Reformas al sistema de Evaluación Ambiental: necesarias pero no suficientes
LIBERTAD Y DESARROLLO
TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
Nº 1363 - 1
10 de agosto de 2018
ISSN 0717-1528
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REFORMAS AL SISTEMA DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL: NECESARIAS PERO NO SUFICIENTES
En la actualidad, todo proyecto o actividad susceptible de causar impacto en el
medio ambiente debe ingresar al SEIAi, ya sea mediante una Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)ii.
La dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) respectiva
administra el proceso, salvo para proyectos inter-regionales, en los que la
calificación ambiental la hace la Dirección Nacional del SEA, directamente. En él,
participan diversos servicios sectoriales que pueden revisar y realizar
observaciones. Esta instancia es de carácter técnico y culmina con el Informe
Consolidado de la Evaluación Ambiental (ICE), en el cual el SEA regional
recomienda aprobar o rechazar el EIA o DIA.
El informe ICE sirve de base para que la Comisión de Evaluación Regional entregue
su aprobación o rechazo al proyecto, a través de una Resolución de Calificación
Ambiental (RCA). Esta comisión es presidida por el Intendente Regional e integrada
por 10 Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMI)iii y el Director Regional del
SEA, quien actúa como secretario. La Comisión de Evaluación Regional puede
calificar proyectos con independencia de lo recomendado por el SEA en el ICE.
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es de vital importancia para el
desarrollo sustentable del país. Cada proyecto aprobado representa una opción de
crecimiento, progreso y creación de empleos, resguardando al medioambiente.
La reforma al SEIA que presentó la semana pasada el Gobierno del Presidente Piñera
propone la creación de macrozonas y la eliminación del Comité de Ministros; participación
ciudadana anticipada; y ampliación del recurso de reclamación ante tribunales
ambientales, el que sería directo, sin pasar por otras instancias de reclamación.
Las modificaciones propuestas son un primer paso positivo, pero aún insuficiente. Es de
esperar que el Congreso aproveche la oportunidad para agregar otros aspectos que
contribuyan a mejorar la gestión en el proceso de evaluación y fiscalización del impacto
ambiental de los proyectos.
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