Corte Suprema, 23 de julio de 1998. Municipalidad de Valparaíso (casación en el fondo - reclamo de ilegalidad)
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En este cuatrimestre son de interés los reclamos de ilegalidad municipal planteados en Ernst and Young (Chile) con Municipalidad de Santiago/ Alcalde y Director de Rentas y Finanzas (Corte de Apelaciones de Santiago, 24.9.1997, rol 7361-95, que rechaza el recurso, y Corte Suprema, 15.7.1998, rol 3523-97 que desecha la casación deducida), asunto concerniente a patente comercial (y no profesional) que según la Municipalidad recurrida debía pagar la Sociedad profesional afectada; el tribunal del fondo establece que el art. 32 del DL 3.063, de 1979, preve una patente única anual para las personas que ejerzan profesiones liberales o cualquiera profesión u ocupación lucrativa, de acuerdo a la definición del art. 42 Nº 2 del DL Nº 825, de 1974, lo que significa que esta norma de excepción se refiere a personas naturales a quienes se haya otorgado el título o habilitación correspondiente, las únicas, además, que pueden ejercer ocupaciones lucrativas, según la definición que de éstas da el citado DL Nº 825, de 1974. Siendo una sociedad de profesionales, la reclamante, que además realiza actividades técnicoeducacionales, debe pagar patente comercial conforme a las normas ordinarias de los arts. 23 y siguientes de la ley de rentas municipales. La Corte Suprema rechaza la casación interpuesta, ya que de acuerdo a los hechos establecidos en la instancia, no hay vulneración de normas; la recurrente pretendía atacar los hechos establecidos, los que son inamovibles en casación, recurso que es de derecho estricto, a menos que se plantee la violación de las normas reguladoras de la prueba, lo que no ocurría en el caso.
En Vargas Borcosky con Alcalde de La Serena (Corte de Apelaciones de La Serena, 18.8.1995, rol 19314, acoge reclamo, y Corte Suprema, 15.7.1998, rol 32728-95, rechaza casación de Municipalidad recurrida), caso de relevante interés, se presenta el reclamo de ilegalidad en contra de sendos decretos alcaldicios referentes al nombramiento de Juez de Policía Local de La Serena, que el primero nombraba a la segunda persona de la terna elaborada por la Corte respectiva, y sin haberse requerido la intervención del Consejo Municipal, y el segundo de los decretos impugnados convalidaba el primero con la ratificación del citado Consejo del decreto anterior. El tribunal de la instancia acoge la reclamación por cuanto en dicha designación se han violado los arts. 69 inc. final de la Ley Nº 18.695 y 4º de la Ley Nº 15.231, puesto que dicho inciso final ha...
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