Prólogo a la primera edición
| Autor | Luis Rodríguez Collao - María Magdalena Ossandón Widow |
| Páginas | 11-12 |
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PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN
El interés que ha suscitado el fenómeno de la corrupción política, administrativa y judicial durante las últimas décadas ha motivado un conjunto muy vasto de estudios doctrinales en el campo jurídico y, con mayor profusión aún, en el área de las ciencias sociales. Paralelamente, se han adoptado varios instrumentos internacionales referidos al tema; ha tenido lugar un importante proceso de reforma de aquellos sectores del ordenamiento penal más estrechamente vinculados con él y las legislaciones han implementado un conjunto de mecanismos administrativos destinados a prevenir y reprimir la corrupción.
Entre los diversos aspectos que acabamos de reseñar, esta obra se circunscribe a la forma en que el Derecho Penal enfrenta el fenómeno de la corrupción. Es cierto que ella contiene abundante información sobre los resultados de la investigación realizada en otros ámbitos científicos, particularmente en el área de las ciencias políticas, sociales y económicas. Ello obedece no sólo a nuestra convicción acerca de que el trabajo dogmático debe tomar como base esta clase de conocimiento, sino también a la necesidad de imprimir un sesgo crítico a nuestros planteamientos.
La corrupción, sin embargo, no es una categoría utilizable dentro del sistema de la Parte Especial del Derecho Penal, pues si aceptamos que la estructuración dogmática de este sector del ordenamiento ha de ser efectuada en torno a la noción de bien jurídico, resulta que aquélla no admite ser reconducida a este último concepto, ni se identifica totalmente con ninguno de los intereses que podrían llegar a asumir tal condición. Con todo, nos asiste el convencimiento de que en el Código Penal chileno hay un grupo de delitos que obedece a la idea de incorrecto desempeño de las funciones estatales, constituido por tipos ubicados básicamente en los Títulos IV y V del Libro II de
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DELITOS CONTRA LA FUNCIÓN PÚBLICA
dicho texto normativo. No todas las conductas susceptibles de ser calificadas como actos de corrupción constituyen atentados contra la función pública, como tampoco cabe calificar de corruptas a todas las acciones que afectan el ejercicio de un cometido estatal. Sin embargo, es tal la frecuencia en que los dos planos coinciden, que nos ha parecido insoslayable establecer un vínculo entre ambos, en el sentido recién indicado.
Por otra parte, pensamos que los delitos que atentan contra la Administración Pública y aquellos...
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