la CASEN a los bene-
ciarios de cada prestación, ya sea mediante las mismas
respuestas contenidas en la encuesta, o bien aproximán-
dose a través de la base de datos resultante de la unión
de la CASEN con la de los aportes mediante los cuales se
nancian los establecimientos educacionales (Subvención
Escolar Preferencial y Aporte por Gratuidad para estable-
cimientos escolares7, y nanciamiento para la gratuidad
en la educación superior), que es obtenida del MINEDUC.
Una vez identicadas las personas favorecidas por cada
prestación, se reparte el monto total del presupuesto del
programa respectivo informado por la Dipres entre éstas
en forma proporcional.
E
2. METODOLOGÍA
Este estudio, a diferencia de otros que valorizan e incorpo-
ran la política social (Bravo et al. (1999) y Larrañaga et al.
(2014)), no considera la política de vivienda del Estado para
hacer las estimaciones, ya que el Ministerio de Desarrollo
Social no establece un procedimiento para hacerlo, ade-
más de falta de información, ya que las preguntas sobre
subsidio habitacional cambian en las encuestas CASEN de
cada año.
No obstante, el valor de la vivienda sí se considera de cier-
ta manera, pues además de los subsidios monetarios y
transferencias no monetarias del Estado, se incorpora a
los ingresos autónomos el llamado alquiler imputado. Éste
corresponde al arriendo que se pagaría en el mercado por
una vivienda similar ocupada. La lógica de agregar el alqui-
ler imputado al ingreso de los hogares es que éste repre-
senta el valor de un bien que la familia igualmente debiese
costear en caso de no ser dueño de su vivienda. Asimismo,
para las familias beneciarias de un subsidio habitacional
que haya otorgado una vivienda, la prestación está refleja-
da en el alquiler imputado. Con todo, hay que tener presen-
te que este “costo de oportunidad” de la vivienda está bas-
tante restringido, ya que un aumento en el precio asignado
no signica necesariamente una vivienda de mejor calidad.
Por ejemplo, si el costo del terreno se incrementa, la familia
tendrá un alquiler imputado mayor, pero no porque esté en
una mejor vivienda, sino por razones de mercado.
Una vez calculadas todas las fuentes de ingresos, se cal-
culan los indicadores de desigualdad para las distintas de-
niciones de estos, partiendo por el ingreso autónomo, es
decir, el autogenerado por las familias, y agregando luego
los subsidios monetarios que entrega el Estado (lo que se
denomina como ingreso monetario), el alquiler imputado
(que da origen al ingreso total) y por último, las transfe-
rencias no monetarias implícitas en las prestaciones del
Estado en los ámbitos de salud y educación. La estimación
se realiza a nivel individual, para agregar luego el total fami-
liar y a partir de ahí obtener un monto per cápita promedio
Vigente a partir del año 2016.
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